Ecuador: personas de la tercera edad frente al COVID-19

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Jueves, 23 Julio 2020 19:09
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El 2020 arrancó con una pandemia considerada una de las más peligrosas en el último siglo, misma que se puede evidenciar en las más de 14.4 millones de personas contagiadas y las 606.922 muertes por el virus en el mundo, hasta este 20 de julio. De esta cifra, se estima que más del 80% pertenece a personas adultas mayores de 65 años[1], considerados un grupo vulnerable y que en este contexto se ha visto limitada aún más su movilidad, su capacidad laboral y, en consecuencia, sus condiciones de vida en general, como veremos a continuación.

Desde el 31 de diciembre del 2019 que se notificó, por primera vez, los casos de Coronavirus o COVID-19, en Wuhan, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ido estableciendo los síntomas para identificar al portador de COVID-19, entre los cuales destacan “la falta de aliento, fiebre, tos seca, escalofríos y dolores corporales, confusión repentina, problemas digestivos, conjuntivitis, pérdida del olfato y del gusto, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta y congestión”.

Como una medida para enfrentar la propagación del virus y la desaceleración del contagio, muchos países ordenaron el confinamiento en los hogares, el cierre de las fronteras y declararon estado de excepción, limitando el derecho a la movilidad y a la agrupación. También, desde la sociedad civil se impulsó, a través de redes sociales, la campaña ‘#QuédateEnCasa’, como una de las medidas más efectivas para enfrentar al virus.

Asimismo, la OMS, refirió que los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas son más propensos a experimentar síntomas severos si contraen la enfermedad, por lo que sugiere mayor riesgo de mortalidad en el caso de contraer la enfermedad, colocando a esta facción de la población en una situación delicada frente a la pandemia.

En China, especialmente Wuhan, epicentro de la epidemia, “las autoridades chinas [adoptaron] medidas drásticas para frenar la propagación del virus… [impusieron] el aislamiento a más de 50 millones de personas” (El Comercio, 2020). El daño estaba hecho, la globalización, el inmenso tránsito humano y la sintomatología del virus hizo posible la propagación a escala mundial.

Persona de la tercera edad recostada en el piso sin vida, usando mascarilla. Foto: AFP

En esta foto se puede observar dos cosas, la primera: los adultos mayores son población vulnerable frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Y dos: la indiferencia con la que los dejamos atrás, ¿quiénes?, todos los que no pasamos de los 65 años (resto de la sociedad).

En ese sentido, uno de los países más afectados por el virus fue Italia. A mediados de marzo de 2020, lideraba las tablas de mortalidad en el mundo con cifras que en su mayoría les pertenecían a personas de la tercera edad:

“Las estadísticas se vuelven más desalentadoras a medida que los pacientes envejecen. Mientras que los pacientes entre 60-70 años tienen un 0,4% de probabilidades de fallecer, los de 70-80 tienen un 1,3%, y los mayores de 80, del 3,6%. Aunque no parezcan unas probabilidades de muerte muy elevadas, en el actual brote que está experimentando Italia, el 83% de quienes sucumbieron ante la infección de Covid-19 tenía más de 60 años” (BRIAN GEISS, 2020) 

En cuanto a Ecuador, la primera persona identificada como portadora del virus llegó al país el 29 de febrero y desde ahí se comenzaron a dar varios casos de contagios. Después de dos semanas de su llegada, las autoridades deciden llamar al confinamiento social el 17 de marzo de 2020.

Para esto, los gobiernos garantizaban los servicios de salud, justicia, seguridad, provisión de alimentos y sectores estratégicos; en el caso de Ecuador, el gobierno ecuatoriano para esta emergencia sanitaria puso a disposición la utilización de recursos que serían manejados a través del Ministerio de Finanzas.

Es más, en su página oficial de la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida , en el contexto de la emergencia sanitaria, estableció a las personas con enfermedades crónicas, discapacidad y de la tercera edad como grupos de atención prioritaria. Ante esto, pone a disposición hospitales, redes y servicios de apoyo para salvaguardar sus condiciones de vida, mismos que son vitales para enfrentar la pandemia, así seas o no parte de los grupos prioritarios.

Sin embargo, los casos fueron en aumento y a un mes de haberse declarado el estado de emergencia el país contaba con 9.468 casos positivos.[2] Tal es el caso de la ciudad de Guayaquil que, entre marzo y abril de 2020, los cadáveres se apilaban en las aceras, a la espera, en el mejor de los casos, de un servicio fúnebre digno, debido a que, según el COE Nacional, los hospitales y servicios fúnebres públicos y privados estaban desbordados.

