Los escenarios de la Criminalización a Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza en Ecuador: Desafíos para un estado Constitucional de Derechos

13/12/2011

 

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En nuestro país se evidencian procesos de criminalización de las actividades realizadas por los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, principalmente, cuando éstas se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el Estado ecuatoriano. Uno de los hechos que evidencia esta criminalización es el reconocimiento de la Asamblea Constituyente a través de las Resoluciones de Amnistía que se dieron entre marzo y agosto de 2008.


Situación que ha continuado frente a las protestas en contra de leyes como: la ley de Recursos Hídricos, Ley de Hidrocarburos, Ley de Educación, Ley de Comunicación y la Ley de Minería, entre otras. Así como frente a propuestas de oposición al desarrollo de proyectos extractivos, principalmente mineros e hídricos.
La criminalización ha sido empleada como un mecanismo de control social para intimidar, neutralizar, inhibir y hostigar cualquier tipo de conducta que pueda poner en riesgo o que cuestione las expresiones de poder imperantes ya sea que estas provengan desde el Estado, así como desde otros actores particulares. Estas acciones de disuasión se van construyendo e implementado desde distintos ámbitos, el normativo, el discursivo, la judicialización de acciones contrapuestas al statu quo, la militarización y la acción policial. Estas recaen en contra de quienes de una u otra manera desafían al poder y proponen cambios en las
políticas estatales recurriendo a un sinnúmero de mecanismos, entre ellos la protesta.


La existencia de acciones concretas de criminalización y de actores específicos da lugar a que se configure una política de criminalización caracterizada por la intencionalidad del Estado, por el desarrollo de acciones de las diferentes funciones y organismos que lo conforman y por el por el carácter sistémico que poseen. El despliegue de estas acciones da como resultado la vulneración de derechos humanos en sus dos dimensiones, esto es, genera el incumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza; y por supuesto, la violación de las facultades y prerrogativas
personales de los titulares de estos derechos.