![\"\"](\"https:\/\/covid-19.lreyes.ml\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/carcel_cotopaxi.jpg\")
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El Estado ecuatoriano, desde la declaratoria de estado de excepci\u00f3n el 16 de marzo de 2020, no ha podido contener la crisis sanitaria que se ha expandido a todas las provincias del pa\u00eds, dejando un saldo al 17 de junio del 2020\u00a0 de 48 490\u00a0 casos confirmados de contagio <\/strong>[a].<\/a>\u00a0 La situaci\u00f3n es cr\u00edtica <\/strong>en los centros de privaci\u00f3n de libertad del Ecuador: 727 personas privadas de libertad se encuentran contagiadas de covid-19 y 23 personas han fallecido<\/strong>.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Dentro del sistema penitenciario, la actuaci\u00f3n del Estado ha sido incluso peor ya que no ha podido contener el ingreso del virus en los centros de privaci\u00f3n de libertad. Frente a eso, la Alianza por los Derechos Humanos conformada por 20 organizaciones*<\/sup><\/strong> se\u00f1alamos que: Alertas tard\u00edas por parte de la SNAI<\/strong><\/span><\/p>\n La SNAI siempre ha tardado en alertar sobre los contagios por covid-19. As\u00ed, por ejemplo, el caso del CPPL El Inca anuncian que el 7 de abril la persona privada de la libertad contagiada es ingresada en estado cr\u00edtico al Hospital Pablo Arturo Su\u00e1rez, es decir, que antes del 7 de abril ya exist\u00edan personas contagiadas con covid-19 en el CPPL El Inca, y no lo informaron oportunamente.<\/span><\/p>\n Lo mismo sucedi\u00f3\u00a0 en el caso de Ambato donde el 24 de abril se confirm\u00f3 el fallecimiento de una persona privada de libertad por covid-19, pero no se se\u00f1al\u00f3 cu\u00e1ntas personas est\u00e1n en aislamiento, cu\u00e1ntas personas resultaron contagiadas. Nunca se emiti\u00f3 un comunicado oficial de cu\u00e1ndo se le detect\u00f3 covid-19 a la persona privada de libertad fallecida.<\/span><\/p>\n En el caso del CRS Riobamba, los familiares de las personas privadas de libertad alertaron el 30 de abril, la existencia de contagios y el 16 de mayo, el SNAI, mediante Bolet\u00edn N\u00b072 SNAI-UCS<\/strong> anunci\u00f3 la existencia de 17 personas privadas de libertad contagiadas, 15 hombres y 2 mujeres privadas de libertad y dos personas fallecidas, pero no relacionadas al covid-19.<\/span><\/p>\n Nos preocupa la poca transparencia en el tratamiento y difusi\u00f3n de la informaci\u00f3n oficial acerca de la situaci\u00f3n real de los PPLs. La difusi\u00f3n de la informaci\u00f3n p\u00fablica, de manera clara y veraz, es una obligaci\u00f3n del Estado para sus ciudadanos. La informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico est\u00e1 revestida de una protecci\u00f3n especial por la importancia en un sistema democr\u00e1tico.<\/span><\/p>\n Detenciones de personas por violar el toque de queda<\/strong><\/span><\/p>\n El d\u00eda 18 de marzo del 2020 detuvieron en Salitre a tres personas por violar la cuarentena que estaba vigente desde ese d\u00eda. El juez Ronquillo Numerable Leonel Efra\u00edn, dict\u00f3 el 19 de marzo prisi\u00f3n preventiva por 30 d\u00edas<\/strong>. Pese a las recomendaciones de la CIDH, y del propio SNAI, no se ha podido revisar la medida cautelar de prisi\u00f3n preventiva y no se les sustituy\u00f3 la medida por prisi\u00f3n domiciliaria, hasta que se present\u00f3 una acci\u00f3n de habeas corpus,\u00a0 esto puso en riesgo a toda la comunidad penitenciaria del CRS Guayas, ya que no se les tom\u00f3 oportunamente\u00a0 una prueba para determinar si los ciudadanos eran portadores de Covid-19, ni se les aisl\u00f3; al mismo tiempo se dej\u00f3\u00a0 sin sustento econ\u00f3mico a tres familias que estaban desesperadas por los tres ciudadanos.