Además, de acuerdo a denuncias públicas presentadas por familiares a través de redes sociales y organizaciones de derechos humanos, se evidenció los problemas para implementar los protocolos de bioseguridad para el manejo de las personas fallecidas a causa del virus, la poca capacidad de los servicios exequiales y el extravío de los cadáveres en los hospitales públicos.

Según Cifras Actualizadas del Covid-19 en Ecuador por la revista GK, en el territorio ecuatoriano existen 8.692 fallecidos, de los cuales 5.313 son casos confirmados por COVID-19 y 3.379 son por sospecha, hasta el 19 de julio. De los cuales, 1152 fueron personas de más de 50 años, adicionalmente se puede desglosar a 3358 pacientes mayores a 50 años  que están luchando con el virus. Como podremos apreciar en el siguiente cuadro:


                                                                                                Revista Digital GK

Hoy más que nunca es necesario mostrar las adversidades por las que están pasando las poblaciones en estado de vulnerabilidad. Por ende y debido al alto índice de mortalidad de personas adultas mayores, a la flexibilización de las medidas de movilidad y al colapso inminente del sistema sanitario, es pertinente y necesario analizar, desde el enfoque de derechos humanos, la situación de los adultos mayores en el Ecuador frente a la crisis del COVID 19.

Los derechos humanos enfocados a las personas de la tercera edad

Tomando en cuenta el Protocolo adicional de Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado Protocolo de San Salvador en el artículo 17 señala:

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:

  1. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;
  2. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos;
  3. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.

(Organización de los Estados Americanos, 1988)

Es decir, de acuerdo a lo expuesto se debe garantizar atención prioritaria para las personas de tercera edad, hay derechos que están direccionados específicamente para ellos. En el contexto de esta emergencia sanitaria se procede a analizar aquellos derechos que son primordiales atender para asegurar una vida digna para los adultos mayores:

  • Integridad, dignidad y de preferencia, por ende, el Estado debe dar la protección para que las personas ancianas accedan a la vida plena. Tener una vida plena implica tener una Personal – Profesional – Familiar – Social – Económica – Financiera.
  • La certeza jurídica, que sea tratados, acorde al debido proceso, además, que las autoridades otorguen un trato digno en procesos judiciales, así como asesoría gratuita y protección de su patrimonio.
  • A salud, alimentación y la familia. - las personas de tercera edad deben recibir la atención integral facilitando los servicios médicos y dando la capacitación y orientación en temas de nutrición, higiene y cuidado personal.
  • A educación como a la actualización de sus conocimientos incluyendo capacitación sobre envejecimiento.
  • Al trabajo u opciones que les permita tener un ingreso propio.
  • Asistencia social para los adultos mayores implica que el Estado debe dar soporte en caso de desamparo, desempleo, discapacidad y pérdida de los medios de subsistencia.
  • Participación. - las personas en ancianidad deben tener la posibilidad de intervenir en las decisiones que afecten directamente a su bienestar, ciudad, barrio, calle. Así como también en eventos culturales, deportivos o cualquier consulta ciudadana.
  • La denuncia popular así cualquier persona, grupo social, movimiento social, ONG o sociedades podrán denunciar la violación de los derechos humanos de las personas de la tercera edad.
  • Acceso a servicios. - Tanto hombres como mujeres a partir de 60 años deben ser atendidos de manera preferencial en establecimientos públicos y privados, cuya estructura debe facilitar su acceso. Lo que implica al servicio público.

Según proyecciones del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) para finales del 2020, en Ecuador existirá una población aproximada de 1.3 millones de personas mayores de 65 años. Según el artículo 37 de la Constitución, a partir de esa edad, estas personas ya son consideradas como un grupo de atención prioritaria. Esto significa que deben recibir atención prioritaria y especializada, tanto en el sector público como privado

Según decreto ejecutivo 1017 de 16 de marzo de 2020, en el artículo 1, literal a, de la parte resolutiva insta a que las autoridades en el marco de sus competencias observen el hecho de que “bajo los controles debidos sanitarios, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas en situación de calle y a otras personas en situaciones de vulnerabilidad a causa de las medidas adoptadas con fundamento en el estado de excepción”.

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 35 indica como grupos vulnerables o de atención prioritaria, a: “las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad”.

