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  Por Steph Apolo* El 18 de marzo cumplí 28 años. Estuve en Quito antes del toque de queda. Alcancé a comprar un pasaje para viajar a Guayaquil de regreso antes de que rigiera la restricción de movilidad interprovincial. Cuando llegué a Guayaquil, las mujeres de mi casa ya estaban organizadas para la cuarentena. Mi mamá Gloria, de 62 años, y mi abuela Dora, de 83, tienen discapacidad.

334 personas desaparecieron en entidades de salud pública en Ecuador

De 1973 a 2020, en Ecuador se han registrado 334 desapariciones de personas en entidades de salud, así lo registra la Fiscalía General del Estado en un acceso de información con cohorte 10 de noviembre del año en curso.   La Fiscalía señala que este número responde “a los eventos registrados en el Sistema de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, hace referencia específicamente a la información levantada mediante entrevistas con la persona denunciante, el lugar asignado se basa al lugar de desaparición”. El mayor número de personas desaparecidas por ciudades y provincias se encuentran en:  Quito con 98 casos; Guayaquil, 62;  Azuay,27;  Chimborazo, Los Ríos y Manabí, 12;  Cotopaxi, 11; y El Oro, Guayas,  Imbabura, Loja y Sucumbíos con 10. Las provincias con menor índice son Napo, Orellana y Zamora Chinchipe con 1. Según la Fiscalía General del Estado, que registra como fuente a la Policía Nacional, de las 334 personas reportadas como desaparecidas  3 corresponden a personas menores de un año; 94  a niñas, niños y adolescentes; 201 a adultos y 36 adultos mayores. De ellas 165 son hombres y 169 mujeres. El mayor número de desapariciones se reportaron en  hospitales (144); centros y sub centros de salud (104); clínicas (60); farmacias (11); dispensarios médicos (7); laboratorios clínico (4) y puestos de salud (4). De este universo de 334 personas desaparecidas, 310 han sido localizadas y 24 aún se encuentran desaparecidas. En el acceso de información no se detalla el estado de localización de estas 310 personas, es decir, si  fueron localizadas con vida o sin vida. Además, de si existe delitos conexos a su desaparición. Tampoco se específica el género ni edad de las personas que aún se encuentran desaparecidas. Los Estados tienen la obligación de cuidado cuando las personas se encuentran bajo su custodia. Así lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la normativa nacional.

Dos días de audiencia del caso Guachalá Chimbo Vs Ecuador ante la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), presidida por la jueza Elizabeth Odio Benito, escuchó durante dos días los testimonios, interrogatorios y alegatos de las partes en el caso Luis Eduardo Guachalá Chimbo Vs. Ecuador que trata sobre la desaparición de Luis Eduardo, de 23 años, cuando estaba internado en el Hospital Julio Endara, sector de Conocoto, provincia Pichincha.

Comunidades de la Cuenca del Río Dulcepamba exigen cumplimiento de la Resolución del Ministerio de Ambiente y Agua

Una delegación de 140 comunidades campesinas que viven en la cuenca del Río  Dulcepamba, en el cantón Chillanes de la provincia Bolívar, llegaron a Quito hoy, 26 de noviembre de 2020, para realizar un plantón frente al Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE). El objetivo del plantón es exigir que esta autoridad realice la vigilancia y control de las obligaciones de la compañía Hidrotambo S.A., responsable del proyecto Hidroeléctrica San José Tambo, establecidas en la Resolución emitida por el MAAE, en particular la autorización de uso y aprovechamiento de agua y caudal ecológico del Río Dulcepamba. Actualmente, la empresa no cumple con la Resolución, lo que vulnera los derechos del río y de las 14.000 personas afectadas por la construcción antitécnica de la hidroeléctrica.

Rueda de prensa caso Guachalá vs Ecuador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) presidida por la jueza Elizabeth Odio Benito instaló el pasado 25 de noviembre de 2020, el primer día de audiencia pública en el Caso Guachalá Chimbo Vs. Ecuador por la desaparición de Luis Eduardo Guachalá, de 23 años, visto por última vez el 10 de enero de 2004, cuando estaba internado en el Hospital Público Psiquiátrico Julio Endara, en la parroquia de Conocoto, provincia Pichincha.

