Coalición EPU

08/05/2017

Implicaciones de la implementación de las recomendaciones realizadas al Estado ecuatoriano en el marco del Examen Periódico Universal

 

 

La Comisión Ecuménica e Derechos Humanos, CEDHU; la Fundación Regional para la Asesoría en Derechos Humanos INREDH, Acción Ecológica, Fian-Ecuador; el Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES; el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, CDH-PUCE; el Comité Permanente de Derechos Humanos del Guayas, CDHG y la Fundación Terra Mater, formamos una coalición de organizaciones de la sociedad civil que participamos activamente en el proceso del 1er Examen Periódico Universal (EPU), emitiendo nuestras contribuciones alternativas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en reuniones con diferentes embajadas y consulados y en la precesión del 6 de abril en Ginebra, por lo que seguimos de cerca y con expectativa este tercer ciclo de evaluación.

El 1 de mayo tuvo lugar la sesión del EPU al Estado ecuatoriano, donde fue evaluado por 47 estados parte de Naciones Unidas. En esta oportunidad queremos destacar algunas de las recomendaciones entregadas a Ecuador, relacionadas a los temas tratados en los informes enviado, que a continuación comentamos:

Recomendaciones respecto de la violencia de género:

El Estado ecuatoriano recibió 31 recomendaciones dirigidas a tomar medidas para la disminución de la violencia de género, esto incluye las agresiones y tortura a personas pertenecientes a grupos GLBTI y a mujeres. Así mismo erradicar la discriminación de estos grupos tanto en los aspectos laboral y educativo protección  de la victimas, en partículas a niños y niñas que sufren violencia física y sexual en centros educativos. Respecto del femicidio se recomienda promover una investigación diligente y eficiente de los casos y la sanción para los responsables. Los derechos sexuales y reproductivos, formaron parte de las preocupaciones de los estados parte, quienes sugirieron el acceso a anticonceptivos, políticas frente embarazo adolecente y la despenalización del aborto en casos de violación y de malformación fetal y la no criminalización a las mujeres que han abortado. Estas recomendaciones implican la revisión de la normativa, políticas publicas, protocolos de tratamiento, a fin de comprobar su eficacia y hacer las correcciones necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas pertenecientes a grupos GLBTI.

Respecto a derechos de grupos de atención prioritaria

Durante el segundo ciclo, el estado ecuatoriano recibió catorce recomendaciones en las que se exhorta a la protección de los derechos humanos de grupos de atención prioritaria, como son adultos mayores y niñas, niños y adolecentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Contrario a las obligaciones del estado se sigue evidenciando que el estado no garantizó integralmente los derechos de los grupos de atención prioritaria particularmente sobre adultos mayores, y falta de actuación frente a la violencia de la niñez adolescencia, sobre lo cual el Ecuador ha recibido en este tercer ciclo recomendaciones que permita la protección de estos derechos.

Respecto a la situación de defensores de derechos humanos y casos de graves violaciones

Como ligas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Fundación Inredh y CEDHU presentamos informes alternativos para el tercer ciclo del EPU en donde denunciamos el tratamiento actual de los casos de graves violaciones de derechos humanos en el Ecuador, el retardo injustificado en la judicialización de los mismo, la falta de especialización de los agentes investigadores así como falencias en los procesos de reparación a las victimas. Contrario a lo indicado por el Estado ecuatoriano durante el Examen reportamos que el 96% de los casos que se encuentran en la Comisión de la Verdad carecen de sentencia y permanecen aún en fase de investigación previa>; igualmente, la “Ley de Victimas” resaltada durante el examen, es severamente cuestionada por las mismas victimas de los casos, quienes incluso acudieron a la CIDH el año 2014 para denunciar la lentitud de los procesos.

Igualmente expresamos ante el Consejo de Derechos Humanos nuestra preocupación sobre la falta de protección a defensoras y defensores de derechos humamos a nivel nacional, denunciando expresamente la falta de un sistema de protección especifico para los defensores que sufren distintos tipos de acoso, hostigamiento, agresiones, criminalización (reportamos al menos 106 casos de defensores criminalizados a diferencia del criterio de la Ministra de Justicia) y en algunos casos inclusive, muertes. Estos temas ameritaron recomendaciones de al menos 20 países para la protección de defensores de derechos humanos y al menos 7 países expresaron su preocupación sobre casos de graves violaciones de derechos humanos, recomendaciones que, como organizaciones de derechos humanos , esperamos sean tomadas en cuenta por el gobierno entrante dentro de su futuro plan de trabajo. 

