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La mañana de este sábado, 13 de octubre del 2018, se realizó la reconstrucción de la ruta técnica de la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 212, en el sector de la Ajaví, en el sur de Quito.

Contradicciones en la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia en caso Francisco Cajigas

  El fiscal Jefferson Ibarra y Angie Pinta, pareja de Francisco Cajigas, en la audiencia de juzgamiento.   El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar suspendió hoy, 12 de octubre de 2018, por segunda ocasión la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurrida en noviembre de 2015, en la ciudad de Ibarra. El caso se encuentra bajo escrutinio penal desde que se verificó que el cráneo de Francisco, muerto por un trauma cráneo encefálico, fue hallado en la ciudad de Esmeraldas bajo circunstancias poco claras. Los tres magistrados suspendieron la audiencia debido a la ausencia de dos testigos de los procesados Ángel N., médico legal del Centro Forense de Esmeraldas, y Leónidas F., auxiliar de medicina legal. La audiencia se instaló hoy a las 8:40 en la Sala 1 de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Esmeraldas. El fiscal Jefferson Ibarra presentó 4 pruebas testimoniales y 5 documentales. En la anterior audiencia llamó a 8 testigos. Por su parte, la defensa de los procesados presentó el testimonio de los tres implicados. El primero en hablar fue Leónidas F., de 28 años e ingeniero en Sistema Informático, que dijo no haber participado en el proceso de autopsia del cuerpo de Francisco, solo aseguró que el 1 de diciembre de 2015 recibió el mismo y al terminar su turno lo entregó a su compañero Sergio R., otro de los procesados.  Según Leónidas, el cuerpo del joven colombiano lo volvió a ver el 15 de diciembre de 2015, cuando estaba embalado y en fundas de color negro. Indicó no haber verificado si estaba completo el cuerpo previa a la entrega a sus familiares. El segundo interrogado fue el médico legal Ángel N., de 49 años.  Él señaló que realizó la autopsia del cuerpo con personal de medicina legal de Quito en el Centro Forense de Esmeraldas. Aseguró que el cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición por lo cual ordenó lavarlo.  Tras de ello, Ángel junto a la otra médica legal Sandra A., resolvieron desprender la cabeza para realizar los análisis que permitieran verificar la identidad del occiso. Según el médico legal, tras realizar la autopsia, el cuerpo de Francisco quedó bajo custodia del disector de turno, Sergio R., de 67 años, encargado de lavar y formolizar el cuerpo que estaba completo. Sergio fue el tercero en rendir su testimonio en la audiencia. Él asegura que en sus 30 años de experiencia ha lavado los cuerpos con agua de llaves, fría, caliente o a presión.  Él enfatizó ante los magistrados que por órdenes del doctor Ángel N. guardó la cabeza y clavícula de Francisco en una gaveta del refrigerador, la mismo que no registraba una rotulación, pues quien tenía la cadena custodia y había ordenado los nuevos exámenes debía conocer de este particular. También, dijo que Leónidas sí participó en el  proceso de autopsia y que el embalaje del cuerpo lo realizó junto a él, ya que es imposible que una persona  lo haga solo.  Además, precisó que, si la familia quería ver el cuerpo de Francisco, Leonidas F. no debía impedirlo. Tras escuchar los testimonios de los tres procesados, y ante la solicitud de la abogada de la defensa, el Tribunal de Garantías Penales suspendió la audiencia para asegurar la comparecencia de los testigos faltantes.  Para el fiscal del caso, la suspensión atenta contra el principio de inmediación y celeridad procesal. Además, que constituye una forma de revictimización a la familia porque han esperado un resultado de la audiencia de juzgamiento desde noviembre del año anterior. Daniel Véjar, coordinador jurídico de Inredh, coincide con el criterio que Fiscalía tiene sobre el sufrimiento y revictimización a las víctimas.  “Este proceso de por sí ha representado una lesividad importante para la familia colombiana – dice Véjar-, que no solo incurre en gastos económicos, sino que la falta de respuesta del Estado ha provocado que el proceso por ejecución extrajudicial este estancado y que la familia sufra afectaciones psicológicas graves”. También, le llama la atención la conducta de los juzgadores en el direccionamiento de la audiencia porque incurren en prácticas inquisitivas en el sistema oral acusatorio vigente con el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se espera que la audiencia se reanude en las primeras semanas de noviembre, aunque al momento se desconoce el día y hora exactos.                    