En este escrito mostraremos algunas situaciones que suceden en el Ecuador a raíz de la crisis sanitaria provocada por la propagación del COVID-19 y como el Estado no está garantizando el cumplimiento de algunos de los derechos de las personas de la tercera edad, estipulados en el art. 37 de la constitución.

  • Desde lo económico

El Censo de Población y Vivienda del INEC 2010, indica que el 57.4% de la población adulta mayor se encuentra en condiciones de pobreza o extrema pobreza y son pocos los que acceden a recibir una pensión patronal.

De tal manera, que no todas las personas adultas mayores en el país se encuentran en las mismas condiciones sociales y económicas, o llegan a la vejez, en una situación digna. La mayor parte de esta población no cuenta con una fuente fija de ingresos que les permita subsistir. Algunos no acceden con una jubilación digna, ni atención de sus familias, ni del Estado por lo que tienen que trabajar. Según el Consejo de Igualdad Intergeneracional, la falta de ingresos es uno de los principales problemas de la población adulta mayor.

Aunque la Constitución garantiza acceso a un trabajo remunerado, según sus capacidades y limitaciones (Art. 35 CRE), no todos los adultos mayores necesitados tienen acceso a un empleo digno. El Estado tampoco ha establecido políticas claras o efectivas, de ayuda o sostenimiento social y económico. Esta situación provoca que los y las adultas mayores se dediquen a buscar de alguna forma, ingresos para su subsistencia como el comercio informal, realizar trabajos de limpieza, prestar servicios de albañilería o de estibadores, y en otros casos más preocupantes, a la mendicidad.

Estos datos nos ponen en alerta, sobre todo, en este momento crucial por el cual atraviesa el país, frente a la pandemia del COVID-19. Las y los adultos mayores, debido a sus condiciones de salud y calidad de vida, se encuentran entre los grupos vulnerables. Las medidas de control al comercio informal tomadas por las autoridades para la prevención de más contagios por el COVID-19, afectan significativamente los ingresos económicos de la población adulta mayor que vive de la venta de productos en la calle.

  • Vulnerabilidad desde la salud

Uno de los aspectos a tomar en consideración de la población adulta mayor es la referencia de la salud como un derecho. Frente a la decadencia biológica y funcional del cuerpo de un adulto mayor, sumado el riesgo de contagio de un virus altamente mortal en casos con enfermedades crónicas o sistemas de inmunodeficiencia  bajos, despierta una inmediata preocupación por garantizar el acceso a la salud.

Siguiendo con  lo mencionado, un elevado porcentaje de la población adulta mayor no tiene acceso al servicio de salud de la seguridad social, muchos de ellos dependen de trabajos y empleo no adecuado, estos son calificados como independientes, pero no garantizan la subsistencia ni calidad de vida que incluye acceso a un seguro de  salud y mucho menos optar por asistencia de salud privada.

Partiendo de que la población adulta mayor, está en el 10% de la población en general, o sea alrededor de 1 '662.000 personas. De esta cifra, según el Boletín Estadístico del INEC a finales del 2018, apenas 468.717 están registrados como pensionistas de jubilación, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ya sea por montepío, invalidez, riesgos de trabajo, y los casos por vejez, registran un número de jubilados de 359.113. Estas cifras demuestran que, del total de la población adulta mayor, es solo el 21.60%, que gozan de un sustento para sus años de retiro. Menos de la cuarta parte de la población adulta en el Ecuador posee un ingreso fijo a final de mes, el resto debe ingeniárselas para conseguir ingresos, mismos que hoy con las restricciones de movilidad e índices de desempleo causados por la pandemia son imposibles.

Por otro lado, es importante señalar que, desde la lógica y espíritu de solidaridad de la Seguridad Social, el IESS, desde el aspecto de la jubilación, empieza a dar mayor importancia en esta última década a garantizar la salud a través de programas.

Según la Gerontóloga Esperanza García del IESS de Quito, opina:

La incorporación de los adultos mayores inclusive antes de su jubilación a los centros de recreación que el IESS, va generando para hacer gimnasia, bailoterapia, música, manualidades, taichí, yoga, talleres de manualidades y artes plásticas, que ayudan a desarrollar la creatividad, mejorar la memoria, la inteligencia emocional, la autoestima, que van contribuyendo a mantener capacidades motoras y va cambiando y mejorando la calidad de vida. La jubilación no tiene que ser sinónimo de sedentarismo

Estos espacios a más de mejorar la condición de su cuerpo al adulto mayor, ha permitido conocer nuevas amigas para compartir como con otra familia, hay solidaridad comparten como pasar en casa, se organizan paseos a diferentes partes del país, se organizan con directivas para recolectar fondos.

