{"id":2649,"date":"2020-04-30T16:09:46","date_gmt":"2020-04-30T21:09:46","guid":{"rendered":"https:\/\/lreyes.ml\/2020\/04\/30\/mediante-amnistia-asamblea-nacional-puede-devolver-la-libertad-a-lideres-criminalizados-en-canar\/"},"modified":"2020-04-30T16:09:46","modified_gmt":"2020-04-30T21:09:46","slug":"mediante-amnistia-asamblea-nacional-puede-devolver-la-libertad-a-lideres-criminalizados-en-canar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/inredh.org\/covid19\/index.php\/2020\/04\/30\/mediante-amnistia-asamblea-nacional-puede-devolver-la-libertad-a-lideres-criminalizados-en-canar\/","title":{"rendered":"Mediante Amnist\u00eda, Asamblea Nacional puede devolver la libertad a l\u00edderes criminalizados en Ca\u00f1ar"},"content":{"rendered":"
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Sesiu00f3n nu00famero 071 de la Comisiu00f3n de Justicia de la Asamblea Nacional para conocer sobre pedidos de amnistu00edas de los lu00edderes indu00edgenas de San Pedro de Cau00f1ar<\/figcaption><\/figure>\n

En el marco de la pandemia del Covid 19, el pasado 24 de abril, la Comisi\u00f3n de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional avoc\u00f3 conocimiento de varias peticiones de amnist\u00eda, una de ellas es la solicitud, presentada en 2018, para las autoridades ind\u00edgenas criminalizadas por ejercer su derecho a administrar justicia en la comunidad de San Pedro de Ca\u00f1ar.<\/span><\/p>\n

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La justicia ind\u00edgena ha sido reconocida expresamente en la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica del Ecuador. As\u00ed lo reza el art\u00edculo 171 que dice: \u201cLas autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas ejercer\u00e1n funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su \u00e1mbito territorial, con garant\u00eda de participaci\u00f3n y decisi\u00f3n de las mujeres<\/i>\u201d. Cabe recalcar que la \u00fanica limitante para su administraci\u00f3n de justicia es el respeto irrestricto de los derechos plasmados en la Constituci\u00f3n y aquellos reconocidos en instrumentos internacionales.<\/span><\/p>\n

En esa misma l\u00ednea, el art\u00edculo 57 se\u00f1ala que \u201cSe reconoce y garantizar\u00e1 a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas (\u2026) los siguientes derechos colectivos 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podr\u00e1 vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes<\/i>\u201d.<\/span><\/p>\n

La comunidad de San Pedro de Ca\u00f1ar ha ejercido la justicia ind\u00edgena basada en sus costumbres, creencias y cultura desde hace varias d\u00e9cadas atr\u00e1s. Y ha conocido, sobre todo, casos de robo, microtr\u00e1fico, coyoterismo e incluso trataron un caso de abuso sexual, pero al ser mestizo el agresor, el Consejo decidi\u00f3 llevarlo a la justicia ordinaria. La notoriedad de esta pr\u00e1ctica ancestral y la capacidad de convocatoria que ten\u00edan sus asambleas, puso a sus dirigentes en la mira de varias organizaciones.<\/span><\/span><\/p>\n

Sin embargo, con el levantamiento ind\u00edgena, en el 2015, este escenario cambi\u00f3. Se iniciaron procesos de criminalizaci\u00f3n y hostigamiento en contra de sus dirigentes, como en el caso de Manuel Anastasio Pichizaca, presidente de la Uni\u00f3n Provincial de Comunas y Cooperativas Ca\u00f1aris (UPCCC), quien fue procesado por paralizaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos y luego apresado. Ante este hecho, las autoridades de San Pedro de Ca\u00f1ar decidieron apoyar la causa, lo que ocasion\u00f3 una persecuci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n a varias autoridades ind\u00edgenas.\u00a0<\/span><\/p>\n

Es as\u00ed que, en este contexto, las personas que hab\u00edan sido procesadas por la justicia ind\u00edgena, – coyoteros, cuatreros y usurpadores de remesas enviadas por los migrantes -, aprovecharon para denunciar de secuestro y secuestro extorsivo a las autoridades ind\u00edgenas de San Pedro de Ca\u00f1ar, alegando que fueron llevados a la asamblea de justicia ind\u00edgena en contra de su voluntad.\u00a0<\/span><\/p>\n

Fue as\u00ed que, 23 personas fueron criminalizadas desde el 2015 hasta 2017, 15 a\u00fan se encuentran con procesos legales en marcha, cuatro de ellas est\u00e1n privadas de la libertad:\u00a0 Jos\u00e9 Sarmiento, \u00c1ngel Belisario Calle Calle, Luis Eduardo Calle Espinoza y Mar\u00eda Josefina Sotamba Padilla.\u00a0<\/span><\/p>\n