[b]<\/a><\/span><\/p>\n El SNAI con fecha 18 de abril, inform\u00f3 que una persona que fue detenida por incumplimiento del toque de queda dio positivo para COVID-19, en el mismo comunicado inform\u00f3 que la \u201cpersona privada de libertad se encuentra bajo vigilancia m\u00e9dica y en condiciones de salud estables\u201d. Lo que demuestra una alta probabilidad de entrada del virus a diferentes centros de rehabilitaci\u00f3n social y la inmediata propagaci\u00f3n del mismo, por las altas tasas de hacinamiento.<\/span><\/p>\n La Fiscal\u00eda General del Estado se\u00f1al\u00f3 el d\u00eda 12 de mayo del 2020 que por incumplimiento del toque de queda se ha dictado prisi\u00f3n preventiva al 30%, pese a las recomendaciones de la CIDH, ONU y de la misma Corte Nacional del Ecuador.<\/strong><\/span><\/p>\n Presupuesto insuficiente para atender la emergencia sanitaria en los centros de privaci\u00f3n de libertad<\/strong><\/span><\/p>\n De acuerdo con lo que se\u00f1al\u00f3 ante la Comisi\u00f3n de Justicia de la Asamblea Nacional el General Edmundo Moncayo, Director del SNAI y Presidente del Organismo T\u00e9cnico del Sistema Nacional de Rehabilitaci\u00f3n Social en su comparecencia de 22 de abril de 2020:\u00a0<\/span><\/p>\n Resulta inaceptable que el monto total utilizado para la emergencia\u00a0 de $26.300 d\u00f3lares, al ser\u00a0 dividido para el n\u00famero de personas privadas de libertad proporcionado por el mismo funcionario, nos indique la alarmante cifra de 0,67 centavos de d\u00f3lar <\/strong>por persona interna durante todo el periodo de emergencia.<\/span><\/p>\n No se puede enfrentar el contexto se\u00f1alado con este \u00ednfimo monto, lo que demuestra el Estado ecuatoriano est\u00e1 incumpliendo con sus obligaciones de prevenir el ingreso de covid-19 en los centros de privaci\u00f3n de libertad y frenar, en el momento oportuno, el contagio masivo una vez que el virus ingrese.<\/span><\/p>\n Situaci\u00f3n particular en algunos centros de rehabilitaci\u00f3n social<\/strong><\/span><\/p>\n Las personas privadas de libertad del CRS Cotopaxi se\u00f1alan que no tienen mascarillas, ni gel o alcohol antis\u00e9ptico<\/strong>, adem\u00e1s, los familiares de los ppl’s de la etapa de m\u00e1xima seguridad han intentado ingresar kits de aseo, pero no les han dejado ingresar aduciendo que por la crisis sanitaria esto es imposible.\u00a0 As\u00ed, si no se est\u00e1 permitiendo el ingreso de este tipo de productos, por parte de los familiares de los ppl’s, se supondr\u00eda que, estos est\u00e1n siendo entregados por las autoridades del Centro de Rehabilitaci\u00f3n Social Cotopaxi a toda la poblaci\u00f3n penitenciaria. Esta es una cuesti\u00f3n, que,\u00a0 las autoridades penitenciarias, deben no solamente\u00a0\u00a0 explicar, sino atender de manera urgente.<\/span><\/p>\n En el CRS Cotopaxi existen 5.326 personas privadas de libertad y 151 personas con prisi\u00f3n preventiva. Seg\u00fan informaci\u00f3n (SNAI-DAJ-IT-008 y SNAI-DAJ-IT-011) del Servicio Nacional de Atenci\u00f3n Integral para Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores, en adelante SNAI; existen 91 adultos mayores privados de libertad, 4 mujeres privadas de libertad embarazadas. Es decir, existen personas con vulnerabilidad m\u00faltiple, que ahora se encuentran en evidente peligro.