El IESS va creando estos espacios para adultos mayores dentro del Programa de envejecimiento Activo y Saludable, con talleres de terapia ocupacional. Socio recreativo y de integración, orientada a la promoción, prevención y cuidado de la salud de los adultos mayores, programas que mitigan las precarias condiciones en las que se encuentran nuestros ancianos/as, mismo que deberían ser defendidos y potenciados.

  • Violencia contra adultos mayores

Actualmente en el Ecuador, 2.975 adultos mayores viven en condiciones de pobreza y descuido, según las estadísticas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y más del 45% viven en extrema pobreza. El 14, 6% de hogares en todo el Ecuador se compone de un adulto mayor viviendo solo, el 14,9 % son víctimas de negligencia, maltrato y abandono mientras que el 74,3% no accede a seguridad social.

La Violencia intrafamiliar y el desalojo de sus viviendas, la pérdida de su patrimonio son solo unos de los tantos ejemplos que sufren los adultos mayores en el país, según las cifras mostradas. Además, según la Organización de Naciones Unidas (ONU) este grupo vulnerable sufre el 95% de maltrato psicológico, el 85% sufre de insultos por parte de sus familiares, el 40% sufre amenazas de muerte y el 48.8% sufre de rechazo, de sus familiares y amigos más cercanos.

Después del análisis de estas cifras  podemos determinar que  en Ecuador hay un gran porcentaje de adultos mayores que han sufrido y sufren violencia intrafamiliar de cualquier tipo, a pesar  que la Constitución establece leyes para la atención prioritaria y de calidad de estos grupos vulnerables, pero en la práctica su ejecución y cumplimiento tiene que sortear muchas dificultades de presión social, política y económica.

El maltrato de las personas mayores puede conllevar lesiones físicas –desde rasguños y moretones menores a fracturas óseas y lesiones craneales que pueden provocar discapacidades– y secuelas psicológicas graves, a veces de larga duración, en particular depresión y ansiedad. Para las personas mayores las consecuencias del maltrato pueden ser especialmente graves porque sus huesos pueden ser más frágiles y la convalecencia más larga. Incluso, lesiones relativamente menores pueden provocar daños graves y permanentes, o la muerte.

Para la ONU hay varios factores que incrementan que los adultos mayores sufran malos tratos:

  • Individuales

Entre los riesgos del ámbito individual se incluyen la mala salud física y mental de la víctima y los trastornos mentales y abuso del alcohol y las sustancias psicotrópicas en el caso del agresor. Entre otros factores individuales que pueden incrementar el riesgo de malos tratos se incluyen el sexo de la víctima y el hecho de compartir vivienda.

  • Relacionales

Compartir la vivienda es un factor de riesgo para el maltrato de las personas mayores. Está por determinar aún si son los cónyuges o los hijos adultos de las personas mayores quienes más probabilidades tienen de perpetrar los malos tratos. Cuando el agresor depende de la persona mayor (a menudo económicamente) también es mayor el riesgo de malos tratos. En algunos casos, si hay antecedentes de relaciones familiares disfuncionales la situación puede empeorar debido al estrés cuando aumenta la dependencia de la persona mayor. Finalmente, con la incorporación de las mujeres al mundo laboral y la reducción del tiempo que tienen disponible, atender a los parientes mayores puede pasar a ser una carga más pesada que incrementa el riesgo de maltrato.

  • Comunitarios

El aislamiento social de los cuidadores y de las personas mayores, y la consiguiente falta de apoyo social, es un importante factor de riesgo para el maltrato de las personas mayores por parte de sus cuidadores. Muchas personas mayores están aisladas por la pérdida de capacidades físicas o mentales, o por la pérdida de amigos y familiares.

  • Socioculturales

Entre los factores socioculturales que pueden afectar al riesgo de maltrato de las personas mayores se incluyen los siguientes:

  • estereotipos basados en la edad según los cuales las personas mayores son representadas como frágiles, débiles y dependientes;
  • la representación de las personas mayores como frágiles, débiles y dependientes;
  • el debilitamiento de los vínculos entre las generaciones de una misma familia;
  • los sistemas sucesorios y de derechos de tierras, que afectan a la distribución del poder y de los bienes materiales en las familias;
  • la migración de las parejas jóvenes, que dejan a los padres ancianos solos en sociedades en las que tradicionalmente los hijos se han ocupado de cuidar a las personas mayores;
  • la falta de fondos para pagar los cuidados.

