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Misión de verificación de la situación actual de las víctimas de la empresa Furukawa

Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

Reanudan búsqueda de Carolina Garzón sin presencia del Fiscal

La mañana de este lunes 22 de julio se realizó una búsqueda en las riveras del río Machángara por la desaparición de Carolina Garzón en abril 2012. La diligencia estuvo señalada a las 9h00, sin embargo comenzó una hora más tarde sin la presencia de Jorge Flores, fiscal del caso.

Comunicado Público: Es imperativo cierre de Iglesia Oasis de Esperanza, Confraternidad Evangélica nunca fue solidaria

Las organizaciones y personas que apoyamos la lucha para saber la verdad sobre la desaparición de Juliana Campoverde y lograr sanción a los responsables, nos pronunciamos ante la posición asumida por la Confraternidad Evangélica que cuestiona el cierre de la Iglesia Oasis de Esperanza, escenario en el cual se cristalizaron el acoso y agresión sistemática sobre Juliana Campoverde con lo siguiente:

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

BOLETIN Nº 4: De la Cárcel, la Ley de Drogas y otros demonios

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Lunes, 10 Octubre 2016 15:30
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INREDH

 

De la cárcel, la ley de Drogas y otros demonios

¿Qué es la cárcel?

 

 

La Cárcel, ese siniestro lugar que la mayoría de personas solo conoce a través de las imágenes que difunden los medios de comunicación, constituye algo más que el espacio destinado a la rehabilitación de los/as delincuentes o de quienes atenten contra la estructura del sistema instaurado pues, ante todo, es uno de los mecanismos más violentos mediante el cual se ejerce el poder: ¡hay de aquel que caiga en la oscuridad de las celdas y en el abismo de los calabozos, para ser aislado, condenado y “rehabilitado”, puesto que permanecerá largos días a la espera de un justicia que nunca llega y si, con suerte sobrevive, nunca será el mismo!

 

Esta institución, la cárcel, se fundamenta en un discurso jurídico-penal conformado por un conjunto de principios, normas e instituciones que sustentan el IUS PUNIENDI, derecho punitivo o derecho del Estado para castigar a quienes atenten contra los bienes protegidos por el sistema, incumplan sus disposiciones o alteren de alguna forma la normalidad establecida. La manera como se ejecuta el castigo -que nos es presentado como rehabilitación- consiste en privar al individuo de su libertad e insertarlo en un sistema que reproduce la violencia y el estatismo de nuestra sociedad, “por su propio bien y el nuestro”.

 

El encarcelamiento como forma de rehabilitación de l@s desadaptad@s pretende encontrar su legitimidad en este discurso, supuestamente racional, que busca dotarle de coherencia y que se sustenta en tres fundamentos: 1) la seguridad social: que exige el aislar a aquellos quienes son peligrosos/as para el bienestar colectivo; 2) la peligrosidad: que exige la rehabilitación de l@s detenid@s para que luego sean reinsertados en la sociedad y; 3) la utilización de la cárcel como el medio adecuado para alcanzar estos fines propuestos.

 

Sin embargo, en el plano de lo real, el discurso penal se muestra totalmente falso para sostener estas premisas. En primer lugar, porque no cuenta con una adecuación de los medios operativos que sea funcional para alcanzar los objetivos propuestos; en otras palabras, los/as policías, jueces/zas, fiscales y, en general, todo el aparato de control social es insuficientes para alcanzar el pretendido fin de perseguir, investigar y castigar todos los delitos cometidos; por tanto, al ser incapaz de contener toda la dinámica social de violencia que diariamente se desborda ante sus ojos, este discurso en la práctica se transforma en sistema de represión selectivo y discriminante que impone su poder punitivo únicamente sobre quienes son previamente escogidos para tal fin.