Sobre las bases militares en Colombia

Categoría: No Bases Creado: Lunes, 17, Octubre 2016 12:13
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Jorge Aristazábal Ossa - Secretario Asoprudea

 

 

Sobre las bases militares en Colombia

La situación internacional

 

 

Los rasgos fundamentales del imperialismo, descritos por Lenin, están plenamente confirmados hoy con el predominio de los monopolios o trasnacionales y del capital financiero, con la exportación de capitales para la desnacionalización de la industria de los países tercermundistas, con el reparto del mundo entre potencias y trasnacionales, con el control y saqueo de los recursos naturales renovables y no renovables, y con el parasitismo y la corrupción que producen.

Estos rasgos han llevado a una increíble desigualdad en la distribución de la riqueza, con unos pocos multimillonarios y la mitad de la población mundial en los límites de la pobreza y la indigencia, donde 200 empresas multinacionales dictan y condicionan la política mundial y controlan un tercio de todo el comercio. Todo ello basado en el modelo neoliberal impuesto por ellas, en tanto manifestación de la esencia del imperialismo.

 

El imperialismo hoy enfrenta variados problemas que han conducido a una profunda crisis de los Estados Unidos, con los recortes de libertades a sus ciudadanos introducidos por la política de la seguridad nacional, el traslado de la industria al tercer mundo, el crecimiento del empleo en la industria militar que ya ocupa casi el 40% de la población laboral, su fuerte endeudamiento y desequilibrio en su balanza de pagos y el surgimiento de unos serios competidores en el concierto mundial como China, India, Brasil y Sudeste asiático, además de los países desarrollados.

 

La estrategia de seguridad de los Estados Unidos, en su Plan de Reajuste Global (1995 y siguientes) establece los derechos de acceso, la respuesta rápida y el rechazo a cualquier intento hegemónico de algún país euroasiático. Su reorganización geoestratégica busca controlar las rutas marítimas, apropiarse de las fuentes de recursos naturales, biodiversidad y fuentes de agua y favorecer a las trasnacionales promoviendo la liberación de los mercados, o sea la cacareada globalización.

 

Estados Unidos tiene a su haber un gigantesco ejército de dos millones de soldados, los soldados profesionales mejor pagos de la tierra, bajo seis comandos repartidos en sendas flotas distribuidas por todo el mundo. Sus 4.500 bases militares en su propio territorio y entre 750 y 830 en el resto del mundo junto al poderío de su flota y de su sofisticado armamento, aunado al Manual de Contrainsurgencia aún vigente que viola todos los derechos ciudadanos, se constituyen en una amenaza para la paz mundial.

 

Desde hace unos dos años Estados Unidos reactivó la IV Flota , a órdenes del Comando Sur, por el surgimiento de gobiernos progresistas de corte antineoliberal en América Latina, región que posee vastos recursos energéticos, la mayor reserva de agua dulce del planeta, ocupa los primeros lugares en biodiversidad y tiene importante población, además de la competencia que le significan el crecimiento de los países desarrollados, del surgimiento de países emergentes y de la posible salida a su crisis restableciendo su control mediante la recolonización de toda la región.

 

La situación nacional

Grave ha sido la situación creada por el anuncio de la ampliación del acuerdo que Colombia está firmando para el uso de siete bases militares en Colombia por parte de tropas norteamericanas. Este acuerdo es el del Plan Colombia que en su momento recomendó el despeje del Caguán, la reforma a la justicia y al régimen carcelario, aumentar las extradiciones y las fumigaciones con glifosato, la capacitación de los cuerpos técnicos de investigación criminal, la reforma tributaria y el acceso a los mercados para las trasnacionales, es decir el TLC Colombia – Estados Unidos. Tras la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, los Estados Unidos impuso una serie de condiciones que los gobiernos de Pastrana y Uribe Vélez han cumplido con esmerado empeño.

