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Contradicciones en la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia en caso Francisco Cajigas

  El fiscal Jefferson Ibarra y Angie Pinta, pareja de Francisco Cajigas, en la audiencia de juzgamiento.   El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar suspendió hoy, 12 de octubre de 2018, por segunda ocasión la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurrida en noviembre de 2015, en la ciudad de Ibarra. El caso se encuentra bajo escrutinio penal desde que se verificó que el cráneo de Francisco, muerto por un trauma cráneo encefálico, fue hallado en la ciudad de Esmeraldas bajo circunstancias poco claras. Los tres magistrados suspendieron la audiencia debido a la ausencia de dos testigos de los procesados Ángel N., médico legal del Centro Forense de Esmeraldas, y Leónidas F., auxiliar de medicina legal. La audiencia se instaló hoy a las 8:40 en la Sala 1 de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Esmeraldas. El fiscal Jefferson Ibarra presentó 4 pruebas testimoniales y 5 documentales. En la anterior audiencia llamó a 8 testigos. Por su parte, la defensa de los procesados presentó el testimonio de los tres implicados. El primero en hablar fue Leónidas F., de 28 años e ingeniero en Sistema Informático, que dijo no haber participado en el proceso de autopsia del cuerpo de Francisco, solo aseguró que el 1 de diciembre de 2015 recibió el mismo y al terminar su turno lo entregó a su compañero Sergio R., otro de los procesados.  Según Leónidas, el cuerpo del joven colombiano lo volvió a ver el 15 de diciembre de 2015, cuando estaba embalado y en fundas de color negro. Indicó no haber verificado si estaba completo el cuerpo previa a la entrega a sus familiares. El segundo interrogado fue el médico legal Ángel N., de 49 años.  Él señaló que realizó la autopsia del cuerpo con personal de medicina legal de Quito en el Centro Forense de Esmeraldas. Aseguró que el cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición por lo cual ordenó lavarlo.  Tras de ello, Ángel junto a la otra médica legal Sandra A., resolvieron desprender la cabeza para realizar los análisis que permitieran verificar la identidad del occiso. Según el médico legal, tras realizar la autopsia, el cuerpo de Francisco quedó bajo custodia del disector de turno, Sergio R., de 67 años, encargado de lavar y formolizar el cuerpo que estaba completo. Sergio fue el tercero en rendir su testimonio en la audiencia. Él asegura que en sus 30 años de experiencia ha lavado los cuerpos con agua de llaves, fría, caliente o a presión.  Él enfatizó ante los magistrados que por órdenes del doctor Ángel N. guardó la cabeza y clavícula de Francisco en una gaveta del refrigerador, la mismo que no registraba una rotulación, pues quien tenía la cadena custodia y había ordenado los nuevos exámenes debía conocer de este particular. También, dijo que Leónidas sí participó en el  proceso de autopsia y que el embalaje del cuerpo lo realizó junto a él, ya que es imposible que una persona  lo haga solo.  Además, precisó que, si la familia quería ver el cuerpo de Francisco, Leonidas F. no debía impedirlo. Tras escuchar los testimonios de los tres procesados, y ante la solicitud de la abogada de la defensa, el Tribunal de Garantías Penales suspendió la audiencia para asegurar la comparecencia de los testigos faltantes.  Para el fiscal del caso, la suspensión atenta contra el principio de inmediación y celeridad procesal. Además, que constituye una forma de revictimización a la familia porque han esperado un resultado de la audiencia de juzgamiento desde noviembre del año anterior. Daniel Véjar, coordinador jurídico de Inredh, coincide con el criterio que Fiscalía tiene sobre el sufrimiento y revictimización a las víctimas.  “Este proceso de por sí ha representado una lesividad importante para la familia colombiana – dice Véjar-, que no solo incurre en gastos económicos, sino que la falta de respuesta del Estado ha provocado que el proceso por ejecución extrajudicial este estancado y que la familia sufra afectaciones psicológicas graves”. También, le llama la atención la conducta de los juzgadores en el direccionamiento de la audiencia porque incurren en prácticas inquisitivas en el sistema oral acusatorio vigente con el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se espera que la audiencia se reanude en las primeras semanas de noviembre, aunque al momento se desconoce el día y hora exactos.                    

