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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

Tortura en el Turi: ¿El Estado ecuatoriano cumplió las medidas de reparación?

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Jueves, 25 Mayo 2017 11:00
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Daniel Véjar - Asesor legal INREDH

31/05/2017

Tortura en el Turi: ¿El Estado ecuatoriano cumplió las medidas de reparación?

 

Ledy Zúñiga, exministra de Justicia; y José Serrano, exministro del Interior. 

Concluye el plazo el cumplimiento de las medidas de reparación a favor de los internos del Pabellón de Mediana Seguridad “JC” del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur –Turi, que fueron torturados el pasado 31 de mayo de 2016 por la Policía, el Estado ecuatoriano ha cumplido de forma ineficiente.

 

Aquel 31 de mayo, los  internos fueron golpeados por los miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y del  Grupo de Intervenciones y Rescate  (GIR). Los pisaron, los obligaron a levantarse y colocarse frente a la pared, desnudarse totalmente, realizar sentadillas y volver a acostarse boca abajo. Luego otra vez los golpearon, los patearon, rociaron gas pimienta en sus rostros e inclusive les sometieron a descargas eléctricas sobre cuerpo.  

 

“Nos dijeron que no nos atreviésemos a mirarlos, que no teníamos ningún derecho y que tenían “autoridad de desaparecernos”, aseguraron que lo que estaban haciendo tenía luz verde del Director del CRS-TURI, de la Ministra de Justicia y del Ministro de Interior, que ese era el trato que nos merecíamos que los derechos humanos no son aplicables a nosotros”, relata un interno.

 

El operativo inició a partir de las 10:00 y se extendió hasta las 14:00, aproximadamente,  tiempo en el cual cerca de 200 de personas privadas de libertad fueron víctimas de tratos crueles, degradantes e inhumanos.

 

Por estos hechos, el pasado 30 de septiembre de 2016, el juez José Alejandro Peralta Parra de la Unidad Judicial Penal de Azuay concedió el habeas corpus para los 13 accionantes, declarando la vulneración del derecho a la integridad de los peticionarios pero aclarando que las agresiones “son hechos aislados”. Dispuso las siguientes medidas de reparación:

 

1.- El traslado a otros Centros de Privación de la Libertad que ofrezcan las garantías a  los accionantes a un Pabellón de igual seguridad en la que se encontraban al momento de los hechos.

2.- Tratamiento psicológico integral para todas los internos que sufrieron la violación a sus derechos, aunque no sean accionantes en esta acción constitucional a cargo del Ministerio de Salud que será vigilado por el Señor Defensor Regional del Pueblo del lugar en donde sean trasladados.

3.- Garantías de no repetición de hechos y actos que constituyan violación de los derechos fundamentales de los internos en  ningún centro de privación de la libertad a nivel nacional.

4. Reconocimiento de responsabilidad que tienen los Ministerios de Justicia y del Interior en velar para que se respeten los derechos fundamentales de los accionantes  en cualquier Centro que sea reubicados y de todos los que se encuentre privados de la libertad. Disculpas públicas por parte de los Ministerios de Justicia, del Interior y los señores policías que intervinieron en el operativo el 31 de mayo del 2.016 en el Centro de Rehabilitación Social Regional Centro Sur-Turi, por la trascendencia que alcanzó a nivel nacional e internacional mediante publicación por la prensa escrita previa revisión de dicha redacción por parte de éste juzgador.

5.- Se tomarán medidas por parte de la Policía Nacional con la finalidad de que los miembros que intervinieron en el operativo antes señalado no vuelvan a ingresar bajo ningún aspecto a ningún Centro de Rehabilitación Social a nivel Nacional.

6.- Que el 31 de Mayo del 2.017, se dicten charlas en todos los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador a los internos  y funcionarios sobre “Derechos Humanos frente a los Derechos de las personas privadas de la libertad”, bajo la responsabilidad de los Ministerios de Justicia y del Interior.

 

 El incumplimiento de la sentencia de habeas corpus

 

A la fecha de este boletín, es decir, casi un año de lo ocurrido, ponemos en su consideración el cumplimiento parcial de las carteras de Estado sobre las medidas de reparación ordenadas por los hechos ocurridos en Turi. Hoy, 31 de mayo de 2017, concluye el plazo.