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Misión de verificación de la situación actual de las víctimas de la empresa Furukawa

Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

Reanudan búsqueda de Carolina Garzón sin presencia del Fiscal

La mañana de este lunes 22 de julio se realizó una búsqueda en las riveras del río Machángara por la desaparición de Carolina Garzón en abril 2012. La diligencia estuvo señalada a las 9h00, sin embargo comenzó una hora más tarde sin la presencia de Jorge Flores, fiscal del caso.

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Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

Comunicado Nankints: La violencia genera violencia

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Miércoles, 04 Enero 2017 15:42
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Comunicación INREDH

16/12/2016

Comunicado Nankints: La violencia genera violencia

 

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, ante los sucesos dados en el campamento minero La Esperanza, en San Carlos Panantza, Morona Santiago, donde se pretende desarrollar el proyecto minero a gran escala de la empresa minera china Explorcobres, EXSA, manifiesta lo siguiente:

1. Rechazamos los distintos tipos de violencia que convergen en el caso. En particular la violencia ejercida por Estado central que usurpó el territorio Shuar y pretende realizar una actividad a gran escala sin contar con el consentimiento previo de la nacionalidad. La escalada de violencia es producto de dicha ilegalidad.

2. Comprendemos la indignación de las comunidades shuar al verse expulsados de sus territorios y no encontrar justicia en los estamentos estatales. Reconocemos su derecho legítimo de defender su territorio y de resistirse a los actos estatales que violan sus derechos constitucionales; además de la impunidad y la no respuesta de la justicia frente al asesinato de tres indígenas (Shuar Freddy Taish, José Tendentza, Bosco Wisuma), en estos territorios; sin embargo, les exhortamos a mantener la calma y buscar salidas pacíficas que garanticen el respeto de su dignidad y la no criminalización de su justos reclamos.

3. Lamentamos los hechos suscitados y expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los policías fallecidos y de los heridos. Nuevamente es la gente de pueblo, como son los policías de tropa, quienes deben pagar los costos sociales que implica defender los intereses del gobierno y de las transnacionales para las que está gobernando. Les recordamos que el hecho de que el gobierno envíe a la miembros de la policía y el ejército a defender actos inconstitucionales, como las actividades mineras en territorio indígena sin el consentimiento de la comunidad, puede constituir en sí mismo una violación de los derechos humanos de los miembros de los cuerpos de seguridad; y que, por tanto, les asiste el derecho a la reparación integral por haber sido arriesgados innecesariamente en la defensa de actos violatorios de los derechos de la nacionalidad Shuar.

4. Consideramos que lo sucedido en La Esperanza responde al contexto de violencia generado por la expansión de proyectos mineros, la muy poca apertura al diálogo por parte del gobierno y las empresas mineras responsables de los proyectos, además de la militarización de territorio indígena. En anteriores ocasiones ya hemos expresado que la expansión de las actividades mineras y petroleras va acompañada del desarrollo de la conflictividad social. Solo hay que mirar los proyectos que se desarrollan en América Latina, para comprender que la minería en sí es una actividad violenta con la naturaleza, violenta con los pueblos indígenas y campesinos que habitan en los territorios, violenta con la vida misma. Los réditos económicos que dejaría esta actividad no justifican la vida que se pone en riesgo.

5. Instamos al gobierno a deponer su actitud violenta y solucionar este conflicto con un diálogo eficaz, transparente y bien intencionado, considerando los derechos de la nacionalidad Shuar y de los campesinos presentes en la zona. Recordamos al gobierno que es su obligación realizar una consulta previa bajo todos los parámetros internacionales en la zona, incluida la obligación de alcanzar el consentimiento de la nacionalidad Shuar para avanzar en el proyecto.

6. Recordamos al gobierno sobre las advertencias realizadas por organizaciones indígenas y organizaciones de derechos humanos sobre la situación generada al no escuchar a los pueblos shuar y poner como prioridad los intereses económicos y geopolíticos de las empresas mineras chinas y canadienses, por sobre los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza. La conflictividad social puede profundizarse si el gobierno insiste en violentar los derechos del pueblo shuar y campesino de la zona.

Quito, 15 de diciembre de 2016

CONSEJO DIRECTIVO DE INREDH