<\/span><\/p>\n Asimismo, nos preocupa la situaci\u00f3n del Centro de Rehabilitaci\u00f3n Social Prioritario de Chillogallo en Quito \u201cCasa de Confianza\u201d. En este Centro se encuentran 42 mujeres internas, 36 son madres quienes se encuentran con sus hijos e hijas menores de cinco a\u00f1os en el centro de privaci\u00f3n de libertad, adem\u00e1s se encuentra entre ellas, una mujer embarazada y una mujer con enfermedad cr\u00f3nica. Las otras mujeres tienen hijos e hijas dependientes de ellas fuera del Centro, lo que implica que en Casa de Confianza de Chillogallo se encuentran \u00fanicamente mujeres en situaciones de triple o cu\u00e1druple vulnerabilidad, as\u00ed como ni\u00f1os y ni\u00f1as que tambi\u00e9n enfrentan esta misma situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/span><\/p>\n De acuerdo con estad\u00edsticas proporcionadas por el Servicio Nacional de Atenci\u00f3n Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores\u00a0 (SNAI), la mayor\u00eda de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en Ecuador, son mujeres empobrecidas, generalmente juzgadas por delitos contra la propiedad o relacionados con el microtr\u00e1fico de drogas. Esta situaci\u00f3n da cuenta de la feminizaci\u00f3n de la pobreza por la que atraviesa nuestra sociedad, pero que tambi\u00e9n permite afirmar que la mayor parte de la poblaci\u00f3n femenina en prisi\u00f3n no constituye un riesgo para la integridad de otras personas, una vez en libertad.<\/span><\/p>\n A esto se suma la\u00a0 situaci\u00f3n de hacinamiento existente en dicha casa de confianza\u00a0 confirmada por el Director T\u00e9cnico del R\u00e9gimen Cerrado del SNAI, V\u00edctor J\u00e1come. De acuerdo con el oficio No. SNAI-DTRC-2020-0210-O, ante un pedido de traslado de una interna manifest\u00f3 que: \u201ceste lugar se encuentra con un alto porcentaje de hacinamiento y que se encuentra establecido exclusivamente para privadas de libertad mujeres en estado de gestaci\u00f3n y mujeres con hijos menores de 36 meses (…)\u201d.<\/strong>\u00a0\u00a0 El hacinamiento en los centros de privaci\u00f3n de libertad hace imposible el distanciamiento social indispensable para prevenir el contagio de COVID-19. La Defensor\u00eda del Pueblo, a trav\u00e9s del Mecanismo de Prevenci\u00f3n de la Tortura del Ecuador (MNPT), mediante su informe DPE-MNPT-2016-0015-I de 19 de mayo de 2016, ya advert\u00eda de los problemas en el manejo inadecuado de esta casa de confianza. Estos problemas, conocidos por el Estado en el marco de la crisis sanitaria, persisten y se agudizan.<\/span><\/p>\n Las personas privadas de libertad, entre ellas, las mujeres y sus hijos menores de 5 a\u00f1os que habitan en la Casa de Confianza de Chillogallo, no han recibido insumos b\u00e1sicos de bioseguridad y aseo\u00a0 indispensables tambi\u00e9n para prevenir contagios.\u00a0 Pese a que la propia SNAI se\u00f1al\u00f3 que \u201cla mascarilla es uno de los implementos principales para evitar la propagaci\u00f3n del Covid-19\u201d[1]. En la cuenta oficial del SNAI en Twitter y Facebook, se ha publicado de manera reiterada fotograf\u00edas de personas privadas de libertad, mujeres, adolescentes y personas adultas, quienes no guardan distancia entre ellas y se encuentran desprovistas de mascarillas o guantes. Lo que demuestra la poca efectividad de las medidas de prevenci\u00f3n implementadas por esta instituci\u00f3n p\u00fablica competente en materia de rehabilitaci\u00f3n social.<\/span><\/p>\n La situaci\u00f3n del CRS El Turi es cr\u00edtica ya que\u00a0 familiares de las personas privadas de libertad denuncian que en el pabell\u00f3n La Esperanza, la mayor parte de las personas privadas de libertad de este pabell\u00f3n est\u00e1n con s\u00edntomas gripales pero ya son m\u00e1s 12 d\u00edas que se encuentran sin atenci\u00f3n de salud, ni medicina alguna, en este pabell\u00f3n tambi\u00e9n existen adultos mayores los cu\u00e1les est\u00e1n empeorando.<\/span><\/p>\n Situaci\u00f3n de beneficios penitenciarios y cambios de r\u00e9gimen<\/strong><\/span><\/p>\n En el Ecuador con el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal existen 2 beneficios penitenciarios vigentes,\u00a0 semiabierto y abierto.