El derecho a la salud de las mujeres privadas de la libertad

 

Autora: Beatriz Villarreal
Coordinadora Social  INREDH

 

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En los  Centros de Rehabilitación Social la negligencia persiste al momento de tomar medidas  efectivas para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, las condiciones de hacinamiento, mala alimentación, respuestas básicas y elementales y no de especialidad en los servicios médicos son las realidades que  agravan  la condición de  salud física, emocional y mental de las personas privadas de la libertad PPL.


En las cárceles del Ecuador cuando se presenta el requerimiento de atención médica urgente por alguna gravedad se dificultan los trámites y acciones administrativas y de custodia para trasladar a una persona a un hospital, lo que demuestra que existe una prioridad a la política de seguridad  que a la política del derecho a la salud; por ejemplo las salidas a las audiencias judiciales se sobreponen a los turnos o emergencias médicas que finalmente son costeadas por las mismas personas, caso  contrario las consultas médicas no  se dan. Los  testimonios de mujeres que han adolecido de alguna enfermedad, demuestran la tragedia de la realidad carcelaria respecto al derecho a la salud.

El derecho a la salud roto


Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a esta realidad  y  tomando en consideración  que la Salud en un derecho humano  que  significa:


“El disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal” El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas


María Lorena Caicedo mujer de nacionalidad colombiana de 41 años de edad,  privada de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito, es una de las tantas PPL que no tiene atención médica adecuada y gratuita, acceso a medicamentos   y exámenes de especialidad que  necesita para el tratamiento   de su quebrantada salud. A María le detectaron miomatosis, a través de una ecografía pélvica, que le provoca hemorragias abundantes en los periodos mestruales y riesgos de anemia. De una ecografía en el abdomen superior se le detecta una hernia hiatal, para confirmar este diagnostico le recomendaron realizarse una endoscopía, examen que no se realizó por la falta de recurso. Además de eso otra dolencia en el pecho  hace que se realice otra ecografía en el seno izquierdo, detectándosele un quiste mamario que necesita tratamiento diferenciado.


La grave y crítica situación de salud de Lorena Caicedo, evidenció las falencias del sistema de rehabilitación en los requerimientos de salud.


Ante la negligencia en la atención médica e institucional, María Lorena Caicedo  en coordinación con la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos- INREDH interpusieron  una Acción de Protección por violación del derecho a la salud, en contra del Director Nacional de Rehabilitación Social, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, en representación del  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y  la Ministra de Salud.


El  Derecho a la Salud, consagrado en el art. 66 numeral 2 de la Constitución de la República; establecido de igual manera en el Art, 12  numeral 1 del Pacto Interamericano de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el numeral 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Art. 45 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos  adoptado en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente


Art. 88 .“ La Acción de Protección  tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos, reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse  cuando exista una vulneración a los derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial…”


La Dirección Nacional de Rehabilitación Social según lo que estipula el Art. 6 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social es la encargada de coordinar y ejecutar la política pública de rehabilitación de los Centros de Rehabilitación Social, por lo tanto  incurren en omisión al  igual que el Consejo   Nacional de Rehabilitación Social y el  Ministerio de Salud.


Esta  acción de protección fue aceptada, mediante sentencia del Juez Vigésimo Quinto de la Civil,  en dicha  sentencia se reconoce la falta de atención especializada a favor de la señora Lorena Caicedo de parte  del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito.


La resolución  de la acción de protección emitida  el 30 de julio del 2009, se dictamina que   “….El Estado tiene el deber de desarrollar  un plan que asegure  el cumplimiento de las obligaciones de los derechos mediante la elaboración de políticas claramente formuladas y cuidadosamente adaptadas a la situación, entre ellas, el establecimiento de prioridades que reflejen los derechos protegidos, como en este caso el de la salud….”la política pública corresponde al Ministerio de Justicia quien preside el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, el Ministerio de Salud y la Dirección de Rehabilitación Social, lograr la aprobación de la política Pública que tenga relación a la asistencia médica, cuidado y medicina con el carácter gratuito de las personas privadas de la libertad, en un período razonable de Ciento Ochenta Días”, disposición que se basa en el Art. 85 de la Constitución de la República .


Fue muy importante esta sentencia por cuanto se  estipuló una resolución amplia que resolvía  se extienda  esta disposición a todas las PPL que padezcan de algún tipo de enfermedad grave o degenerativa;  disponiendo  lo siguiente; “…la aprobación de la política pública que tenga relación a la asistencia médica, cuidado y medicinas con el carácter de gratuito de las personas privadas de la libertad”


Ante esta disposición los demandados plantean una apelación argumentando que la señora Lorena Caicedo si está siendo atendida. En respuesta a esta apelación   la Corte Provincial de Justicia de Pichincha  estipula que, si bien es cierto que  todas las personas gozamos por principio de igualdad el goce efectivo de todos los derechos establecidos en la Constitución  e Instrumentos Internacionales, es también cierto que el Estado debe poner principal énfasis en cierto grupo de personas que por su condición se les ha brindado lo que en doctrina se conoce como “acciones positivas”. Dentro de este grupo de personas que deben recibir trato especial atención, se encuentran las personas privadas de la libertad PPL, tal como se establece en los Arts. 35 y 51 de la Constitución Ecuatoriana, en la que “… el Estado como tal, tiene una posición de garante, pues este es el custodio y principal responsable de su rehabilitación y por mandato  constitucional de toda la política de educación, capacitación, cultura, recreación y salud tanto física como mental …….una persona privada de la libertad, no deja de ser persona por este hecho y por lo mismo sigue mereciendo el mismo derecho a su dignidad humana.”
 