Audiencia de juzgamiento por alteración de evidencia en el cráneo de Francisco Cajigas se reinstala

Este 12 de octubre de 2018, a las 08:30, se reanudará la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano de 33 años víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Iglesia Cuadrangular no actuará en el caso de la desaparición de Juliana, pese a que el pastor titular es miembro de la institución

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Ocho dirigentes de la comunidad La Toglla van a audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación

Este viernes, 05 de octubre de 2018, a las 9:00, en la Unidad Judicial Penal del Cantón Rumiñahui se desarrollará la audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación en contra de Darío Javier Iza Palaquinga y siete habitantes de la Comunidad Ancestral La Toglla debido a la demanda presentada por Clinio Edmundo Perugachi, asegurando que dichos implicados han ingresado y lo han despojado de su legítimo terrero, en 2016.

Moradores de la cuenca del río Dulcepamba viven bajo amenaza

Categoría: Defensoras/es de DDHH y la Naturaleza Creado: Martes, 31 Octubre 2017 13:35
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 Comunicación INREDH

31/10/2017

 Moradores de la cuenca del río Dulcepamba viven bajo amenaza

 

 

En la cuenca hidrográfica del río Dulcepamba (código sistema: 13, código cuenca: 52, código subcuenca: 02 código microcuenca: 01), un área de drenaje que se encuentra en la cordillera Occidental de los Andes y que es parte de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, habitan más que 140 comunidades y sectores rurales campesinas e indígenas, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala para ejercer la soberanía alimentaria.

 

 

En las elevaciones inferiores de dicho drenaje, la compañía hidroeléctrica San José del Tambo, ubicada en la provincia Bolívar, de capital privado se impuso a la fuerza en el río Dulcepamba, a pesar de años de resistencia de las comunidades aledañas a la obra, en el año 2012.  

Las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba resistieron y continúan haciéndolo porque: 

 

1.         La hidroeléctrica entró a la zona sin la debida consulta previa, libre e informada que se debe realizar a las comunidades y procedió a destruir las fincas de los campesinos alrededores. 

2.         La compañía hidroeléctrica Hidrotambo S.A., al desviar el río Dulcepamba aproximadamente 150 metros hacia el pueblo, y al dinamitar la llanura aluvial del río por  más de seis meses para su construcción de las obras de captación desestabilizó las funciones naturales de control de inundaciones del río. Y al amontonar piedra suelta en el lado del río opuesto al pueblo para así desviar aguas de crecidas hacia el pueblo y proteger sus obras, aumentó tremendamente el riesgo de daños por inundaciones al pueblo. Esto, a pesar de los múltiples avisos, denuncias y llamamientos del pueblo San Pablo de Amalí para que la compañía tome las acciones adecuadas para proteger al pueblo ante inundaciones. Ello no hicieron caso y en marzo de 2015 y febrero de 2017, San Pablo de Amalí sufrió pérdidas: más de 10 casas fueron  afectadas, varias hectáreas de cultivos y el único camino a la comunidad sufrieron daños; también fallecieron 3 personas en esta tragedia.  Hasta el día de hoy, no existe ninguna protección para el pueblo ante inundaciones a lo largo de la porción desviado del río Dulcepamba.  

 

Figura 1. Imágenes satelitales del desvió del río Dulcepamba: desde derecha a izquierda: 2008, 2014, y 2017

 

 

3.         La hidroeléctrica San José del Tambo pretende conseguir el derecho de aprovechamiento de agua del río Dulcepamba a 6,5 metros cúbicos por segundo de agua para su Central, aunque según estudios hidrológicos del Centro de Ciencias de Cuencas Hidrográficas de la Universidad de California-Davis, el caudal medio diario en el río Dulcepamba en el sitio de la toma de aguas de Hidrotambo fue menor que la suma del caudal ecológico requerido en el EIA de Hidrotambo (2012) y la autorización de aprovechamiento de aguas o concesión de aguas que tuvo Hidrotambo, para la época seca tanto como para la época húmeda, durante 69% de los días,  durante el periodo de análisis de 2010-2017. En otras palabras, no hay suficiente agua para los agricultores campesinos durante la mayoría del tiempo, si Hidrotambo recibe el derecho a 6,5 m3/seg de agua. Hidrotambo dejaría sin agua a los campesinos quienes no pueden sobrevivir sin ella . 

 

Figura 2. Disponibilidad de agua en el río Dulcepamba es menor que lo que SENAGUA autorizó o concesionó a Hidrotambo S.A. durante 69% de los días entre 2010-2017.

