¡A seis años de la desaparición forzada de Francisco Cajigas, sus familiares exigen no más impunidad!
*Por Kaya Tituaña
Tras seis años de incertidumbre por la desaparición de Francisco Javier Cajigas Botina, ocurrida el 17 de noviembre de 2015 después de ser detenido por la Policía de Ibarra, y del hallazgo de su cuerpo 13 días después, la familia del joven colombiano de 33 años continúa exigiendo justicia y verdad ante la negligencia de las autoridades ecuatorianas en la investigación de los hechos.
Desaparición: La última vez que lo vieron con vida
La última vez que se conoció su paradero estaba en la puerta de su casa, en la ciudad de Ibarra, mientras era privado de libertad por personal policial tras, supuestamente, protagonizar un escándalo en la vía pública.
Los cinco policías involucrados en la detención lo llevaron a la Unidad de Flagrancia y, ahí, la Fiscal de Ibarra encargada mencionó que no ameritaba la detención de Francisco y por lo tanto que se lo podía dejar libre. Fueron los mismos policías los que preguntaron su dirección de domicilio, lo montaron a su vehículo y supuestamente lo dejaron afuera de la Discoteca Aqua. No obstante, la última vez que se lo vio vivo fue dentro del vehículo policial cuando los policías lo iban a dejar “a buen recaudo”.
Dos días después de lo acontecido y por pedido de la pareja de Francisco Cajigas, la Fiscalía de Ibarra abre una investigación por la desaparición forzada de Francisco Javier Botina Cajigas de 33 años de edad, debido a que, antes de ser encontrado sin vida en la laguna de Yahuarcocha, se encontraba en manos de agentes del Estado.
Trece días después, el 30 de noviembre de ese año, su cuerpo fue encontrado sin vida en la pista Las Garzas de la laguna de Yahuarcocha, en Ibarra.
Actualmente, los familiares de Francisco, siguen a la espera de una respuesta contundente y digna, además exigen que se haga justicia por las graves violaciones de derechos humanos de las que fue víctima, mismas que le cobraron la vida.
Francisco nació el 11 de junio de 1982, en la ciudad de Pasto, Colombia. Tenía 33 años y vivía en Ibarra con su pareja y su hija. Andrés Botina, hermano de Francisco Cajigas, lo recuerda como una persona alegre y emprendedora “siempre le gustó trabajar, buscaba salir adelante y en mi familia lo recordamos con esa cualidad”.
“El día en el que mi hermano desapareció, fue agredido física y verbalmente por parte de uno de los policías, y Francisco, como todo ser humano, actuó ante el abuso de autoridad; y antes de ser detenido fue amenazado por parte de los uniformados y posteriormente, ante la decisión de la fiscal de Ibarra, de ponerlo en libertad por no tener motivos de su detención, los mismos uniformados lo trasladaron supuestamente a la casa de Franciso. Es lo último que se sabe de él y 13 días después aparece muerto en la laguna de Yahuarcocha”.
Entregaron el cuerpo de Francisco incompleto
El 12 de diciembre de ese mismo año, el cuerpo de Francisco fue entregado a la familia. Estaba completamente embalado, sin posibilidad de abrirlo. Sus familiares recuerdan que cuando quisieron ver el cuerpo, los funcionarios públicos les recomendaron no hacerlo por el riesgo biológico y el impacto psicológico. Seis meses después, el 20 de mayo de 2016, la familia, debido a sus dudas sobre la muerte de Francisco, solicitaron la exhumación del cuerpo y descubrieron que no estaba completo, le faltaba el cráneo.
En esta diligencia, que se realizó en el cementerio de la ciudad de Pasto en Colombia, se encontraban el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el equipo de Medicina Legal de Nariño, el antropólogo de la ciudad de Bogotá, el fiscal Jefferson de Ibarra, Ecuador, miembros de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y el representante del Ministerio del Interior de Ecuador. Ante este hallazgo no se pudo realizar la pericia que buscaba establecer las causas de la muerte de Francisco.
Esta irregularidad -la extracción de su cráneo- se habría dado durante la autopsia, en la cual se conoció que el cuerpo estuvo alrededor de cinco días en estado de descomposición; que presentaba varios hematomas, principalmente en su cabeza, y que la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico.