Los servicios de atención de salud en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito

Un dato de mucha preocupación respecto al derecho a la salud de las mujeres  constituye el hecho de que en un Centro de Rehabilitación Social Femenino, por su especificidad y  en concordancia  razonable no cuente  con el servicio de un medico/a especialista en ginecología u obstetricia.  Por obvias razones  son los casos de mayor necesidad, consulta  y emergencias en la atención medico sanitaria. Situación que provoca serias dificultades inclusive a nivel emocional cuando no hay respuesta a los requerimientos en la  urgencia de  análisis y exámenes de especialidad en la salud sexual y reproductiva requerida.


El Ecuador siendo signatario de Convenios, tratados y declaraciones de Derechos Humanos y dentro de estos  de los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, aprobado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 131 período ordinario de sesiones celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. Bajo esta premisa se insta al Gobierno el cumplimiento de estos principios en todos los centros de  detención y en lo pertinente  al caso de las mujeres, establece: “…Las mujeres y las niñas privadas de libertad tendrán derecho de acceso a una atención médica especializada, que corresponda a sus características físicas y biológicas, y que responda adecuadamente a sus necesidades en materia de salud reproductiva. En particular, deberán contar con atención médica ginecológica y pediátrica, antes, durante y después del parto, el cual  no deberá realizarse dentro de los lugares de privación de libertad, sino en hospitales o establecimientos destinados para ello.….cuando se permita a las madres o padres privados de libertad conservar a sus hijos menores de edad al interior de los centros de privación de libertad, se deberán tomar las medidas necesarias para organizar guarderías infantiles, que cuenten con personal calificado, y con servicios educativos, pediátricos y de nutrición apropiados, a fin de garantizar el interés superior de la niñez”
  
De igual manera en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos  en lo pertinente a los Servicios médicos se  estipula : “….Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados…”. 


Haciendo referencia a la especificidad de los Centros Penitenciarios  Femeninos se establece que….” para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.

Monitoreo al cumplimiento de la Resolución de la Acción de Protección sobre el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad Lorena Caicedo, el Comité de Internas del Centro Femenino de Quito y la Fundación Regional Asesoría en Derechos Humanos- INREDH, vigilantes y dando seguimiento al cumplimiento a la resolución del  recurso de protección del derecho a la Salud insta a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social en lo referente a  la aprobación de políticas públicas de salud: la asistencia médica, cuidado y medicinas con el carácter de gratuito a las personas privadas de la libertad, dando un tiempo de Ciento Ochenta Días,  período razonable  para atender de manera directa el caso de  la señora Lorena Caicedo  y en términos generales los  demás casos que presenten similares problemáticas.


Desde el Comité de Internas del Centro Femenino, que es la instancia donde las mujeres acceden de manera directa, cercana  y  confianza para demandar orientación, asesorías, cuando se violan sus derechos continúan lamentablemente recibiendo  demandas  y quejas por  serios  problemas de salud, el caso de  la Señora Melvi  Rubi  Noa que padece de insuficiencia renal e hipertensión arterial y solo se le proporciona medicación para la segunda dolencia. La señora Yolanda Aguilar Ocampo  que padece de   Hepatitis C, no se le administra ninguna medicación para controlar su enfermedad y adicionalmente que la gestión para acudir a citas médicas a Centros de Salud  u Hospitales  continúa atravesando dificultades.


Se insta nuevamente a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social en donde el Director médico  plantea que se han dado acuerdos a nivel superior del Ministerio de Justicia y de Salud y  que hay trabas en  los mandos medios u operativos como es la Dirección Provincial de Salud o los Centros de Salud.


Respecto  la aprobación de política pública para el derecho a la salud de las PPL se notifica que se ha trabajado en un Convenio de Cooperación Interinstitucional mas no como política de salud, desde el Consejo Nacional de Rehabilitación  plantea  como política de rehabilitación social en donde se contempla lo educativo, cultural,  salud, laboral


La constatación lamentable en el  quehacer  cotidiano de los Centros de Rehabilitación Social es que el  derecho a la Salud de las PPL,  está lejos de cumplir con los preceptos establecidos en la Constitución así  como en los instrumentos internacionales

Es decir el Estado deberá garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de libertad. La Constitución en lo concerniente al derecho a la salud es clara y enfática al establecer en el Art 32. “…La salud es un derecho que garantiza el Estado cuya realización se  vincula  al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derechos al agua, la alimentación, la educación , la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. …” La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad  calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética con enfoque de género y generacional”

Siendo las personas privadas de la libertad uno de los sectores vulnerables  por su condición es imprescindible que el Estado  garantice este derecho mediante políticas públicas que permitan  el acceso permanente oportuno y sin exclusión a programas, acciones  y servicios de promoción y atención integral de salud, tan echada  de menos para este sector de la población.