{"id":2644,"date":"2020-04-29T16:30:45","date_gmt":"2020-04-29T21:30:45","guid":{"rendered":"https:\/\/lreyes.ml\/2020\/04\/29\/organizaciones-indigenas-religiosas-y-de-derechos-humanos-presentan-accion-de-proteccion-y-medidas-cautelares\/"},"modified":"2020-04-29T16:30:45","modified_gmt":"2020-04-29T21:30:45","slug":"organizaciones-indigenas-religiosas-y-de-derechos-humanos-presentan-accion-de-proteccion-y-medidas-cautelares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/inredh.org\/covid19\/index.php\/2020\/04\/29\/organizaciones-indigenas-religiosas-y-de-derechos-humanos-presentan-accion-de-proteccion-y-medidas-cautelares\/","title":{"rendered":"Organizaciones ind\u00edgenas, religiosas y de derechos humanos presentaron acci\u00f3n de protecci\u00f3n y medidas cautelares contra el Estado y empresas petroleras por derrame de petr\u00f3leo"},"content":{"rendered":"
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Habitantes de San Pedro de Ru00edo Coca observan las manchas de crudo en las orillas del ru00edo. Foto Telmo Ibarburu<\/figcaption><\/figure>\n

Este mi\u00e9rcoles 29 de abril de 2020, la Federaci\u00f3n de Comunas Uni\u00f3n de Nativos de la Amazon\u00eda Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederaci\u00f3n de Nacionalidades Ind\u00edgenas de la Amazon\u00eda Ecuatoriana (CONFENIAE), Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumb\u00edos y varias personas afectadas presentaron una acci\u00f3n de protecci\u00f3n con medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el pasado 7 de abril en la Amazon\u00eda ecuatoriana.<\/span><\/p>\n

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Las familias afectadas exigieron medidas cautelares debido a su grave situaci\u00f3n de vulnerabilidad, no s\u00f3lo por la contaminaci\u00f3n del agua, que es su fuente fundamental de alimento, sino por la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. Adem\u00e1s, dentro de la demanda, solicitaron restauraci\u00f3n ecol\u00f3gica de todos los componentes afectados del ecosistema, reparaci\u00f3n integral para las personas afectadas y garant\u00edas de no repetici\u00f3n, dado que existe un riesgo inminente por una nueva ruptura.<\/span><\/p>\n

La medida presentada ante un juez en el cant\u00f3n Francisco de Orellana, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, fue adoptada ante la vulneraci\u00f3n de los derechos al agua, a la alimentaci\u00f3n, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la informaci\u00f3n, al territorio de los pueblos y nacionalidades as\u00ed como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energ\u00eda y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud P\u00fablica, EP Petroecuador y la empresa privada OCP \u2013 las entidades demandadas \u2013.<\/span><\/p>\n

Las familias afectadas exigieron medidas cautelares debido a su grave situaci\u00f3n de vulnerabilidad, no s\u00f3lo por la contaminaci\u00f3n del agua, que es su fuente fundamental de alimento, sino por la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. Adem\u00e1s, dentro de la demanda, solicitaron restauraci\u00f3n ecol\u00f3gica de todos los componentes afectados del ecosistema, reparaci\u00f3n integral para las personas afectadas y garant\u00edas de no repetici\u00f3n, dado que existe un riesgo inminente por una nueva ruptura.<\/span><\/p>\n

El texto de 80 hojas alegaba que el derramamiento de crudo se pudo prever, ya que estas instituciones estatales y la empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona, por su cercan\u00eda con el volc\u00e1n Reventador y su alta actividad s\u00edsmica, como por sus constantes deslaves y fuertes lluvias. <\/span><\/p>\n

En febrero de este a\u00f1o, tras el colapso de la Cascada San Rafael, expertos, una vez m\u00e1s, advirtieron que la erosi\u00f3n regresiva de los suelos causada por la construcci\u00f3n de la hidroel\u00e9ctrica Coca Codo Sinclair pon\u00eda en riesgo la infraestructura de los oleoductos. Sin embargo, ni el Estado ni la empresa actu\u00f3. <\/span><\/p>\n

Y ante \u201csu falta de reacci\u00f3n, los demandados incumplieron con su deber constitucional de proteger a las personas y a la naturaleza, que est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 389 de nuestra Constituci\u00f3n; es decir, el Estado no actu\u00f3 en prevenci\u00f3n de riesgo y, por ende, tiene responsabilidad por omisi\u00f3n\u201d, explic\u00f3 Mar\u00eda Espinosa, parte del equipo legal de las comunidades afectadas, a trav\u00e9s de la rueda de prensa virtual convocada por las organizaciones.<\/span><\/p>\n

El impacto de esta omisi\u00f3n por parte del Estado y la empresa se ve reflejado en la salud de aproximadamente 105 comunidades de las Nacionalidades Kichwa y Shuar, pertenecientes a 21 parroquias que lindan con los r\u00edos Coca y Napo, quienes dependen del r\u00edo como fuente de agua y alimento diariamente.\u00a0<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el presidente de la FCUNAE, Carlos Jipa, el Estado no ha tomado en cuenta a las comunidades ind\u00edgenas para la elaboraci\u00f3n de sus planes de emergencia. \u201cNos sentimos discriminados. Es por eso que, las familias de la FCUNAE decidimos hacer esta demanda, porque no queremos que esto vuelva a ocurrir\u201d, concluye.<\/span><\/p>\n

Debido a la pandemia del COVID-19 y a las fuertes inundaciones en la zona, las comunidades est\u00e1n viviendo una triple-crisis, que ha reflejado la falta de respuesta estatal para establecer alternativas ante esta situaci\u00f3n emergente. Es as\u00ed que, para Andr\u00e9s Tapia, dirigente de la CONFENIAE la explotaci\u00f3n petrolera y otros minerales \u201csolo son contaminantes del medio ambiente\u201d. Adem\u00e1s, en su intervenci\u00f3n en la rueda de prensa, enfatiz\u00f3 que con esta pandemia se \u201cha demostrado al mundo que la gente no vive comiendo petr\u00f3leo sino de la producci\u00f3n del campo, de los pueblos ind\u00edgenas y campesinos”.<\/span><\/span><\/p>\n

El gobierno y la empresa estiman que se derram\u00f3 alrededor de 15.000 barriles de crudo, que representar\u00eda el derrame m\u00e1s grande en el pa\u00eds durante los \u00faltimos 15 a\u00f1os. Sin embargo, las organizaciones ind\u00edgenas y de derechos humanos alegaron que el Estado no ha dado informaci\u00f3n oportuna ni transparente desde la fecha del incidente, y pusieron en duda los datos oficiales sobre la magnitud del derrame.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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