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Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

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Visita a San Pablo de Amalí

Categoría: Actividades Creado: Martes, 25 Octubre 2016 15:53
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Comunicación INREDH

22/08/2012

Visita a San Pablo de Amalí

 

 

 

El pasado 16 de agosto de 2012, en el marco del programa de protección y fortalecimiento del trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos en la zona sur del país, apoyado por Pan Para el Mundo (PPM), INREDH visitó la comunidad de San Pablo de Amalí, en la que se han producido enfrentamientos entre la comunidad y la policía que resguarda la construcción de una represa privada en esta zona.



“Son diez años de lucha y todo ha vuelto a cero”, dicen los habitantes de San Pablo de Amalí, en la parroquia San José del Tambo, de la provincia de Bolívar. Ellos se refieren a la construcción de la represa para el proyecto hidroeléctrico “Hidrotambo”, que fuese ya detenido y que ahora vuelve a ponerse en marcha.

Hidrotambo es un proyecto privado que usará las aguas del Río Dulcepamba para producir 7,6 megavatios, para lo cual se ha concesionado el 90% del caudal de agua de toda la cuenca hidrográfica que abastece a este río. “Hemos ido a pedir una concesión de agua para riego y nos ha dicho que pueden darnos para una manguera de media pulgada; eso no nos alcanza ni para regar un naranjo”, nos dice un habitante durante la reunión que se realizara en la comunidad. “Ya todo está concesionado”, ratifican los demás asistentes.

Por su parte, el asambleísta Holguer Chávez Canales, del movimiento oficialista Alianza País, que también acudió a esta reunión, al tiempo que pedía que se baje el estado de confrontación, se sorprendió que siga la construcción de esta represa y que se haya puesto rótulos del gobierno para publicitar un proyecto privado, más aún cuando el presidente Correa había ofrecido el cese de estos trabajos, tal como los habitantes lo demuestran con un video en donde Rafael Correa habla con la comunidad.



En el 2006 y 2007 ya se dieron varios enfrentamientos entre los pobladores y miembros del ejército, pues la empresa Hidrotambo había contratado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que construya esta obra; en ese entonces 72 comunidades se enfrentaron a un batallón aproximado de 300 militares. Producto de estos enfrentamientos se abrieron 22 procesos judiciales y 14 dirigentes fueron detenidos y acusados de rebelión. En el 2008, la Asamblea Constituyente les otorgó la amnistía y el Cuerpo de Ingenieros desistió de seguir realizando las obras.

4 años después se reanuda la construcción y nuevamente se producen enfrentamientos, esta vez con cuerpos especiales de la policía y con la policía local, al mando de un prepotente mayor de policía, de nombre Rroselvet Vinicio Albán Moreta, quien no dudó en agredir e insultar a los habitantes de San Pablo de Amalí, y detener a Socorro Galeas y a su hermano discapacitado. Las denuncias sobre esta agresión han sido puestas en conocimiento de la Inspección General de Policía.

Para investigar los hechos, el Ministerio del Interior envío una comisión, la que únicamente se entrevistó con personal de Hidrotambo y no acudió a la comunidad, pese a que se habían reunido habitantes de toda la cuenca del río Dulcepamba. Los comuneros solo pudieron dar sus testimonios a un agente de policía que llegó al sector y al asambleísta Chávez, a quien le ratificaron que la comunidad está “sepultada en vida”, pues no puede usar el agua para sus cultivos, pese a que el uso agrícola es el segundo en importancia según la actual Constitución del Ecuador, antes de su uso industrial privado.

Investigaciones de INREDH han determinado que este proyecto está financiado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), sin embargo no se ha podido determinar si este proyecto ya es un proyecto gubernamental o continúa siendo privado.