 

A la fecha; se han definido tres bases aéreas: Malambo, Palanquero y Apiay; dos terrestres: Larandia y Tolemaida; y dos navales: Bahía Málaga y Puerto Cartagena. Todas ellas para incrementar “la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”. Se anuncia que no serán bases militares sino bases de apoyo a la anterior actividad. Se mantendrán los topes de 800 militares y 600 contratistas, habrá más recursos, más tecnología de inteligencia y rastreo y más asesoramiento; los norteamericanos contarán con inmunidad y trato diplomático y se hace creer que es un acuerdo binacional de cooperación contra esos dos grandes flagelos.

 

Los vecinos principales de Colombia, Brasil, Venezuela y Ecuador, han manifestado sus reservas a la ampliación del acuerdo por considerar que las bases serán utilizadas para el espionaje, además que convierte a Colombia en un posible sitio para una invasión y la posiciona geoestratégicamente sin comprar armas.

 

Recordemos que Venezuela lidera un importante núcleo de naciones agrupadas en el ALBA – la Alternativa Bolivariana para las Américas– que agrupa ocho países (Antigua-Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente-Granadinas y Venezuela) que en su conjunto agrupan una población de 73,5 millones de habitantes y ocupan 2.6 millones de km2 de área. Este bloque impulsa el desarrollo sostenido, el comercio regional equitativo, se opone a la privatización y desnacionalización de las industrias nacionales y promueve la integración regional, el empleo y la industrialización de toda la región. El comercio de Colombia con Venezuela es importante: le exportamos alrededor de U$ 6.100 millones e importamos U$ 1.100 millones. El ALBA es un fuerte y naciente competidor al imperialismo.

 

Brasil por su parte lidera el UNASUR, –Unión de Naciones Suramericanas– que agrupa a cuatro países plenos (Brasil su promotor, Argentina, Uruguay y Paraguay) y ocho asociados (Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela). Estos países agrupan una población de 382 millones de habitantes y ocupan un territorio de 17.5 millones de km2. En conjunto, UNASUR es el mayor productor de alimentos en el mundo, posee la mayoría del agua dulce del planeta, planea su propia moneda en cinco años y sus objetivos son similares al ALBA; la integración latinoamericana, la defensa conjunta de su territorio, el desarrollo armónico, el intercambio equitativo y la defensa de su agroindustria de los ataques de las trasnacionales. Es de suyo el más importante bloque latinoamericano creado apenas en mayo del 2008. A Brasil le exportamos U$ 600 millones y le compramos U$ 2.100 millones. UNASUR es otro fuerte y naciente competidor al imperialismo.

 

Con Ecuador tenemos un comercio internacional francamente favorable a nuestro país: exportamos U$ 1.500 millones e importamos U$ 800 millones. Su argumento fundamental es que con el respaldo norteamericano al Plan Colombia, Colombia lo invadió en marzo de 2008 y que igualmente actuará de esa forma cuando las circunstancias lo requieran.

 

La relación de Colombia con sus vecinos está francamente deteriorada por el acuerdo para el uso de las bases militares. Están en juego importantes intercambios con nuestros vecinos, la integración regional y que Colombia deje de ser señalada como el Caín de América.

 

En el Senado de la República los sectores de oposición claramente han señalado la inconveniencia de este acuerdo y su ilegalidad, pues se basa en dos antiguas leyes (Ley 24 de 1959 y Convenio para la Ayuda Económica , Técnica y Afín del 23 de julio de 1962 o Alianza para el Progreso) que solo hablan de asuntos económicos; también el Senado señala el cambio cualitativo del acuerdo (cambios en los ámbitos personal, material, espacial y temporal) y la violación de la Constitución colombiana que exige la autorización para el paso transitorio de tropas foráneas y contar con la consulta al Consejo de Estado.

 

La facilidad de acceso de las tropas norteamericanas a un mínimo de siete bases colombianas constituye, en mi criterio, una violación de la soberanía nacional, aumenta las tensiones en la zona, burla a la Constitución de 1991 y ahonda la crisis al reforzar la falsa solución, la militar o de fuerza, al problema del terrorismo y el narcotráfico. Ambos problemas requieren de soluciones diferentes y concertadas

 

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