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25N por una vida libre de violencia

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Miércoles, 25, Noviembre 2020 11:50
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Por: Valeria Larco* y Miguel Ángel Pérez**

Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron los nombres que dieron la vuelta al mundo por su historia de lucha y resistencia contra la dictadura del jefe del Estado Mayor, Rafael Leonidas Trujillo,  en la historia de República Dominicana. Las mariposas -como las nombraron - eran fervientes activistas en contra del régimen dictatorial, por lo cual fueron asesinadas por la policía secreta bajo la orden de Trujillo, el 25 de noviembre de 1960.

Años después, en 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, las mujeres asistentes decidieron conmemorar el 25 de noviembre como el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres en honor a las mariposas. Para 1999, la Asamblea General de la Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y anualmente se hace un llamado a todos los gobiernos y organizaciones civiles a generar espacios y actividades para posicionar en la opinión pública el problema de la violencia contra las mujeres (Inmujeres, 2006). 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1994), describe la violencia de género como cualquier tipo de violencia física, sexual, económica y psicológica, que persiste en el espacio público y privado, complementado por la impunidad del Estado y el sistema de justicia. Esta mirada tripartita de la violencia hace un barrido de los posibles escenarios de violencia por los cuales las mujeres tienen que atravesar. Violencia que va desde acosos callejeros hasta discriminación laboral. Este fenómeno global ha develado, sobre todo, un sistema judicial lento e ineficiente, que discrimina y revictimiza a las afectadas, ocasionando una impunidad sistemática en el procesamiento judicial de los casos. Así mismo, la violencia de género ha detonado la efervescencia de los movimientos sociales para erradicar la violencia contra la mujer, exhortando a los Estados y a la sociedad civil a tomar conciencia y acción sobre este problema, muchas veces omitido de la agenda pública.

En 2019, ONU Mujeres dio a conocer cifras alarmantes sobre la violencia sexual alrededor del mundo, señalando que solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. En contraste en Ecuador, según la segunda Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (ENVIGMU) realizada en noviembre de 2019:

  • 65 de cada 100 mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y 32 de cada 100 en el 2019 en específico, siendo la violencia psicológica la predominante en ambos casos.
  • A nivel nacional, 43 de cada 100 mujeres, experimentaron algún tipo de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida. Este fenómeno se concentra en la provincia de Morona Santiago con el 60.6% de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia.
  • A nivel nacional 27 de cada 100 mujeres, creen que una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él ordene, de las cuales el 58.6% se autoidentifican parte de una comunidad indígena.
  • A nivel nacional 45 de cada 100 mujeres, creen que el hombre debe ser el principal responsable de todos los gastos de la familia, de las cuales el 9% solo sabía leer y escribir como nivel de instrucción.

Entre otros datos, resaltan los factores de etnia, clase y nivel instrucción como atizadores de violencia, además de determinar a las parejas y exparejas como principales fuentes de violencia. A un año de estas cifras y en latencia de una pandemia: ¿El Ecuador ha avanzado en materia de derechos de la mujer? ¿Cómo ha afectado el coronavirus en estos escenarios? ¿Las mujeres trans cuentan en estas cifras y quién más está fuera de esta encuesta?, y sobre todo, ¿Cuáles son los detonadores para la reproducción de los escenarios de violencia? Hoy, con el aislamiento social, la crisis económica, los recortes a los presupuestos de salud y educación, es determinante generar herramientas para la defensa de los derechos de las mujeres a una vida digna y libre de violencia, resaltando el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y civiles. 

Violencia de género, un problema de salud global previo a la pandemia

En 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que la violencia contra las mujeres es un problema de salud de proporciones epidémicas. Sin embargo, dar una lectura a la violencia de género en contexto de pandemia implica distinguir y asumir la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres frente el despliegue de las medidas de confinamiento. Los gobiernos se han visto en la necesidad de tomar acciones inmediatas, pero en su mayoría, lo han hecho sin tener un enfoque interseccional que considere las perspectivas de género, etnia y condiciones socioeconómicas y responda a las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad. Si bien las órdenes de “quédate en casa” han permitido controlar el avance del virus, también han resultado en situaciones de riesgo para aquellas mujeres para las que su hogar no es un lugar seguro.