 

 

Para que todo el caudal que tuvieron concesionado y pretenden concesionar de nuevo llegue a sus turbinas, Hidrotambo ha comenzado a oponerse a las solicitudes de autorización de uso de agua de la gente campesina aguas arriba de sus obras, a pesar que de el Art. 86 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento de Aguas establece la prelación de usos de agua, claramente priorizando el derecho al agua para actividades campesinas que fomentan la soberanía alimentaria sobre cualquier uso industrial.   

 

Figura 3. Extractos de una de las oposiciones presentadas por Hidrotambo S.A. a un usuario campesino de agua del río Dulcepamba.

 

4.         A pesar de solicitar cientos de autorizaciones de uso de agua los campesinos de la cuenca del río Dulcepamba desde el año 2014 hasta la presente fecha, con la ayuda del Proyecto Socio-ambiental Dulcepamba, ni una sentencia de aguas ha sido otorgada a los campesinos de la cuenca del río Dulcepamba de sus solicitudes entregadas con al ayuda del proyecto Dulcepamba.

 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento de Aguas en su artículo 125, asegura que, “…la Autoridad Única del Agua emitirá su pronunciamiento debidamente motivado, en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud para uso y de tres meses adicionales en caso de existir objeciones u oposición y tres meses a partir de la entrega de los proyectos,” y el Art. 108 del Reglamento de la LORHUAA señala el cronograma para cumplir con el plazo establecido.  

La prelación de usos señalado en el artículo 318 de la Constitución de la República y los Arts. 86, 90, 95, 106, 130, la disposición general novena y otros garantiza nuestros derechos al agua como campesinos.

 

Figura 4. Agricultores de la cuenca del río Dulcepamba (más  de 100) esperando afuera de la SENAGUA-Guayaquil después de que los funcionarios de esta cartera de Estado negara acceso a la audiencia de supuesta “conciliación” entre ellos y Hidrotambo S.A. 20 de junio, 2017.

 

Los agricultores de la cuenca del río Dulcepamba llevan luchando más de 3 años y hasta el momento no han sido respetado su derecho al gua. 

 

5.         La compañía Hidrotambo S.A., por su diseño irresponsable del flujo del caudal ecológico para su obra, ha dejado casi seco al río durante los meses de verano, ocasionado la extinción de la mayoría de la vida acuática del río Dulcepamba, fuente principal de proteína para la comunidad. 

 Figura 5. Niños de San Pablo de Amali después de pescar en el río Dulcepamba.

 

A pesar de las denuncias de cientos de agricultores de la cuenca del río ante la Demarcación Hidrográfica del Guayas, sobre las múltiples irregularidades relacionadas con Hidrotambo S.A., la SENAGUA de Guayaquil, mediante su abogado Luis Carrilo Feberoni, secrtario AdHoc, archivaron la denuncia sin la debida motivación y sin tomar en cuenta la situación grave de violación de derechos en que están viviendo las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba.

Las personas afectadas, aseguran que no dejaran en  la impunidad las múltiples violaciones de derechos al agua y otros derechos humanos y de la naturaleza. Por ello, hacen un llamado al secretario del agua, Humberto Cholango, conocedror de las múltiples violaciones ocasionadas en la cuenca del río Dulcepamba por la compañía Hidrotambo S.A. desde el año 2003, para que tome las acciones necesarias para asegurar justicia y reparación integral.

Los comuneros de la cuenca del río Dulcepamba esperan la visita del Secretario del Agua quien fue invitado por Manuel Trujillo, presidente de la comunidad San Pablo de Amalí, el pasado 30 de julio de 2017. Ese día,  Susana Peñafiel, coordinadora del Secretario del Agua, comprometió la visita de Humberto Cholango a San Pablo de Amalí para el mes de octubre, hasta la fecha de hoy los moradores de la cuenca del río Dulcepamba esperan la inspección del Secretario del Agua.

Ante la falta de respuesta del Estado, las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba continúan siendo víctimas de vulneración de derecho al abastecimiento de agua. Por lo cual exigen a la Demarcación Hidrográfica del Guayas investigue de forma adecuada y legal las múltiples irregularidades e injusticias cometidas por la empresa Hidrotambo y la SENAGUA en la cuenca del río Dulcepamba por mas de 10 años.

Invitación al Secretario del Agua: aquí