Un hecho si es incuestionable, el sector minero ha sido una actividad a la cual el estado no ha dado mayor importancia en los últimos años, por lo cual se han generado una serie de arbitrariedades de parte de los empresarios mineros que han provocado perjuicio al Estado, a las comunidades directamente afectadas y a la economía Nacional, razón por la cual la Asamblea Constituyente le dio un tratamiento especial, declarando un Mandato en esta materia. Sin embargo, la escasez próxima de los yacimientos petroleros, ha situado al sector minero como la nueva opción de desarrollo en el país, en este marco se han suscitado algunos eventos de carácter político, sociales, legales y económicos que vale la pena analizar para tener una idea fundamentada de lo que significaría para el Ecuador una actividad bajo las circunstancias actuales promocionadas por el actual gobierno. 

¿En dónde queda el derecho a la rebeldía, a la resistencia?… ¿En donde queda el derecho a vivir nuestras alternativas sin que nos bloqueen?…

Estas reflexiones y preguntas nos llevan a pensar en una propuesta que consiste en elaborar una declaración de DERECHOS HUMANOS desde los pueblos pobres, desde los invisibilizados, desde los excluidos. En realidad, nuevos derechos se proclaman desde distintos rincones del planeta: derechos de los pueblos pobres, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, derechos de los negros, derechos de los incapacitados, derechos de los jóvenes, derechos de los niños, derechos de nuestro mundo, del medio ambiente… Lo que cuenta es seguir abriendo espacios en los cuales confluyan todas las voces, y desde los cuales se pueda proclamar una declaración que reúna las aspiraciones comunes.

Los antecedentes son conocidos. Aprovechando facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo se despachó con una centena de decretos de diverso corte y que por cierto van mucho más allá del objetivo de la delegación recibida, que era adecuar ciertas normas nacionales para poder implementar mejor el Tratado de Libre Comercio, suscrito por el Perú con los Estados Unidos. Entre ellos, por ejemplo, hay uno que exime de juicio a los policías que maten o hieran civiles “en cumplimiento de sus funciones” y que permite la detención de personas sin mandato judicial. Y hay varios que la enfilan contra los pueblos indígenas, que a lo largo de años han conseguido que se les reconozcan una serie de derechos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Los medios de comunicación nacionales que son llevados con frecuencia a visitar la FOL aceptan sin chistar los datos que les proporcionan los militares estadounidenses. A ningún reportero se le ocurrió preguntar dónde estaba la droga decomisada o dónde estaban los juicios y personas detenidas por estos operativos. Ahora resulta que toda la infraestructura militar estadounidense de tres FOL de América Latina, y la acción combinada de 11 países logró la captura de las 1756 toneladas de cocaína de la que habla la embajada estadounidense; esto quiere decir que sólo se tiene un grado de efectividad de alrededor de 15 toneladas de cocaína capturadas por año en cada país participante; esta es una efectividad nula, incluso ridícula, si se considera el número de misiones aéreas, el personal destinado y las inversiones realizadas. Si son tan poco eficientes en el control del tráfico de drogas, cabe la pregunta ¿qué más hicieron en Manta?

Sobre territorio ecuatoriano convergen grandes intereses respecto a la explotación de recursos no renovables, en especial el petróleo y la minería. De hecho, el petróleo se ha convertido en la fuente principal de recursos para financiar el presupuesto general del Estado. Sin embargo los yacimientos de petróleo empiezan a escasear y urge la necesidad de mirar otras actividades que permitan continuar financiando las arcas del Estado para satisfacer las necesidades de la burocracia, la demanda de servicios básicos, la efectivización de los derechos humanos y el cumplimiento de los créditos otorgados por organismos internacionales y la banca mundial. Esta mirada recae en el ámbito de la explotación minera a gran escala, con la que se pretende remplazar la actividad hidrocarburífera, de ahí que se la presente como la nueva posibilidad de desarrollo del país.

Como todos sabemos, a inicios del mes de marzo de 2007, los fondos de inversiones en hipotecas subprime de Bearn Stearn colapsaron y dieron origen a una de las crisis financieras y económicas más profundas de las últimas décadas. Este hecho sucedido en la economía mundial y me parece pertinente para problematizar la globalización, el desarrollo y la interculturalidad mencionar este hecho.

En efecto, la crisis mundial originada en los países más ricos, que forman parte del llamado G7, ha implicado la intervención del Estado para evitar el colapso de los mercados financieros globales. En lo que va en estos dos años y medio, desde el estallido de la crisis, los países del G7 han destinado cerca de 5 billones de dólares a los mercados financieros y han reconocido la necesidad de establecer mejores mecanismos de regulación y control financiero.

Nos encontramos frente a la realidad de que el río, desde sus orígenes, estaba contaminado por la letal mezcla de  químicos empleados para extraer el metal dorado; no obstante, esto no fue lo más desconcertante, pues las acciones de algunos de los presentes llamó nuestra atención. Ciertas personas, como aquellas encargadas de la Coordinación de Protección, que olvidándose del cumplimiento de su función y al escuchar el grito “¡oro, hay oro aquí…!”, formaron una bandada cual aves rapaces frente a la carroña y se precipitaron hasta el lugar donde se encontraba un montículo de rocas cuya estructura denotaba un brillo dorado, por un instante no sabíamos qué brillaba más, si la efímera escarcha dorada de las rocas o el brillo de la codicia reflejada en sus ojos.

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