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La mañana de este sábado, 13 de octubre del 2018, se realizó la reconstrucción de la ruta técnica de la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 212, en el sector de la Ajaví, en el sur de Quito.

Contradicciones en la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia en caso Francisco Cajigas

  El fiscal Jefferson Ibarra y Angie Pinta, pareja de Francisco Cajigas, en la audiencia de juzgamiento.   El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar suspendió hoy, 12 de octubre de 2018, por segunda ocasión la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurrida en noviembre de 2015, en la ciudad de Ibarra. El caso se encuentra bajo escrutinio penal desde que se verificó que el cráneo de Francisco, muerto por un trauma cráneo encefálico, fue hallado en la ciudad de Esmeraldas bajo circunstancias poco claras. Los tres magistrados suspendieron la audiencia debido a la ausencia de dos testigos de los procesados Ángel N., médico legal del Centro Forense de Esmeraldas, y Leónidas F., auxiliar de medicina legal. La audiencia se instaló hoy a las 8:40 en la Sala 1 de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Esmeraldas. El fiscal Jefferson Ibarra presentó 4 pruebas testimoniales y 5 documentales. En la anterior audiencia llamó a 8 testigos. Por su parte, la defensa de los procesados presentó el testimonio de los tres implicados. El primero en hablar fue Leónidas F., de 28 años e ingeniero en Sistema Informático, que dijo no haber participado en el proceso de autopsia del cuerpo de Francisco, solo aseguró que el 1 de diciembre de 2015 recibió el mismo y al terminar su turno lo entregó a su compañero Sergio R., otro de los procesados.  Según Leónidas, el cuerpo del joven colombiano lo volvió a ver el 15 de diciembre de 2015, cuando estaba embalado y en fundas de color negro. Indicó no haber verificado si estaba completo el cuerpo previa a la entrega a sus familiares. El segundo interrogado fue el médico legal Ángel N., de 49 años.  Él señaló que realizó la autopsia del cuerpo con personal de medicina legal de Quito en el Centro Forense de Esmeraldas. Aseguró que el cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición por lo cual ordenó lavarlo.  Tras de ello, Ángel junto a la otra médica legal Sandra A., resolvieron desprender la cabeza para realizar los análisis que permitieran verificar la identidad del occiso. Según el médico legal, tras realizar la autopsia, el cuerpo de Francisco quedó bajo custodia del disector de turno, Sergio R., de 67 años, encargado de lavar y formolizar el cuerpo que estaba completo. Sergio fue el tercero en rendir su testimonio en la audiencia. Él asegura que en sus 30 años de experiencia ha lavado los cuerpos con agua de llaves, fría, caliente o a presión.  Él enfatizó ante los magistrados que por órdenes del doctor Ángel N. guardó la cabeza y clavícula de Francisco en una gaveta del refrigerador, la mismo que no registraba una rotulación, pues quien tenía la cadena custodia y había ordenado los nuevos exámenes debía conocer de este particular. También, dijo que Leónidas sí participó en el  proceso de autopsia y que el embalaje del cuerpo lo realizó junto a él, ya que es imposible que una persona  lo haga solo.  Además, precisó que, si la familia quería ver el cuerpo de Francisco, Leonidas F. no debía impedirlo. Tras escuchar los testimonios de los tres procesados, y ante la solicitud de la abogada de la defensa, el Tribunal de Garantías Penales suspendió la audiencia para asegurar la comparecencia de los testigos faltantes.  Para el fiscal del caso, la suspensión atenta contra el principio de inmediación y celeridad procesal. Además, que constituye una forma de revictimización a la familia porque han esperado un resultado de la audiencia de juzgamiento desde noviembre del año anterior. Daniel Véjar, coordinador jurídico de Inredh, coincide con el criterio que Fiscalía tiene sobre el sufrimiento y revictimización a las víctimas.  “Este proceso de por sí ha representado una lesividad importante para la familia colombiana – dice Véjar-, que no solo incurre en gastos económicos, sino que la falta de respuesta del Estado ha provocado que el proceso por ejecución extrajudicial este estancado y que la familia sufra afectaciones psicológicas graves”. También, le llama la atención la conducta de los juzgadores en el direccionamiento de la audiencia porque incurren en prácticas inquisitivas en el sistema oral acusatorio vigente con el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se espera que la audiencia se reanude en las primeras semanas de noviembre, aunque al momento se desconoce el día y hora exactos.                    

Audiencia de juzgamiento por alteración de evidencia en el cráneo de Francisco Cajigas se reinstala

Este 12 de octubre de 2018, a las 08:30, se reanudará la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano de 33 años víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Iglesia Cuadrangular no actuará en el caso de la desaparición de Juliana, pese a que el pastor titular es miembro de la institución

Elizabeth Rodríguez y Absalón Campoverde, padres de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida el 7 de julio de 2012, en la ciudad de Quito, se reunieron ayer, 9 de octubre de 2018, con los miembros de la junta directiva de la Iglesia Cuadrangular, en la ciudad de Guayaquil.