En los establecimientos institucionales, es más probable que se produzca maltrato si:

  • los niveles de la atención sanitaria, los servicios sociales y los centros asistenciales para las personas mayores no son adecuados;
  • el personal está mal formado y remunerado, y soporta una carga de trabajo excesiva;
  • el entorno físico es deficiente;
  • las normas favorecen más los intereses del centro institucional que los de los residentes.

Un claro ejemplo que puede reflejar las cifras anteriores es en la parroquia de Toacazo del Cantón Latacunga, en la Provincia de Cotopaxi, donde, según datos proporcionados por el presidente de la Junta parroquial, existen aproximadamente 1.500 ancianos en estado de vulnerabilidad, y de esa cantidad por lo menos un 40% en condiciones de extrema pobreza y abandono de sus familias, un 20% han tenido que asumir las funciones de cabeza de hogar por la migración de sus hijos. Este es un fenómeno acentuado en las provincias de Chimborazo, Azuay, Loja, en especial en las comunidades indígenas y blanco mestizas pobres, donde cientos de familias se han disgregado por la migración y muchas de ellas quedan en manos de adultos mayores con altos grados de vulnerabilidad, económica, psicológica, física y carentes de niveles mínimos de educación y un gran porcentaje de analfabetismo.

Generalmente, los adultos mayores tienen temor de asumir una función que física y mentalmente no están capacitados para cumplirla, de allí que se genera el abandono, el maltrato físico y psicológico, de sus propias familias y, en muchos casos, la muerte de los adultos mayores. Es una realidad que la viven tanto el pueblo campesino, el pueblo montubio, en el pueblo afrodescendiente, como en la Amazonía. (Luis Picha, presidente de la junta parroquial de Toacazo)

A partir de la crisis sanitaria que como país estamos sufriendo, específicamente en esta parroquia la condición del adulto mayor ha empeorado. Muchos hijos han dejado de ir a visitar a sus padres, personas adultas mayores, a pesar de que viven solos, y, ahora, están recibiendo la ayuda de las autoridades de la Junta Parroquial, sin embargo, la ayuda no es suficiente para abarcar la totalidad. Por eso, el gobierno de Toacazo está buscando ayuda humanitaria para poder llegar a todos estos ancianos que se encuentran en situación crítica.

Aparentemente este fenómeno no es visibilizado claramente en las grandes urbes como Quito y Guayaquil, la vorágine de su funcionamiento disimula su lacerante existencia. Basta salir a las calles céntricas de estas ciudades para darnos cuenta de esto, hay muchos ancianos que son obligados a mendigar y obtener recursos de la caridad, en la Av. 6 de Diciembre, en la entrada del Centro Comercial Quicentro hay una pareja de ancianos que los dejan allí desde las 7:00 de la mañana hasta las 21:00. En el Centro Histórico, en la Plaza Grande hay decenas de ancianos que permanecen allí casi todo el día, unos huyendo de la violencia intrafamiliar, algunos por voluntad propia, otros que buscan compañía para mitigar su soledad; y si vamos al sur, se los mira deambulando sin un norte, taciturnos, cargados de dolor y angustia. Esta situación se replica en menor o mayor nivel en las demás ciudades.

El psicólogo Rodrigo Tenorio señala:

La violencia que sufre el adulto mayor en su familia es la que genera mayores problemas psicológicos. “Una persona de avanzada edad que siente rechazo de sus hijos o de sus nietos tiende a deprimirse. Cuando presenta este cuadro es difícil que lo pueda superar porque generalmente no accede a ayuda especializada.

El especialista considera que una persona que tiene más de 70 años no tiene la fortaleza suficiente para superar sus problemas. “Es por eso que necesita el apoyo de su círculo social más cercano”, explica.

Podemos establecer que lo que se ha descrito a breves rasgos en Ecuador, es un lugar común en nuestra América Latina, con ciertos niveles de diferencia en el trato a los ancianos y ancianas de la región, pero se podría afirmar que en la ruralidad de nuestras naciones la vulnerabilidad de ellos es alta y las leyes implementadas para su protección son letra muerta.

Miremos esta situación al futuro, lo que pinta no es nada alentador ya que según datos de la ONU, habría más de 700 millones de personas mayores de 60 años, y con una proyección de más de 2.000 millones para el año 2050, lo que representaría que el 20% de la población del planeta estará en el grupo de la tercera edad, concentrándose en su mayor porcentaje en las naciones de Europa y países desarrollados, entre comillas, a consecuencia de la reducción de la natalidad y la reducción, por ende, de la población joven, fenómeno que también se está replicando en los países de Sudamérica.