Audiencia de juzgamiento por alteración de evidencia en el cráneo de Francisco Cajigas se reinstala

Este 12 de octubre de 2018, a las 08:30, se reanudará la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano de 33 años víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Iglesia Cuadrangular no actuará en el caso de la desaparición de Juliana, pese a que el pastor titular es miembro de la institución

Elizabeth Rodríguez y Absalón Campoverde, padres de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida el 7 de julio de 2012, en la ciudad de Quito, se reunieron ayer, 9 de octubre de 2018, con los miembros de la junta directiva de la Iglesia Cuadrangular, en la ciudad de Guayaquil.

Ocho dirigentes de la comunidad La Toglla van a audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación

Este viernes, 05 de octubre de 2018, a las 9:00, en la Unidad Judicial Penal del Cantón Rumiñahui se desarrollará la audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación en contra de Darío Javier Iza Palaquinga y siete habitantes de la Comunidad Ancestral La Toglla debido a la demanda presentada por Clinio Edmundo Perugachi, asegurando que dichos implicados han ingresado y lo han despojado de su legítimo terrero, en 2016.

La bala que mató a Andrés Padilla en Mascarilla

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Jueves, 20 Septiembre 2018 17:26
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Por Mayra Caiza

“Corra le han matado a Ricky” fue lo primero que escuchó Jaqueline Delgado cuando contestó su celular. La llamada era de su hermana quien vio a su sobrino Andrés Martín Padilla Delgado  en el hospital San Vicente, en la ciudad de Ibarra.

Ese día, 23 de agosto de 2018, Jaqueline de 50 años, oriunda de la comunidad afrodescendiente El Juncal del Valle del Chota, provincia de Imbabura, salió de viaje con destino a Tulcán, mientras su hijo Andrés, más conocido como Ricky, se quedaba en casa para luego ir a la Ciudad Blanca a componer su camioneta.

“Algo tuvo que olvidarse en la casa, por eso se regresó”, dice su madre Jaqueline, mientras se agarra la cabeza con sus manos como queriendo entender qué pasó aquella mañana,  por qué  un policía sacó su arma y disparó contra su hijo que estaba de espaldas, en el Control Integrado de Mascarilla, en Imbabura, lugar donde culminó el operativo para recuperar una camioneta y una guincha proveniente de la parroquia de Salinas, ubicada a 3 kilómetros de Mascarilla.

En el video que consta en el expediente, según Jaqueline, se observa que su hijo Andrés de 26 años se bajó de su camioneta y caminó por el asfalto hasta el lugar donde estaban  los autos estacionados y más de una decena de personas.

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Andrés nació el 14 de agosto de 1992, pero nadie en el barrio ni en la familia lo llamaba así. Todos le decían Ricky, nombre que su madre le quiso dar, pero en el Registro Civil no le aceptaron. “Cómo le va a poner nombre de perro”, le dijeron, entonces le puso Andrés.  Fue la primera vez que sintió que le negaron un derecho a su hijo, que a los seis años empezó a entrenar en la Escuela de Futbol Agustín Delgado, ex delantero de la selección de Ecuador.

“Mi hijo era futbolista y jugaba como marcador izquierdo en el Valle del Chota que quedó campeón. Por su destreza le pidieron que juegue en el Mushuc Runa hasta que les hizo campeones”, dice su madre que recuera que por amor al futbol, Ricky dejó de estudiar cuando cursaba el 5 curso de mecánica automotriz, en el Colegio Técnico del Valle, pues iría a jugar a Quito, en el Independiente del Valle; sin embargo, su pase no fue vendido.

Sin equipo y luego de abandonar los estudios, Ricky volvió a El Juncal. Ahí logró reintegrase a las clases. Se graduó como mecánico  y continúo jugando, pero ya en otro equipo. Esta vez entrenaba en el Grecia que disputaba el campeonato nacional de Serie B, pero no se sentía igual, sintió que el futbol no le daba nada. Cinco años después lo dejó y optó por seguir con su segundo sueño, ser policía.