\u00a0 En tiempos normales el tr\u00e1mite administrativo para la elaboraci\u00f3n de los informes t\u00e9cnicos, se demoraba de 2 a 3 meses, <\/strong>Durante esta pandemia los tr\u00e1mites se han represado, a\u00fan m\u00e1s, llegando a durar hasta 5 meses para poder acceder a un beneficio penitenciario.<\/strong> Los beneficios penitenciarios son importantes para coadyuvar a la reducci\u00f3n del hacinamiento en los Centros de Rehabilitaci\u00f3n Social.<\/span><\/p>\n Si bien el director del\u00a0 SNAI Edmundo Moncayo, en su comparecencia ante la asamblea se\u00f1al\u00f3 que se iba a proceder a conceder de forma oportuna beneficios penitenciarios y cambios de r\u00e9gimen para quienes apliquen, pero en el CRS Cotopaxi no hay personal suficiente y las solicitudes de cambio de r\u00e9gimen est\u00e1n represadas ya varios meses. <\/strong><\/span><\/p>\n En la actualidad el hacinamiento asciende al 30% en todo el pa\u00eds y no se han tomado medidas efectivas por parte del Estado para reducirlo.<\/span><\/p>\n La Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, en Oficio No. 191-P-CNJ-2020 emitido el 12 de abril de 2020, dirigido a los y las Presidentes de las Cortes Provinciales ha se\u00f1alado que el Gobierno Nacional ha adoptado medidas que buscan \u201cprevenir, evitar y contener la propagaci\u00f3n del virus COVID-19, a trav\u00e9s del distanciamiento social\u201d, lo que constituye \u201ccasi imposible de cumplir cuando las condiciones generales del sistema carcelario muestran cifras alarmantes de hacinamiento\u201d.<\/span><\/p>\n Recomendaciones de \u00f3rganos de derechos humanos<\/strong><\/span><\/p>\n La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha se\u00f1alado que \u201c(l)a obligaci\u00f3n de garantizar los derechos a la vida e integridad personal presupone el deber de los Estados de prevenir las violaciones a dichos derechos. Este deber de prevenci\u00f3n abarca todas aquellas medidas de car\u00e1cter jur\u00eddico, pol\u00edtico, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos<\/strong> y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho il\u00edcito\u201d[1]. En ese orden de ideas, adem\u00e1s ha manifestado que:<\/span><\/p>\n \u201cadem\u00e1s de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, del art\u00edculo 1.1. de la Convenci\u00f3n derivan deberes especiales, determinables en funci\u00f3n de las particulares necesidades de protecci\u00f3n del sujeto de derecho, ya sea por su condici\u00f3n personal o por la situaci\u00f3n espec\u00edfica en que se encuentre. En esta l\u00ednea, la Corte recuerda que en determinados contextos, los Estados tienen la obligaci\u00f3n de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, libertad personal e integridad personal de aquellas personas que se encuentren en una situaci\u00f3n de especial vulnerabilidad, especialmente como consecuencia de su labor, siempre y cuando el Estado tenga conocimiento de un riesgo real e inmediato en contra de \u00e9stos y toda vez que existan posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo\u201d[2]<\/strong>. (\u00e9nfasis a\u00f1adido)<\/em><\/span><\/p>\n Est\u00e1ndares nacionales e internacionales, establecen tambi\u00e9n que las caracter\u00edsticas de una persona son fundamentales para determinar una violaci\u00f3n del derecho a la integridad personal y deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales caracter\u00edsticas pueden cambiar la percepci\u00f3n de la realidad del individuo; y, por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillaci\u00f3n cuando son sometidas a ciertos tratamientos[3].<\/span><\/p>\n En el derecho internacional de derechos humanos, la prohibici\u00f3n de la tortura pertenece al dominio del ius cogens<\/em>, siendo completa e inderogable en todas las circunstancias incluso en aquellas consideradas como especiales: la guerra, la amenaza de guerra, la lucha contra el terrorismo u otros delitos, estados de emergencia, conmoci\u00f3n interna, suspensi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, inestabilidad pol\u00edtica, emergencia y calamidad p\u00fablica.