La ONU ha trazado directrices para mejorar la calidad de vida de esta población: Dar mayor visibilidad a estas personas como partes activas integrantes de la sociedad. Los países deben comprometerse a cumplir los derechos en diversos ámbitos de la vida y no solo de aquellos que los afectan de manera inmediata. Reflexionar sobre el progreso y los desafíos para garantizar el disfrute pleno e igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad adulta. Involucrar a la sociedad para vigilar el cumplimento de los derechos de estas personas

Si bien es cierto los organismos internacionales como la ONU han establecido una serie de normativas y directrices para solventar esta realidad y forzar a los Estados miembros a cumplir con los derechos de los adultos mayores y proporcionarles un mejor estado de vida, donde el respeto a su dignidad no se vea menoscabado, por desgracia la realidad está muy lejos de cumplirse por decir lo menos posible. Los estados mantienen a los grupos de atención prioritaria en sus discursos, jactándose de trabajar en beneficio de estos, pero no se los ve implementado leyes prácticas y factibles en favor de la ancianidad.

Los derechos de los adultos mayores han sido transgredidos a consecuencia de que el Estado ecuatoriano no ha podido garantizar el goce pleno de los derechos de las personas de la tercera edad; y con la pandemia se exacerba la vulnerabilidad de este grupo.

No hay medidas que garanticen el cuidado responsable para personas de la tercera edad, en proporcionarle salud, estabilidad económica y seguridad. Además, sumar situaciones como el descuido y abandono familiar, son agravantes para que la pandemia que estamos atravesando los vuelva más vulnerables. El Estado debería priorizar su atención primaria, sobre todo en las áreas deprimidas de las ciudades y del campo, que históricamente han sido olvidadas y tomadas en cuenta sólo en periodos de campaña política.

No basta con pedir que se queden en casa, las instituciones encargadas del cuidado de los ancianos deberían llegar con su contingencia a esos lugares y brindarles la protección necesaria para que puedan sustentar esta crisis de una manera efectiva y no se conviertan en cifras de fallecidos en nuestro país.

Por:

  • Calvopiña Evelyn: Ingeniera en Administración de la Universidad Central del Ecuador. Acompañamiento y asesoría en fortalecimiento organizativo, diseño de proyectos y capacitación a jóvenes

  • García Ingrid: Socióloga con Mención en RR. II. de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Defensora de Derechos Humanos. Coordinadora del Área de Fortalecimiento INREDH.

  • Pérez Miguel Ángel: quiteño de 23 años, voluntario de la Fundación INREDH. Egresado de Sociología en la Universidad Central del Ecuador.

  • Vaca Karen: Historiadora en Cultura Andina, investigadora, defensora de derechos colectivos y voluntaria del área de Fortalecimiento de INREDH

  • Villarreal Beatriz: Licenciada en Trabajo Social, Especialista en Derechos Humanos. Coordinadora Social del área de Fortalecimiento de INREDH

 

Referencias

BRIAN GEISS. (23 de marzo de 2020). El País. Obtenido de Por qué el coronavirus es más peligroso para los ancianos: https://bit.ly/2UUO5Gj

El Comercio. (31 de enero de 2020). El Comercio.com. Obtenido de Un hombre yace muerto en la calle en Wuhan, foco de la epidemia del coronavirus en China: https://bit.ly/3bEaKNK

Organización de los Estados Americanos. (17 de noviembre de 1988). OAS. Documentos oficiales; OEA. Obtenido de Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales: “Protocolo de San Salvador”: https://bit.ly/2yr4FWI

Johns Hopkins University, Coronavirus Resource Center https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Netgrafia

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200527/100000-muertos-sombria-marca-coronavirus-eeuu-7977615

https://www.elcomercio.com/actualidad/coronavirus-mata-jovenes-brasil-pandemia.html

https://es.panampost.com/mamela-fiallo/2020/04/20/95-muertos-covid-ancianos/

 

 

 

[1] Basándonos en las cifras publicadas de mortalidad de adultos mayores en esta pandemia tanto de EE.UU (80%), Brasil (69%) y Europa (95% hasta Mayo de 2020 donde llegaron al pico de contagios). Revisar la netgrafia.

[2] Ecuador reporta 446 nuevos casos de covid-19 en 24 horas, este 19 de abril del 2020.

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