 

Andrés Padilla en la selección de futbol. Su imagen porta un listón negro. Foto: César Stalin Rodríguez.

Se inscribió en la Agencia de Tránsito el año anterior, pero no logró ingresar porque su licencia estaba caducada, este año iba postular de nuevo porque su sueño era ser policía, sino era futbolista, recuerda claramente su madre que asegura que hay un video que registra su promesa.  

“Mi hijo no es un delincuente ni narcotraficante como lo quieren hacer ver”, dice su madre. Ahora dicen que mi hijo tiene antecedentes penales. Jaqueline se refiere a la detención que sufrió Andrés en el año 2014 cuando su padre tuvo un accidente de tránsito y se fue contra un  hueco. “Mi papá estaba sangrando – dice Geno Padilla- y los policías en vez de auxiliarle  empezaron a rebuscar, tomaron lo de los fletes y mamá contaba con ese dinero para sus viajes, se llevaron el celular y las compras, por eso mi hermano Andrés se indignó y se peleó con la policía. Le echaron  gas y le decían negro hijo de tal. Lo insultaron, él los golpeo”.

Ocho días pasó detenido Andrés por agresión a la autoridad. Fue la única vez que tuvo problemas con los policías, precisó Geno, aunque asegura que los policías los discriminan por su color de piel. “Yo no sé porque odian al negro, es un odio mortal, le dan palo, no sabemos por qué, no entendemos. La policía nos dice negros ignorantes llega las 12 de la tarde y ya no piensan. Negros tontos, analfabetos nos dicen cuando pasamos cerca de la Policía”.

Pero no todos son así, interrumpe Jaqueline. Andrés jugaba con los policías del control de Mascarrilla, los antiguos, porque en el 2017 cambiaron al personal. “Por eso nosotros no exigimos nada del otro mundo, solo exigimos que se esclarezca y que se haga justicia, que pueda pagar la pena necesaria el culpable”.

Ricky es su tercer hijo, era el sustento de su casa, trabajaba en la camioneta llevando tomates, verduras y frutas para entregar a los mercados, con eso mantenía a su hija de 7 años y a su madre, aunque ella también aporta con su trabajo. El día en que Ricky murió justamente laboraba en Tulcán con su negocio de tomates.

Cuando recibió la llamada de su hermana regresó de inmediato a Ibarra.

 

Andrés Padilla tuvo dos sueños en su vida ser futbolista o policía. Foto: Facebook personal.

 

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23 de agosto de 2018. En el control policial de Mascarilla, la vía se encuentra obstaculizada. Varios autos están en la mitad de la calle, mientras algunos curiosos se acercan a ver qué pasó. A lado derecho se encuentra un uniformado de la Policía y una mujer afrodescendiente, cuando un agente policial del Grupo Especial de Operaciones (GOE) retrocede de la trifulca. Se da la vuelta, se coloca en posición de tiro y dispara contra un joven que corre en dirección a la misma trifulca. La bala impacta la parte posterior de la cabeza y el joven cae al asfalto. Indignado, un hombre corre tras el policía que se sube en una moto y se aleja del lugar. Así lo registra el video que circuló en las redes sociales.

Andrés Padilla, de 26 años, cae sobre el asfalto en el Control Integral de Mascarilla, luego de impacto de bala. Foto: captura de video

 

Ese hombre era Ricky. A eso de las 08:45, Geno Padilla recibió una llamada telefónica, su hermano estaba herido. Ella pidió que le trasladen a la clínica privada, ahí buscaría al especialista, pero Ricky no fue a la clínica. El personal de la ambulancia lo llevó al hospital San Vicente, de la ciudad de Ibarra. El argumento: en la clínica no había especialista, Geno dice que no es así, ella junto al médico los esperaban en la puerta.

Ricky fue ingresado al hospital a las 09:00, luego de que “pasó 45 minutos botado en el asfalto de la carretera – dice Geno – en el video se ve como pasa un patrullero y no le dan los primeros auxilios. No sabemos porque no le ayudaron pronto. Tenemos los bomberos en Ambuquí, las ambulancias del Peaje, pero no. Llamaron a una ambulancia de Pimampiro, imagínese a que distancia están ellos, por los menos 30 minutos para que lleguen”.