<\/span><\/p>\n La Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas y sus \u00f3rganos, as\u00ed como la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han elaborado una serie de recomendaciones, a partir de los criterios t\u00e9cnicos de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud y la Organizaci\u00f3n Panamericana de la Salud, para evitar que el virus ingrese en el sistema penitenciario y ocasione un desastre epidemiol\u00f3gico de grandes magnitudes, tanto dentro de los centros como fuera de ellos. Estas recomendaciones est\u00e1n resumidas a continuaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n Estas medidas son urgentes para evitar “una nueva forma de\u00a0 crimen de lesa humanidad por abandono de personas al no despoblar las c\u00e1rceles”, pues \u201csi no se hace nada, mueren\u201d, como ha sido se\u00f1alado por el jurista Zaffaroni<\/span><\/p>\n Por todo lo anterior, las organizaciones de derechos humanos que suscribimos exigimos al Estado ecuatoriano realizar todas las acciones posibles para evitar muertes y m\u00e1s contagios por covid-19 dentro de los centros de privaci\u00f3n de libertad, especialmente adoptar todas las medidas necesarias para reducir la poblaci\u00f3n carcelaria con enfoque de g\u00e9nero<\/strong>.<\/span><\/p>\n Demandamos puntualmente al Servicio Nacional de Atenci\u00f3n Integral para Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores que cumpla con sus obligaciones y proceda a entregar de forma inmediata, mascarillas, gel antis\u00e9ptico o alcohol a las personas privadas de libertad a nivel nacional, as\u00ed como a asegurar el acceso a agua potable durante todo el d\u00eda.<\/strong> Adem\u00e1s, que dote de todos los implementos de bioseguridad a los Agentes de Seguridad Penitenciaria y personal del CRS, adem\u00e1s de implementar la toma de temperatura al ingreso del personal todos los d\u00edas.<\/span><\/p>\n Al mismo Organismo T\u00e9cnico, requerimos emitir informaci\u00f3n veraz y oportuna <\/strong>sobre la situaci\u00f3n de las personas privadas de libertad. Tambi\u00e9n, requerimos a las autoridades locales de los Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados a nivel del pa\u00eds a cumplir con sus obligaciones y garantizar el acceso al agua de la poblaci\u00f3n penitenciaria de los diferentes Centros de Rehabilitaci\u00f3n Social.<\/strong><\/span><\/p>\n Solicitamos al\u00a0 Ministerio de Salud que act\u00fae de manera urgente para detectar contagios entre la poblaci\u00f3n penitenciaria, espec\u00edficamente que se les practiquen\u00a0 pruebas PCR y se brinde atenci\u00f3n de salud inmediata, ininterrumpida y de calidad para precautelar la vida e integridad f\u00edsica de las personas privadas de libertad.<\/strong><\/span><\/p>\n Por \u00faltimo, exhortamos a\u00a0 los operadores de justicia a tomar en cuenta en sus decisiones sobre privaci\u00f3n con las recomendaciones dadas por los tratados internacionales y normas nacionales sobre la prisi\u00f3n preventiva.<\/strong><\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n *La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador<\/strong>\u00a0est\u00e1 conformada por las siguientes organizaciones: Surkuna, Cedhu, Inredh, Amazon Frontlines, Cdh\u00a0 Guayaquil, Idea\u00a0 Dignidad, Fundaci\u00f3n Aldea, Omasne, Amazon Watch, Acci\u00f3n Ecol\u00f3gica, Yasunidos, Apt Norte, Cuencas Sagradas, Cedenma, Fundaci\u00f3n Pachamama, Fundaci\u00f3n Alejandro Labaka, Fundaci\u00f3n Dignidad, Extinction Rebellion, Geograf\u00eda Cr\u00edtica, Land is Life.<\/span><\/p>\n \u00a0Referencias:<\/p>\n
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