Respecto de libertad de reunión pacifica y libertad de asociación

En cuanto al derecho de a a la libertad de reunión pacifica y a la libertad de asociación, y a un ambiente propicio para la labora de las organizaciones de la sociedad civil, durante el Examen Periódico Universal, Ecuador recibió 22 recomendaciones de 16 países. Estas recomendaciones señalan principalmente que el Estado debe respetar plenamente estas libertades revisando la normativa que regula el funcionamiento de la sociedad civil. En varias de ellas se mencionan concretamente los Decretos 739 y 16. Llama la atención sin embargo que el Estado manifestó apoyar varias de estas recomendaciones (9.11 a 9.15) ya que las normas referidas estarían acordes con los estándares internacionales. Entre los informes presentados por las organizaciones de derechos humanos y defensoras de la naturaleza, precisamente se hacía hincapié al carácter, de decretos, contrario a la normativa internacional y los derechos constitucionales.

Respecto de la situación de pueblos indígenas

Para el tercer ciclo del EPU- Ecuador, organizaciones del movimiento indígena y de la sociedad civil consolidamos recomendaciones orientadas a fortalecer la situación actual de los pueblos indígenas, las cuales se relacionan al impacto que generan las actividades extractivas petroleras y mineras sobre territorios indígenas y como estas inciden en el ejercicio de derechos fundamentales, tales como: el derecho a la libertad de asociación y reunión pacifica; la violación del derecho a la resistencia expresado en la criminalización de la protesta social de lideres indígenas; el derecho a la consulta previa, libre e informada y, el derecho a la vida y protección de los pueblos en aislamiento.

En este contexto, los resultados del Examen Periódico Universal arrojaron 14 recomendaciones aceptadas por el Estado que incluye estas problemáticas y que esperamos sean reflejadas en decisiones gubernamentales que articulen la participación activa de organizaciones sociales en los procesos de toma de decisiones. Asimismo lamentamos que el Estado no haya aceptado las recomendaciones 9.11, 9.12, 9,13, 9.15, 9.19 y solicitamos al gobierno entrante reconsiderar esta decisión, puesto que dichas recomendaciones son fundamentales para fortalecer la libertad de asociación y reunión pacifica, así como la garantía de derechos colectivos de pueblos indígenas referentes a los procesos de consulta previa , libre e informada y derechos territoriales. 

Respecto al derecho a la alimentación

En Ecuador durante los periodos 2012- 2016 el contexto del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada se vio afectado debido a la implementación de políticas publicas ligadas al extractivismo como pilar en la construcción de un modelo de desarrollo económico, también por falta de políticas adecuadas y efectivas en cuanto a la redistribución de tierras, que pone en peligro no solo el derecho a la alimentación sino también el derecho a la vivienda, agua, soberanía alimentaria de la población rural, entre otros. Frente a estas situaciones, que afectan el ejercicio del derecho a la alimentación, FIAN Ecuador presentó una contribución escrita y participó de las pre- sesiones en el mes de abril ante las misiones diplomáticas de los países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, y como resultados obtuvo que países como Bolivia, Malasia, Palestina y Namibia recomienden al Estado ecuatoriano promover políticas y programas en materia de derechos humanos para comunidades  campesinas e indígenas con el fin de  garantizar el derecho humano a la alimentación.

Respecto a desalojos forzados:

Las recomendaciones del EPU a Ecuador para prevenir desalojos forzosos en zonas urbanas registrados desde 2013 a 2016 se encuentran contenidas en diversos enunciados para la protección derechos económicos y sociales y culturales consagrados en el PIDESC y sus observaciones generales. Diversos países exhortan a montubios que garantice la seguridad de tenencia y la no discriminación. 

Las recomendaciones citadas fueron obtenidas de informe preliminar del grupo de trabajo o “troika” conformada por Bolivia, Corea del Norte y Costa de Marfil, publicada el pasado 5 de mayo. El informe final será presentado el 19 de mayo del 2017 y será entregado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Desde entonces hasta el mes de septiembre de este año tendrá lugar un proceso de valoración de las recomendaciones por parte de las Nacionales Unidas y el Estado, y donde la sociedad civil tiene voz. Solo hasta esa fecha sabremos por parte de Naciones Unidas y el Estado, y donde la sociedad civil tiene voz. Solo hasta esa fecha sabremos con exactitud las recomendaciones que Ecuador acepte y su compromiso de cumplirlas hasta el próximo ciclo que será 2022.