Ocho dirigentes de la comunidad La Toglla van a audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación

Este viernes, 05 de octubre de 2018, a las 9:00, en la Unidad Judicial Penal del Cantón Rumiñahui se desarrollará la audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación en contra de Darío Javier Iza Palaquinga y siete habitantes de la Comunidad Ancestral La Toglla debido a la demanda presentada por Clinio Edmundo Perugachi, asegurando que dichos implicados han ingresado y lo han despojado de su legítimo terrero, en 2016.

Los derechos no son una cuestión moral

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Viernes, 13 Octubre 2017 15:27
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INREDH 

13/10/2017

Pronunciamiento

Los derechos no son una cuestión moral  

 

 

Imagen de cortesía: Campus de Cuenca

 

La marcha convocada para mañana sábado 14 de octubre de 2017 por el Frente Nacional por la Familia de Ecuador (FNFE) está encaminada, según declaraciones públicas, a defender a las niñas y niñas frente a la “imposición de ideologías basadas en suposiciones de género y anticoncepción infantil”, a través del Sistema Educativo. Según dicha organización, hay dos proyectos de ley actualmente discutidos en la Asamblea Nacional que pregonan estos postulados: el Código Orgánico de la Salud (COS) y la Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres.

 

Nuestra organización considera que es importante aclarar que los temas relacionados con género, se manifiestan a través de enfoques o perspectivas. No existe una “ideología de género”, pues no es una postura militante ni una creencia a imponerse – y tampoco se lo refiere así dentro de los proyectos de ley cuestionados. El enfoque de género es una perspectiva objetiva, encaminada a considerar las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan; y a plantear la incorporación de la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres en la construcción social y en el quehacer estatal. Este enfoque está pensado para saldar una deuda social enorme y pendiente en favor de las mujeres, pretende combatir los estereotipos y la invisibilización social de la mujer, así como la discriminación y la violencia de género, problemáticas que -según índices nacionales- afectan a nuestra sociedad de forma grave y permanente. 

 

El Estado, a través de sus leyes y políticas públicas, está llamado a palear estas realidades. En este sentido, la incorporación del enfoque de género en los programas educativos nacionales significa cimentar la educación sobre los pilares de la igualdad entre hombres y mujeres y tiene el potencial de transformar nuestra sociedad, enseñando a los niños desde edades tempranas que el respeto y la tolerancia son las únicas herramientas válidas de interacción social y que toda forma de violencia de género no va a ser tolerada. La inclusión de este enfoque, además, responde a obligaciones internacionalmente adquiridas por parte del Estado ecuatoriano en términos de igualdad de género y viabiliza el cumplimiento de varias disposiciones constitucionales relacionadas. Es una necesidad apremiante no solo desde el punto de vista social, sino también desde el jurídico.

 

Por otro lado, respecto de la supuesta “anticoncepción infantil” rechazada por la marcha del FNFE, es necesario aclarar que, desde un análisis técnico jurídico, el proyecto de COS claramente no persigue ningún fin “hedonista” respecto de la educación de los niños, como se ha alegado. Lo que se menciona en las disposiciones de este proyecto, es la simple obligación de que la Autoridad Sanitaria Nacional “dicte las normas para garantizar la disponibilidad y acceso a métodos anticonceptivos temporales, definitivos, de emergencia y naturales”. Esta disposición no cambia en absoluto el panorama nacional.

 

Los métodos anticonceptivos son parte de los servicios de salud que está obligada a brindar la Autoridad Sanitaria para los ciudadanos y actualmente existen ya programas relacionados en ejecución, como el DAIA (Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos). Además, el proyecto de Código no impulsa programas encaminados a los niños específicamente y, de hecho, ya está en vigencia en el país la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Embarazo en Adolescentes ENIPLA de forma independiente. Hay que decir, además, que el sustento de todas estas acciones estatales es el derecho constitucional y convencional de toda persona a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad y su vida sexual y reproductiva.  Por lo tanto, creemos que el debate en torno a esta temática tiene que centrarse en argumentos jurídicos y de derechos humanos, dejando de lado consideraciones morales o religiosas en concordancia con la declaración del Ecuador como país laico, priorizando la aplicación de principios constitucionales como el de la igualdad ante la ley.

 

Por lo expuesto, INREDH rechaza toda acción, independientemente de cual sea su origen, que intente  crear desinformación, envían un mensaje tendiente a la perpetuación de la discriminación, a la intolerancia y al irrespeto a los derechos humanos.