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La mañana de este sábado, 13 de octubre del 2018, se realizó la reconstrucción de la ruta técnica de la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 212, en el sector de la Ajaví, en el sur de Quito.

Contradicciones en la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia en caso Francisco Cajigas

  El fiscal Jefferson Ibarra y Angie Pinta, pareja de Francisco Cajigas, en la audiencia de juzgamiento.   El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar suspendió hoy, 12 de octubre de 2018, por segunda ocasión la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurrida en noviembre de 2015, en la ciudad de Ibarra. El caso se encuentra bajo escrutinio penal desde que se verificó que el cráneo de Francisco, muerto por un trauma cráneo encefálico, fue hallado en la ciudad de Esmeraldas bajo circunstancias poco claras. Los tres magistrados suspendieron la audiencia debido a la ausencia de dos testigos de los procesados Ángel N., médico legal del Centro Forense de Esmeraldas, y Leónidas F., auxiliar de medicina legal. La audiencia se instaló hoy a las 8:40 en la Sala 1 de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Esmeraldas. El fiscal Jefferson Ibarra presentó 4 pruebas testimoniales y 5 documentales. En la anterior audiencia llamó a 8 testigos. Por su parte, la defensa de los procesados presentó el testimonio de los tres implicados. El primero en hablar fue Leónidas F., de 28 años e ingeniero en Sistema Informático, que dijo no haber participado en el proceso de autopsia del cuerpo de Francisco, solo aseguró que el 1 de diciembre de 2015 recibió el mismo y al terminar su turno lo entregó a su compañero Sergio R., otro de los procesados.  Según Leónidas, el cuerpo del joven colombiano lo volvió a ver el 15 de diciembre de 2015, cuando estaba embalado y en fundas de color negro. Indicó no haber verificado si estaba completo el cuerpo previa a la entrega a sus familiares. El segundo interrogado fue el médico legal Ángel N., de 49 años.  Él señaló que realizó la autopsia del cuerpo con personal de medicina legal de Quito en el Centro Forense de Esmeraldas. Aseguró que el cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición por lo cual ordenó lavarlo.  Tras de ello, Ángel junto a la otra médica legal Sandra A., resolvieron desprender la cabeza para realizar los análisis que permitieran verificar la identidad del occiso. Según el médico legal, tras realizar la autopsia, el cuerpo de Francisco quedó bajo custodia del disector de turno, Sergio R., de 67 años, encargado de lavar y formolizar el cuerpo que estaba completo. Sergio fue el tercero en rendir su testimonio en la audiencia. Él asegura que en sus 30 años de experiencia ha lavado los cuerpos con agua de llaves, fría, caliente o a presión.  Él enfatizó ante los magistrados que por órdenes del doctor Ángel N. guardó la cabeza y clavícula de Francisco en una gaveta del refrigerador, la mismo que no registraba una rotulación, pues quien tenía la cadena custodia y había ordenado los nuevos exámenes debía conocer de este particular. También, dijo que Leónidas sí participó en el  proceso de autopsia y que el embalaje del cuerpo lo realizó junto a él, ya que es imposible que una persona  lo haga solo.  Además, precisó que, si la familia quería ver el cuerpo de Francisco, Leonidas F. no debía impedirlo. Tras escuchar los testimonios de los tres procesados, y ante la solicitud de la abogada de la defensa, el Tribunal de Garantías Penales suspendió la audiencia para asegurar la comparecencia de los testigos faltantes.  Para el fiscal del caso, la suspensión atenta contra el principio de inmediación y celeridad procesal. Además, que constituye una forma de revictimización a la familia porque han esperado un resultado de la audiencia de juzgamiento desde noviembre del año anterior. Daniel Véjar, coordinador jurídico de Inredh, coincide con el criterio que Fiscalía tiene sobre el sufrimiento y revictimización a las víctimas.  “Este proceso de por sí ha representado una lesividad importante para la familia colombiana – dice Véjar-, que no solo incurre en gastos económicos, sino que la falta de respuesta del Estado ha provocado que el proceso por ejecución extrajudicial este estancado y que la familia sufra afectaciones psicológicas graves”. También, le llama la atención la conducta de los juzgadores en el direccionamiento de la audiencia porque incurren en prácticas inquisitivas en el sistema oral acusatorio vigente con el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se espera que la audiencia se reanude en las primeras semanas de noviembre, aunque al momento se desconoce el día y hora exactos.                    

