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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

La bala que mató a Andrés Padilla en Mascarilla

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Jueves, 20 Septiembre 2018 17:26
Visto: 2013

Por Mayra Caiza

“Corra le han matado a Ricky” fue lo primero que escuchó Jaqueline Delgado cuando contestó su celular. La llamada era de su hermana quien vio a su sobrino Andrés Martín Padilla Delgado  en el hospital San Vicente, en la ciudad de Ibarra.

Ese día, 23 de agosto de 2018, Jaqueline de 50 años, oriunda de la comunidad afrodescendiente El Juncal del Valle del Chota, provincia de Imbabura, salió de viaje con destino a Tulcán, mientras su hijo Andrés, más conocido como Ricky, se quedaba en casa para luego ir a la Ciudad Blanca a componer su camioneta.

“Algo tuvo que olvidarse en la casa, por eso se regresó”, dice su madre Jaqueline, mientras se agarra la cabeza con sus manos como queriendo entender qué pasó aquella mañana,  por qué  un policía sacó su arma y disparó contra su hijo que estaba de espaldas, en el Control Integrado de Mascarilla, en Imbabura, lugar donde culminó el operativo para recuperar una camioneta y una guincha proveniente de la parroquia de Salinas, ubicada a 3 kilómetros de Mascarilla.

En el video que consta en el expediente, según Jaqueline, se observa que su hijo Andrés de 26 años se bajó de su camioneta y caminó por el asfalto hasta el lugar donde estaban  los autos estacionados y más de una decena de personas.

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Andrés nació el 14 de agosto de 1992, pero nadie en el barrio ni en la familia lo llamaba así. Todos le decían Ricky, nombre que su madre le quiso dar, pero en el Registro Civil no le aceptaron. “Cómo le va a poner nombre de perro”, le dijeron, entonces le puso Andrés.  Fue la primera vez que sintió que le negaron un derecho a su hijo, que a los seis años empezó a entrenar en la Escuela de Futbol Agustín Delgado, ex delantero de la selección de Ecuador.

“Mi hijo era futbolista y jugaba como marcador izquierdo en el Valle del Chota que quedó campeón. Por su destreza le pidieron que juegue en el Mushuc Runa hasta que les hizo campeones”, dice su madre que recuera que por amor al futbol, Ricky dejó de estudiar cuando cursaba el 5 curso de mecánica automotriz, en el Colegio Técnico del Valle, pues iría a jugar a Quito, en el Independiente del Valle; sin embargo, su pase no fue vendido.

Sin equipo y luego de abandonar los estudios, Ricky volvió a El Juncal. Ahí logró reintegrase a las clases. Se graduó como mecánico  y continúo jugando, pero ya en otro equipo. Esta vez entrenaba en el Grecia que disputaba el campeonato nacional de Serie B, pero no se sentía igual, sintió que el futbol no le daba nada. Cinco años después lo dejó y optó por seguir con su segundo sueño, ser policía.

 

Andrés Padilla en la selección de futbol. Su imagen porta un listón negro. Foto: César Stalin Rodríguez.

Se inscribió en la Agencia de Tránsito el año anterior, pero no logró ingresar porque su licencia estaba caducada, este año iba postular de nuevo porque su sueño era ser policía, sino era futbolista, recuerda claramente su madre que asegura que hay un video que registra su promesa.  

“Mi hijo no es un delincuente ni narcotraficante como lo quieren hacer ver”, dice su madre. Ahora dicen que mi hijo tiene antecedentes penales. Jaqueline se refiere a la detención que sufrió Andrés en el año 2014 cuando su padre tuvo un accidente de tránsito y se fue contra un  hueco. “Mi papá estaba sangrando – dice Geno Padilla- y los policías en vez de auxiliarle  empezaron a rebuscar, tomaron lo de los fletes y mamá contaba con ese dinero para sus viajes, se llevaron el celular y las compras, por eso mi hermano Andrés se indignó y se peleó con la policía. Le echaron  gas y le decían negro hijo de tal. Lo insultaron, él los golpeo”.

Ocho días pasó detenido Andrés por agresión a la autoridad. Fue la única vez que tuvo problemas con los policías, precisó Geno, aunque asegura que los policías los discriminan por su color de piel. “Yo no sé porque odian al negro, es un odio mortal, le dan palo, no sabemos por qué, no entendemos. La policía nos dice negros ignorantes llega las 12 de la tarde y ya no piensan. Negros tontos, analfabetos nos dicen cuando pasamos cerca de la Policía”.

Pero no todos son así, interrumpe Jaqueline. Andrés jugaba con los policías del control de Mascarrilla, los antiguos, porque en el 2017 cambiaron al personal. “Por eso nosotros no exigimos nada del otro mundo, solo exigimos que se esclarezca y que se haga justicia, que pueda pagar la pena necesaria el culpable”.

Ricky es su tercer hijo, era el sustento de su casa, trabajaba en la camioneta llevando tomates, verduras y frutas para entregar a los mercados, con eso mantenía a su hija de 7 años y a su madre, aunque ella también aporta con su trabajo. El día en que Ricky murió justamente laboraba en Tulcán con su negocio de tomates.

Cuando recibió la llamada de su hermana regresó de inmediato a Ibarra.

 

Andrés Padilla tuvo dos sueños en su vida ser futbolista o policía. Foto: Facebook personal.

 

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23 de agosto de 2018. En el control policial de Mascarilla, la vía se encuentra obstaculizada. Varios autos están en la mitad de la calle, mientras algunos curiosos se acercan a ver qué pasó. A lado derecho se encuentra un uniformado de la Policía y una mujer afrodescendiente, cuando un agente policial del Grupo Especial de Operaciones (GOE) retrocede de la trifulca. Se da la vuelta, se coloca en posición de tiro y dispara contra un joven que corre en dirección a la misma trifulca. La bala impacta la parte posterior de la cabeza y el joven cae al asfalto. Indignado, un hombre corre tras el policía que se sube en una moto y se aleja del lugar. Así lo registra el video que circuló en las redes sociales.

