Comunicación INREDH

09/01/2017

Procesado de los 7 de Paztaza recibió sentencia con irregularidades

 

 

Elvis Guamán fue sentenciado por el presunto delito de Ataque y Resistencia. El joven de 20 años fue detenido durante las manifestaciones suscitadas en el Puyo, el pasado 13 de agosto del 2016. Este caso, al igual que otros juicios de criminalización, obedece a una lógica de represión contra los dirigentes sociales y las personas partícipes de los levantamientos indígenas. Gabriela Erazo, abogada defensora del caso expone las inconsistencias del caso:

 

i)               Advierte que la decisión final que tomó la Sala carece de elementos para demostrar la infracción del sujeto, circunstancias que pueden configurar la antijuricidad del hecho. Es decir que el sujeto sea juzgado por actos no cometidos, o que sea juzgado por una mala interpretación de la ley.

 

ii)               Existe una errónea interpretación del artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal, por cuanto la sala hace un breve análisis de lo que se puede considerar como criminalización de la protesta social, sin analizar que la criminalización tiene un trasfondo simbólico, pues recuerda implícitamente a las personas que ejercen resistencia contra las políticas de Estado tratando de expresar su pensamiento mediante actos como marchas pacíficas, con el objetivo de desincentivar este tipo de expresiones sociales enmarcándolas en la ilegalidad, como en el presente caso. En cuanto a la responsabilidad de la infracción, la Sala realizó un resumido análisis y no evidenció la existencia de elemento probatorio alguno que lo involucre en el delito en mención

 

iii)             Existe flagrante violación de los siguientes artículos: Artículos 98 y 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 455 y 622 del Código Orgánico Integral Penal, es por ello que la sentencia viola el deber de todo Juez independiente, ya que su fallo es motivado o inducido, porque no existe prueba que responsabilice a Elvis por las destrucciones de los bienes públicos ocurridos el 13 de agosto.

 

En este nuevo acto de criminalización de la protesta social, en el caso de Elvis Guamán, se han violado derechos constitucionales que nos hacen constatar la dependencia del sistema judicial y su sistemático uso para perseguir a activistas, lideresas y líderes sociales, en total apego a las directrices del poder político actual.