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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

Tortura en el Turi: una investigación que no avanza

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Viernes, 28 Abril 2017 13:11
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Equipo INREDH

28/04/2017

Tortura en el Turi: una investigación

que no avanza

 

 

El día martes 31 de mayo de 2016, aproximadamente a las 10h00 am, ingresaron los miembros del grupo “UMO”, policías de camuflaje y miembros del “GIR” en un número aproximado de 80 individuos al Pabellón de Mediana Seguridad “JC” del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur Turi -en adelante CRS-Turi-, sin haber explicado o motivado de dicho ingreso. De pronto, empezaron a golpear a la gente que deambulaba por los pasillos y gritaban “salgan todos al patio”, razón por la cual, presumimos se trataba de una requisa.

 

Posteriormente, se dirigieron al tercer piso, en donde ingresaron a nuestras celdas y nos sacaron de ellas mediante golpes con tolete y propagación de gas pimienta. Nos hicieron colocar boca abajo en el piso y nos pegaron en las nalgas, ahí nos dijeron que no nos atreviésemos a mirarlos, que no teníamos ningún derecho y que tenían “autoridad de desaparecernos”, aseguraron que lo que estaban haciendo tenía luz verde del Director del CRS-TURI, de la Ministra de Justicia y del Ministro de Interior, que ese era el trato que nos merecíamos que los derechos humanos no son aplicables a nosotros.

 

Acto seguido, empezaron a decir “esta es la presentación del nuevo grupo UMO”, “no somos sus amigos, así les va a ir si se portan bien y si se portan mal les va peor, ustedes son escoria, el desecho de la sociedad y quién manda aquí somos nosotros, están en el infierno”. Vale la pena indicar que todo esto ocurría mientras nos seguían golpeando.

 

En la aparente requisa, los policías caminaron sobre nosotros, presionándonos la cabeza y las coyunturas de las extremidades, nos exigieron que nos desnudáramos y saltáramos haciendo sapitos, que nos coloquemos en cuatro para observar nuestros anos, nos decían cosas como “MUJERCITAS, ESTE ES EL TRATO QUE VAN A RECIBIR DE PARTE DE NOSOTROS SIEMPRE”, hacían que gritáramos en conjunto y en contra de nuestra voluntad las cosas que ellos nos instruían, como: “’QUIEREN AL GRUPO UMO?”, nuestra respuesta debía ser “SI”, de no responder afirmativamente éramos golpeados.

 

Cuando otros internos tosían o estornudaban por la asfixia del gas, los miembros de la policía burlándose decían: “eso es bueno la gripe”, y nos lanzaban más gas. Debido a la presencia de dicho gas, algunos internos quemaron los colchones y los cartones, ya que el humo ayudaba a apaciguar los efectos del mismo. Dos personas privadas de la libertad provenientes de Otavalo, fueron amenazados con que se les iba a cortar su cabello, pues a criterio de los policías parecían mujeres, sin respetar su identidad cultural. No sentían consideración alguna ante el pedido de los compañeros de que no se los golpeara más.

 

Tampoco hubo consideración a las personas enfermas, o de la tercera edad, apenas tres se salvaron, alegando que tenían una enfermedad terminal, una que estaba operado de la pierna, y otra persona que padecía de asma. Todos los demás fuimos agredidos, incluyendo a los Agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP). Al ASP de apellido Baños lo agarraron del cuello y lo amenazaron por considerar que era nuestro amigo, trataron de esposarlo y le quitaron las llaves para tener acceso a todas las áreas.

 

Mientras todo esto sucedía el personal administrativo del CRS, se encontraba dentro del pabellón cumpliendo con sus labores diarias, entre ellos: El trabajador social, licenciado Hugo Alvarado, la licenciada Merci Coronel y la Psicóloga del MJDHC cuyo nombre desconocemos, quienes ante el pedido de auxilio de los internos, por los gritos que provenían desde el tercer piso donde empezó la golpiza, intentaron subir a socorrernos. En el momento que la psicóloga del Ministerio y el licenciado Hugo Alvarado intentaron subir al tercer piso, la policía lanzó gas lacrimógeno, lo cual, les impidió llegar hasta su destino, amenazando incluso la vida de los funcionarios antes mencionados.

 

Ante esta situación, los internos que se encontraban en el patio, intentaron subir a auxiliar a los compañeros, pero las puertas del patio estaban cerradas. Inmediatamente los agentes de seguridad penitenciaria procedieron a evacuar a los funcionarios, porque la situación se convirtió en un caos. Los miembros del “UMO” al ver tal cuadro, respondieron con amenazas, tales como: “ya bajamos por ustedes”, “a ustedes les va a ir peor”, “van a aprender a respetarnos”.

 

Una vez terminado el maltrato en el tercer piso, encerraron a todos y bajaron a la segunda planta, con la misma consigna de que ellos eran la autoridad y repitiendo el mismo trato los agredieron. Los miembros de la policía gritaban a viva voz, en forma de represalia para los supuestos líderes del pabellón: “Donde están los representantes, los que hablan por ustedes”, asumiendo que tenían algo en contra de nosotros quienes representan al pabellón. Después de la paliza en el segundo piso cuyas características son similares a las relatadas en líneas anteriores, procedieron bajar a la primera planta. Intentando ingresar al patio, los internos que estábamos encerrados en este lugar, nos acercamos a hablar con ellos detrás de las rejas, exigiendo explicaciones del porqué de los golpes a las personas, pues dichos tratos no tienen justificación alguna, peor aún por fines disciplinarios.