Andrés Padilla, de 26 años, cae sobre el asfalto en el Control Integral de Mascarilla, luego de impacto de bala. Foto: captura de video

 

Ese hombre era Ricky. A eso de las 08:45, Geno Padilla recibió una llamada telefónica, su hermano estaba herido. Ella pidió que le trasladen a la clínica privada, ahí buscaría al especialista, pero Ricky no fue a la clínica. El personal de la ambulancia lo llevó al hospital San Vicente, de la ciudad de Ibarra. El argumento: en la clínica no había especialista, Geno dice que no es así, ella junto al médico los esperaban en la puerta.

Ricky fue ingresado al hospital a las 09:00, luego de que “pasó 45 minutos botado en el asfalto de la carretera – dice Geno – en el video se ve como pasa un patrullero y no le dan los primeros auxilios. No sabemos porque no le ayudaron pronto. Tenemos los bomberos en Ambuquí, las ambulancias del Peaje, pero no. Llamaron a una ambulancia de Pimampiro, imagínese a que distancia están ellos, por los menos 30 minutos para que lleguen”.

La primera en llegar al hospital fue Cintia Padilla, tía de Ricky. Ella vio a su sobrino en emergencias, pero no le dejaban entrar, por eso ingresó a las malas. “En el San Vicente no le hacían nada, entonces yo quería estar con mi sobrino, el guardia me dijo: señora no puede pasar, entonces cogí un palo y entré a la mala – comenta indignada Cintia-. Los policías me lanzaron gas, pero yo seguí. Ahí solo vi a las enfermeras no a los médicos. Ricky estaba con vida, por eso cuando él me oyó gritar, él  quiso pararse, pero no pudo (…) Era muy indignante, no le dieron auxilio. Nosotros creemos que también hubo negligencia”.

Cintia no entiende porque no le dejaban entrar, si cuando una persona está enferma siempre le acompaña otra, pero ese día no pasó así. “Nos echaron gas en el hospital, aun cuando estábamos con niños y Geno está embarazada de cinco meses”. Inclusive las enfermeras grabaron como nos echaban gas”. Luego nos informaron que Ricky no sobrevivió.

Tras conocer la noticia, varios familiares se movilizaron a la Fiscalía a presentar la denuncia para que se haga la necropsia al cuerpo y conocer a detalle el ingreso de la bala, mientras otro grupo se quedó en el hospital. Durante tres horas la familia no pudo ver el cuerpo de Ricky, más bien denuncian que los policías intentaron sacar su cuerpo del hospital. “Ellos querían sacar el cuerpo de mi hermano por la puerta de atrás –dice Geno Padilla-, entonces nosotros nos opusimos y como se armó un lío no pudieron llevárselo”.

A las 17:00, Jaqueline y Geno trasladaron a Ricky a su comunidad nativa, El Juncal.

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La audiencia de flagrancia contra David Velastegui, policía del GOE, que disparó contra Andrés, se preveía que se instale a las 19:00 del mismo día, pero no fue así. Un día después, a las 03:00 se llevó a cabo la diligencia en la Comandancia de la Policía.  Treinta minutos duró la audiencia. El juez dictó 30 días de instrucción fiscal por el delito de homicidio y prisión preventiva para el policía procesado.

Para Patricio Armijos, abogado del gendarme, la bala que impactó a Andrés provino de una mujer afrodescendiente que se encontraban en el lugar de los hechos. Su prueba es un video que fue ingresado en el expediente fiscal, pero también circula en las redes sociales. La mujer en el video alza sus manos justo al momento del disparo, se asusta luego se da la vuelta y continúa caminado. Sus manos están vacías.

Otro de los argumentos del jurista es que  "el 5 de septiembre se realizó una experticia de reconocimiento de evidencias, en la Policía Judicial de Ibarra, donde se encontró una esquirla de plomo deformada que no tiene nada ver con el tipo de bala que utiliza la Policía Nacional con sus pistolas de dotación de marca glock".

En la cabeza de Andrés hay un orificio de 9 milímetros y en el asfalto se encontró un casquillo de la misma medida que corresponde a una pistola que tiene ese calibre y que  es de uso de dotación policial, asegura Iván Campaña, abogado de la familia Padilla.  Lo único que no se encontró fue el recubrimiento balístico, que permitiría cotejar las estrías del cañón de la pistola que se utilizó.

Para Campaña, el recubrimiento “es tan solo un porcentaje de una prueba balística porque se tiene también el casquillo de donde salió ese pedazo de plomo y de donde se desprendió el recubrimiento balístico, el casquillo corresponde a una bala 9 milíme   tros, cuya marca es de un uso de la Policía Nacional”.

Jaqueline asegura que el lugar donde ocurrieron los hechos fue barrido horas después por las vendedoras del lugar y un día posterior, el sitio fue barrido por los bomberos que limpiaron la zona. No cuidaron las evidencias, asegura.

Este 24 de septiembre concluye la instrucción fiscal. Mientras tanto, el policía se encuentra en prisión preventiva en la cárcel número 4 de Quito, lugar donde están los presos políticos.  

Para la familia Padilla, la muerte de Andrés no es un homicidio, sino una ejecución extrajudicial cometida por un agente del Estado en servicio activo. La audiencia de reformulación de cargos se desarrollará este viernes 21 de septiembre, a las 08:00,  en la ciudad de Ibarra.