La situaci\u00f3n se hace m\u00e1s preocupante ya que dos de estas personas son adultos mayores, propensas a adquirir el Covid-19, sobre todo, en lugares donde el hacinamiento es constante; por ende, se hace urgente una respuesta oportuna por parte de la Comisi\u00f3n de Justicia sobre las amnist\u00edas.<\/span><\/p>\n

La Normativa Internacional de Derechos Humanos contiene normas que protegen la justicia ind\u00edgena, tales como el Convenio No. 169 sobre Pueblos Ind\u00edgenas y Tribales de la Organizaci\u00f3n Internacional de Trabajo y la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas. Ambos instrumentos forman parte del ordenamiento jur\u00eddico en el Estado desde 1998 y 2007, respectivamente. Esto implica que el Estado ecuatoriano tiene la obligaci\u00f3n de proteger, garantizar y respetar los derechos de los pueblos ind\u00edgenas para materializar las obligaciones de dichos instrumentos.<\/span><\/p>\n

El primer numeral del art\u00edculo 7 del Convenio No. 169 de la OIT recoge los elementos de un principio y derecho irrenunciable como es la libre determinaci\u00f3n. Este se constituye en la piedra angular de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas que les permite poner en pr\u00e1ctica sus derechos colectivos y as\u00ed mantener sus propias instituciones, como lo es el ejercicio de su justicia.\u00a0<\/span><\/p>\n

En ese mismo sentido, la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, en sus art\u00edculos 3 y 4, reconoce y garantiza la libre y autodeterminaci\u00f3n y establece:<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 3.- Los pueblos ind\u00edgenas tienen derecho a la libre determinaci\u00f3n. En virtud de ese derecho determinan libremente su condici\u00f3n pol\u00edtica y persiguen libremente su desarrollo econ\u00f3mico, social y cultural.<\/i><\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 4.- Los pueblos ind\u00edgenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinaci\u00f3n, tienen derecho a la autonom\u00eda o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, as\u00ed como a disponer de medios para financiar sus funciones aut\u00f3nomas.<\/i><\/span><\/p>\n

Si bien la Constituci\u00f3n del Ecuador contempla un estado plurinacional e intercultural, as\u00ed como el derecho de los pueblos y nacionalidades de ejercer la justicia ind\u00edgena, no basta con que exista este reconocimiento constitucional o legal, es necesario garantizar la aplicaci\u00f3n efectiva de este pluralismo jur\u00eddico. Es as\u00ed que se evidencia la falta de cooperaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n entre la justicia ordinaria y la justicia ind\u00edgena, el incumplimiento de las obligaciones de garantizar el ejercicio de los derechos colectivos por parte de otras instituciones estatales, ya que, se arguye que pone en peligro la unidad y la cohesi\u00f3n social. Sin embargo, estos posicionamientos reflejan el colonialismo y el racismo que busca establecer escisiones que limiten su ejercicio y deslegitimen a sus autoridades, permitiendo as\u00ed a la persecuci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n de las autoridades ind\u00edgenas y del ejercicio de su derecho consuetudinario.<\/span><\/p>\n

Es por esto, que el caso ha sido expuesto y reconocido por la Relator\u00eda Especial sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas de las Naciones Unidas que el pasado 13 de septiembre de 2019, emiti\u00f3 un informe con 3 conclusiones y 44 recomendaciones al Estado ecuatoriano sobre los derechos vulnerados a los pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas del pa\u00eds, en especial se\u00f1al\u00f3 su preocupaci\u00f3n por la criminalizaci\u00f3n de las autoridades de la justicia ind\u00edgena por ejercer sus funciones: \u201cLa falta de avances en la aplicaci\u00f3n del pluralismo jur\u00eddico unida a la criminalizaci\u00f3n est\u00e1 generando preocupantes procesos de represi\u00f3n, conflicto, e incluso extorsi\u00f3n, como se denunci\u00f3 en San Pedro del Ca\u00f1ar<\/i>\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n

Por su parte, la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola Noguera, tambi\u00e9n mostr\u00f3 su preocupaci\u00f3n sobre los procesos judiciales en contra de 23 autoridades ind\u00edgenas de la provincia de Ca\u00f1ar, procesadas por ejercer justicia ind\u00edgena dentro de su territorio. As\u00ed lo dio a conocer durante el per\u00edodo de sesiones n\u00famero 167 de la CIDH que se desarroll\u00f3 en la ciudad de Bogot\u00e1.<\/span><\/p>\n

En este momento los miembros de la Comisi\u00f3n de Justicia tienen la oportunidad de ratificar las disposiciones constitucionales del pluralismo jur\u00eddico sobre lo cual se fundamenta un Estado plurinacional e intercultural como lo es el Estado ecuatoriano, as\u00ed como cumplir con las obligaciones estatales en el marco de los derechos humanos. Mucho m\u00e1s cuando los delitos por los cuales han sido investigados, enjuiciados y sancionados han respondido a un proceso de persecuci\u00f3n, extorsi\u00f3n y deslegitimaci\u00f3n del ejercicio de la justicia ind\u00edgena por parte de las comunidades.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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