La primera en llegar al hospital fue Cintia Padilla, tía de Ricky. Ella vio a su sobrino en emergencias, pero no le dejaban entrar, por eso ingresó a las malas. “En el San Vicente no le hacían nada, entonces yo quería estar con mi sobrino, el guardia me dijo: señora no puede pasar, entonces cogí un palo y entré a la mala – comenta indignada Cintia-. Los policías me lanzaron gas, pero yo seguí. Ahí solo vi a las enfermeras no a los médicos. Ricky estaba con vida, por eso cuando él me oyó gritar, él  quiso pararse, pero no pudo (…) Era muy indignante, no le dieron auxilio. Nosotros creemos que también hubo negligencia”.

Cintia no entiende porque no le dejaban entrar, si cuando una persona está enferma siempre le acompaña otra, pero ese día no pasó así. “Nos echaron gas en el hospital, aun cuando estábamos con niños y Geno está embarazada de cinco meses”. Inclusive las enfermeras grabaron como nos echaban gas”. Luego nos informaron que Ricky no sobrevivió.

Tras conocer la noticia, varios familiares se movilizaron a la Fiscalía a presentar la denuncia para que se haga la necropsia al cuerpo y conocer a detalle el ingreso de la bala, mientras otro grupo se quedó en el hospital. Durante tres horas la familia no pudo ver el cuerpo de Ricky, más bien denuncian que los policías intentaron sacar su cuerpo del hospital. “Ellos querían sacar el cuerpo de mi hermano por la puerta de atrás –dice Geno Padilla-, entonces nosotros nos opusimos y como se armó un lío no pudieron llevárselo”.

A las 17:00, Jaqueline y Geno trasladaron a Ricky a su comunidad nativa, El Juncal.

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La audiencia de flagrancia contra David Velastegui, policía del GOE, que disparó contra Andrés, se preveía que se instale a las 19:00 del mismo día, pero no fue así. Un día después, a las 03:00 se llevó a cabo la diligencia en la Comandancia de la Policía.  Treinta minutos duró la audiencia. El juez dictó 30 días de instrucción fiscal por el delito de homicidio y prisión preventiva para el policía procesado.

Para Patricio Armijos, abogado del gendarme, la bala que impactó a Andrés provino de una mujer afrodescendiente que se encontraban en el lugar de los hechos. Su prueba es un video que fue ingresado en el expediente fiscal, pero también circula en las redes sociales. La mujer en el video alza sus manos justo al momento del disparo, se asusta luego se da la vuelta y continúa caminado. Sus manos están vacías.

Otro de los argumentos del jurista es que  "el 5 de septiembre se realizó una experticia de reconocimiento de evidencias, en la Policía Judicial de Ibarra, donde se encontró una esquirla de plomo deformada que no tiene nada ver con el tipo de bala que utiliza la Policía Nacional con sus pistolas de dotación de marca glock".

En la cabeza de Andrés hay un orificio de 9 milímetros y en el asfalto se encontró un casquillo de la misma medida que corresponde a una pistola que tiene ese calibre y que  es de uso de dotación policial, asegura Iván Campaña, abogado de la familia Padilla.  Lo único que no se encontró fue el recubrimiento balístico, que permitiría cotejar las estrías del cañón de la pistola que se utilizó.

Para Campaña, el recubrimiento “es tan solo un porcentaje de una prueba balística porque se tiene también el casquillo de donde salió ese pedazo de plomo y de donde se desprendió el recubrimiento balístico, el casquillo corresponde a una bala 9 milíme   tros, cuya marca es de un uso de la Policía Nacional”.

Jaqueline asegura que el lugar donde ocurrieron los hechos fue barrido horas después por las vendedoras del lugar y un día posterior, el sitio fue barrido por los bomberos que limpiaron la zona. No cuidaron las evidencias, asegura.

Este 24 de septiembre concluye la instrucción fiscal. Mientras tanto, el policía se encuentra en prisión preventiva en la cárcel número 4 de Quito, lugar donde están los presos políticos.  

Para la familia Padilla, la muerte de Andrés no es un homicidio, sino una ejecución extrajudicial cometida por un agente del Estado en servicio activo. La audiencia de reformulación de cargos se desarrollará este viernes 21 de septiembre, a las 08:00,  en la ciudad de Ibarra.