Más artículos

Misión de verificación de la situación actual de las víctimas de la empresa Furukawa

Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

Reanudan búsqueda de Carolina Garzón sin presencia del Fiscal

La mañana de este lunes 22 de julio se realizó una búsqueda en las riveras del río Machángara por la desaparición de Carolina Garzón en abril 2012. La diligencia estuvo señalada a las 9h00, sin embargo comenzó una hora más tarde sin la presencia de Jorge Flores, fiscal del caso.

Comunicado Público: Es imperativo cierre de Iglesia Oasis de Esperanza, Confraternidad Evangélica nunca fue solidaria

Las organizaciones y personas que apoyamos la lucha para saber la verdad sobre la desaparición de Juliana Campoverde y lograr sanción a los responsables, nos pronunciamos ante la posición asumida por la Confraternidad Evangélica que cuestiona el cierre de la Iglesia Oasis de Esperanza, escenario en el cual se cristalizaron el acoso y agresión sistemática sobre Juliana Campoverde con lo siguiente:

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

Conversatorio "Caso Saraguro: criminalización de la protesta social"

Categoría: Actividades Creado: Martes, 25 Octubre 2016 17:43
Visto: 1869

Comunicación INREDH

08/06/2016

Conversatorio

Caso Saraguro: criminalización de la protesta social

 


Tras el levantamiento indígena y paro nacional ocurrido en agosto del año anterior se ha procesado a más de 100 personas. Entre ellas a 12 mujeres y 19 hombres del pueblo Saraguro, en la provincia de Loja. De ellos, 17 fueron sobreseídos, 12 llamados a juicio y a 2 se les sentenció a 4 años de prisión por el supuesto delito de paralización de servicio público tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena de 1 a 3 años de prisión.

 

Sin embargo, el Tribunal de Garantías Penales de Loja dictaminó la condena máxima, 3 años más un tercio de pena, para Luisa Lozano y Amable Angamarca procesados por las movilizaciones. Esto pese a que ellos junto a 27 procesados del caso Saraguro fueron juzgados por la jurisdicción indígena.

 

Una mirada a la protesta social, la aplicación de justicia indígena para los pueblos y nacionalidades indígenas en contexto de movilizaciones y la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en Ecuador.

 

Panelistas: Luisa Lozano, del pueblo Saraguro y sentenciado a 4 años de prisión; Amable Angamarca, del pueblo Saraguro y sentenciado a 4 años de prisión; Luis Guamán, abogado del caso los #29deSaraguro, yWilson Ordoñez, abogado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

 

Mira aquí el conversatorio: Caso Saraguro: criminalización de la protesta social