 

Aseguraron que nosotros no fuimos su blanco porque estaban cansados, sin embargo es necesario indicar que en ese momento en el patio se encontraba con nosotros un compañero de nombre John Alberto Quiñonez Quiñonez quien ante las circunstancias del maltrato del que estaban siendo víctimas nuestro compañeros optó por recolectar el excremento que se encontraba en fundas de basura debido a la falta de agua potable del fin de semana, ya que, las baterías sanitarias no se podían utilizar y los internos prefirieron hacer sus necesidades en fundas plásticas a fin de no contaminar los sanitarios. El compañero en mención mezcló los excrementos con agua y se embarró en estos y les decía a los miembros de la policía que a él no lo van a golpear sin ningún motivo. Que aquel que se atrevía a acercarse lo iba a hacer comer excremento. Ante estas amenazas, y al observar que tenía un balde en la mano lleno de excremento decidieron retirarse. Hasta esta circunstancia extrema tuvo que llegar el compañero para no ser golpeado como un animal.

 

Cabe recalcar que, en la supuesta requisa los miembros del “UMO” destruyeron todo cuanto pudieron, instalaciones eléctricas, colchones, las artesanías elaboradas con el sacrificio de nuestros compañeros, material de trabajo de los talleres, objetos autorizados por el mismo Director del Centro de Rehabilitación Social como son zapatos especiales para personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad. Las secuelas de este altercado son realmente graves por el maltrato físico propinado, las huellas de golpes y heridas se notan en las manos, brazos, espalda, piernas, tórax, nalgas, inclusive algunos compañeros quedaron inhabilitados de bajar a recibir sus alimentos.

 

Ante esta situación los miembros de seguridad penitenciaria, después que la policía abandonó el pabellón, como un acto de misericordia permitieron la salida de 3 internos para que denunciaran ante las autoridades del CRS. Todo este acontecimiento duró alrededor de 4 horas y media.

 

Inmediatamente el Director ingresó al pabellón para hablar con nosotros, sin resguardo policial. En el patio de mediana seguridad (JC), el Director del CRS-TURI se dirigió hacia nosotros explicando que él no tenía nada que ver con dicha autorización de golpear a los internos, como la policía aseguraba.

 

Lo sucedido en Turi el 31 de Mayo de 2016 ha tenido un altísimo impacto nacional e internacional. Algunas autoridades se pronunciaron al respecto entre ellas el entonces Ministro del Interior, Jose Serrano y la Ministra de Justicia, Ledy Zuñiga, quienes aseguraron que se sancionarán a los responsables y consecuentemente, se abrió una investigación penal en la Fiscalía de Azuay. Igualmente, el día xx del 2016, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas realizó un examen al Estado de Ecuador y este organismo internacional interrogó severamente al Estado por lo sucedido en Turi. El Comite recomendó al Estado “….”.

 

Los hechos materia de investigación llevó al convencimiento de la gravedad de lo sucedido al Agente Fiscal a cargo de la investigación y por ello, formuló cargos por el delito de “Tortura” en contra de 46 efectivos policiales relacionados con el operativo de requisa.

 

A partir de entonces, y pese a los compromisos nacionales e internacionales, se han evidenciado una serie de obstáculos para la efectiva continuación de la investigación: la diligencia de la reconstrucción de los hechos ha sido suspendida ya en cuatro ocasiones, principalmente por falta de apoyo del personal CRS-TURI; existen a la fecha personas privadas de libertad víctimas del 31 de Mayo sin recibir ningún tipo de atención médica o psicológica; se han publicado en periódicos locales disculpas públicas como medida de reparación, no obstante, estas disculpas son desconocidas para las víctimas; todas las víctimas mantienen mucho miedo a posibles represalias y por lo tanto temen mucho interponer una acusación particular para poder intervenir directamente en el proceso; se ha alegado la falta de recursos económicos para contratar peritos independientes y por lo mismo varias diligencias han sido realizadas por el mismo personal policial.

 

Todas estos inconvenientes – a  decir lo menos- inciden a plantear las siguientes interrogantes:

 

- ¿Por qué, hasta la fecha, no existe si quiera una sanción administrativa al personal penitenciario del Turi?

- ¿Por qué, el Señor Director Paúl Tobar permanece al mando del CRS-Turi después de la gravedad de lo sucedido?

- ¿Por qué se obstaculiza tanto la realización de la reconstrucción de los hechos en el presente caso, más aún cuando existe un pronunciamiento público de los privados de libertad en donde indican que darán todas “las facilidades necesarias, pues lo que exigimos es justicia”?

- ¿Por qué hasta la fecha, transcurridos siete meses desde la sentencia del habeas corpus, no se ha atendido médicamente a las víctimas, así como tampoco se cuenta con el listado del personal que intervino en la requisa?

- En este escenario, ¿cómo se esta planificando las actividades del 31 de Mayo del 2017, en donde, por sentencia, se deberán dar capacitaciones en derechos humanos al personal policial? ¿Se tomará en cuenta la voz de las víctimas o de las organizaciones de derechos humanos?

- Si actualmente existe una serie de obstáculos para investigar efectivamente, ¿qué escenario pueden esperar las víctimas con el cambio de Fiscal General el próximo mayo?

- Y finalmente, ¿en dónde quedó la iniciativa y voluntad de las autoridades para que se sancionen a los responsables si subsisten obstáculos para la investigación Fiscal?