Tras localizar el cráneo en el Centro Forense de Esmeraldas, se descubrió que fue sometido a un lavado químico. Este inusual procedimiento daba cuenta que hubo alteraciones de pruebas por parte del personal encargado de la autopsia, en el cual se ven involucrados un médico y dos auxiliares de dicho centro forense.
Ante este hecho, el Tribunal de Garantías Penales, con sede en el cantón Esmeraldas, en la audiencia oral del 7 de noviembre de 2018 citó a las partes procesales para el juzgamiento de Leonidas F., Sergio R. y Ángel N. como presuntos autores principales de alteración de evidencia y elementos de pruebas del cuerpo de Francisco Cajigas.
A pesar de que en este caso el cráneo fue separado del cadáver durante la autopsia, fue lavado con sustancias que contenían cloro, fue retenido indebidamente por el Centro Forense y el cadáver fue entregado incompleto a su familia, los jueces no consideraron que estos actos fueron suficientes para configurar el delito de “alteración de evidencia” contenido en el art. 292 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El argumento de los magistrados fue que el cráneo “no fue sustituido por otro” y que, en virtud de que “era el mismo cráneo”, no existió delito. Además, el juez ponente dijo que la Fiscalía no logró determinar la materialidad ni el nexo causal de responsabilidad con los procesados y que los hechos simplemente pudieron construir una “omisión administrativa”, lo cual no puede ser juzgado por ese Tribunal Penal, ya que el delito no contempla una actuación omisiva sancionable.
Se reabre el proceso por el delito de “alteración de evidencia”
Sin embargo, el 20 de noviembre de 2018, mediante una sanción por un expediente disciplinario, resuelta por el Consejo de la Judicatura, los jueces que dieron el dictamen fueron separados del caso y el 17 de enero de 2020, la Corte Nacional de Justicia designó a un nuevo Tribunal, el cual quedó integrado por los jueces Juan Villamar, Carlos Barrera y la jueza Erika Herkt para continuar con el caso.
Este nuevo Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Esmeraldas, resolvió declarar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de juicio instalada el 26 de julio de 2018 en adelante. Esto, debido a que “al no contar con un debido proceso en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, es decir que, al no haber presenciado los alegatos de apertura, ni presenciar directamente las pruebas de hecho, ni haber escuchado los alegatos de cierre, no cuentan con los elementos que les permitan tomar una decisión judicial”, así lo mencionan en la notificación del 9 de junio de 2021 en la cuál ordenan establecer una nueva fecha para la audiencia de juicio.
Hasta el momento no existe una nueva fecha de agendamiento para la audiencia de juzgamiento sobre el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba tras la muerte de Francisco Cajigas.
Andrés Botina, hermano de Francisco, mantiene la fe de que la justicia llegará. “Nosotros, la familia de Francisco, seguimos con la esperanza de que, a pesar de que ha pasado mucho tiempo en este proceso, la verdad siempre saldrá a la luz por más de que hayan manipulaciones, inconsistencias, contratiempos y personas deshonestas e irresponsables en sus funciones para hacer justicia”.
“Creemos que los responsables algún día responderán a la justicia por el daño causado a nuestro familiar y su entorno y, sea ésta una señal, una luz de que se sabrá la verdad y sus responsables tarde o temprano deberán responder ante la justicia por sus malos actos”.
A raíz de la presunta desaparición forzada y posterior muerte, el caso fue trasladado para su respectiva investigación a la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a la falta de celeridad en la misma así como por la participación de funcionarios de la fuerza pública en el presunto delito.
“Dado que hay una presunción de la participación y responsabilidad de agentes policiales, la familia y su defensa se pidió el traslado del caso para que sea esta Fiscalía, en la ciudad de Quito, cuyos funcionarios son agentes civiles, la pueda investigar de manera célere, objetiva e imparcial, disminuyendo la posibilidad de que la investigación se contamine o se oculte información por parte de los agentes que investigan. Además, era necesario darle un impulso procesal y oportuno a este caso, el cuál va 6 años sin que exista una respuesta efectiva por parte del Estado”. Así lo manifestó Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) sobre los resultados del caso por parte de la Fiscalía de Ibarra.