De acuerdo a datos recogidos en el informe elaborado por Naciones Unidas “Covid-19 and Ending violence against women and girls” (Covid-19 y poniendo fin a la violencia contra mujeres y niñas), publicado en el mes de abril de 2020, 243 millones de mujeres, es decir, el 18% de la población mundial de mujeres, ha sido víctima de violencia sexual y/o física perpetrada por su pareja íntima en los últimos 12 meses, cifra que probablemente incrementará a medida que los problemas económicos, sanitarios y de seguridad aumentan y las tensiones en el hogar por condiciones de hacinamiento y confinamiento se exhacerban. Esto debe ser contrastado con los datos emergentes a raiz de la pandemia, lo cual ha intensificado la violencia contra las mujeres, particularmente en sus hogares. La violencia de género ha sido de manera sostenida uno de los delitos más comunes en la región y el mundo, sin embargo, la recopilación y actualización de datos representa una limitación a la hora de visibilizar esta problemática. Según datos de la ONU, menos del 40% de las mujeres que han sido víctimas de violencia realizan una denuncia o buscan ayuda, y de ellas, menos del 10% acude a una instancia policial. Esta cifra se agudiza en el Ecuador,  según la ENVIGMU realizada en 2019, más del 90% de las mujeres que han sido víctimas de violencia en su hogar no denuncian estos hechos.

Por su parte, las condiciones de aislamiento y limitaciones a la movilidad han dificultado los procesos de denuncia y solicitud de ayuda, además, las mujeres que conviven en ambientes violentos se vieron aisladas de las personas o recursos que podían ser de su ayuda. Es necesario mencionar que aquellas mujeres que logran denunciar se enfrentan a un sistema de salud y judicial que cada vez ve más limitadas sus capacidades de respuesta y atención. Si bien en el Ecuador el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional) aprobó en marzo el protocolo de comunicación y atención de casos de violencia de género e intrafamiliar, este solo tuvo un alcance hasta el 16 de abril. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado habilitó la opción de denuncia en línea de violencia intrafamiliar, pero esto nuevamente no tomó en cuenta la situación de las mujeres que no pueden denunciar puesto que se encuentran aisladas con sus agresores además de la poca difusión y el limitado acceso a medios digitales en ciertos sectores del país. Estas medidas, además de insuficientes, no han resultado en una disminución de la violencia, de acuerdo a datos recogidos por la Alianza para el Mapeo y Monitoreo de Feminicidios en Ecuador, durante la emergencia sanitaria se registraron 82 feminicidios, el mismo número de casos registrado entre los meses de marzo y noviembre en el año 2019.

En un contexto en el que se llama a la desmovilización, los movimientos de mujeres siguen jugando un rol clave para la apertura de espacios de denuncia y visibilización.  Las organizaciones sociales y la academia han realizado un trabajo histórico para colocar este tema sobre la mesa y exigir a los gobiernos que tomen decisiones basadas en información precisa y actualizada, que incluya una perspectiva de género, no solo para responder a las necesidades de mujeres y niñas sino para obtener mejores resultados para toda la población. La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer debe verse reflejado en la voluntad política para combatir esta problemática, voluntad traducida en presupuesto para que las instituciones del Estado estén en capacidad de generar política pública de prevención, atención y reparación integral, tomando en cuenta que el recorte presupuestario para prevenir la violencia de género respecto a años anterior fue de aproximadamente el 80%.

Este último es el único factor con el rango de acción capaz de reducir estas cifras que pesan en la sociedad ecuatoriana año tras año. El 25 de noviembre, más que revisar los números, es un día para exigir al Estado una vida digna libre de violencia para cada una de las mujeres dentro del territorio, exhortar al legislativo leyes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y se implementen de manera efectiva. De igual forma exigir a las  instituciones del Estado erradicar la violencia sistémica en contra de las mujeres con políticas de paridad y recordarle al resto de la  sociedad que el problema existe, se reproduce y de no tomar conciencia del mismo, los anteriores actores pasarán de este tema en la agenda pública, de ser así,  la no denuncia será tendencia y la impunidad himno de nuestro sistema de justicia. La pandemia acompañada del desmantelamiento del Estado ha agudizado la violencia en contra de las mujeres, por lo que las organizaciones sociales en defensa de los derechos de las mujeres pasaron a ser protagonistas y únicas defensoras, frente a esta lucha interminable por la erradicación de violencia.

 

* Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Con experiencia en comunicación política y formación contínua en género e interculturalidad.

** Quiteño de 25 años, investigador social-egresado de Sociología en la Universidad Central del Ecuador (UCE)

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