Audiencia de juzgamiento por alteración de evidencia en el cráneo de Francisco Cajigas se reinstala

Este 12 de octubre de 2018, a las 08:30, se reanudará la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano de 33 años víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Iglesia Cuadrangular no actuará en el caso de la desaparición de Juliana, pese a que el pastor titular es miembro de la institución

Elizabeth Rodríguez y Absalón Campoverde, padres de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida el 7 de julio de 2012, en la ciudad de Quito, se reunieron ayer, 9 de octubre de 2018, con los miembros de la junta directiva de la Iglesia Cuadrangular, en la ciudad de Guayaquil.

Ocho dirigentes de la comunidad La Toglla van a audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación

Este viernes, 05 de octubre de 2018, a las 9:00, en la Unidad Judicial Penal del Cantón Rumiñahui se desarrollará la audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación en contra de Darío Javier Iza Palaquinga y siete habitantes de la Comunidad Ancestral La Toglla debido a la demanda presentada por Clinio Edmundo Perugachi, asegurando que dichos implicados han ingresado y lo han despojado de su legítimo terrero, en 2016.

¿Qué pasa en la cárcel de Turi?

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Martes, 26 Diciembre 2017 12:18
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Luis Ángel Saavedra - coordinador Inredh

26/12/2017

¿Qué pasa en la cárcel de Turi?

 

 

 

 

No pasó una hora para que José Nero, que llegó a la cárcel de Turi, en Cuenca, a las cinco y media de la mañana del pasado jueves 21 de diciembre, fuese encontrado muerto a las seis y quince de la misma mañana.

 

La muerte de José Nero pudo haber pasado desapercibida si no fuese uno de los tres sospechosos del cruel asesinato de Emilia, una niña lojana de nueve años, cuyo cuerpo quiso ser desaparecido cercenándolo e incinerándolo.

 

Nero fue encerrado en una celda junto a los otros dos sospechosos de este crimen que casualmente se durmieron mientras él se suicidaba colgándose de la litera con su propia camisa. ¿Se suicidó o lo suicidaron?

 

La primera versión de las autoridades, dada por la propia ministra de Justicia, Roxana Alvarado, tiene algunas incongruencias: 1. La tela de una camisa es demasiado débil, ancha y muy corta como para que pueda servir de torniquete y ahorcarse. Para lograr este objetivo, debió necesitar ayuda. 2. La litera de la cárcel es muy baja para que el suicida pueda lanzarse y tensar suficientemente la cuerda (la camisa en este caso) para lograr su cometido. 3. Cuando hay un ahorcamiento, sea suicidio o ejecución, el condenado patalea con gran estrépito. En este caso Nero se ahorcó tan suavecito que no despertó a sus compañeros con el estrépito de su agonía. 4. No es el primer caso de este extraño tipo de muerte por asfixia en Turi.

 

Entonces, ¿qué pasó?

 

La cárcel de Turi en la palestra pública

 

La cárcel de Turi saltó a la fama en mayo del 2016 cuando los internos del pabellón de mediana seguridad fueron torturados por miembros de la Policía Nacional. Este acto no habría sido procesado en los tribunales de justicia si es que no se filtraban varios videos de las cámaras de seguridad de esta cárcel en las que se observa como los policías agreden a los internos cuando están sometidos en el piso y los obligan a desnudarse para propinarles golpes, e incluso descargas eléctricas. 42 policías han sido llamados a juicio por estos hechos, tras una serie de acciones judiciales frustradas y boicoteadas.

 

Luego de esto, un nuevo video saltó a la luz pública para evidenciar la violencia en la que viven los reclusos de esta cárcel. Esta vez, el video filtrado mostraba a un grupo de internos apuñalando a un compañero suyo. En este video se puede apreciar como permanecen abiertas las puertas de los pabellones, lo que facilita la acción del grupo asesino. En julio de 2017 nuevamente se da a conocer que un joven, al que solo le faltaba seis meses para salir de prisión, recibió 7 puñaladas.

 

En agosto de este año, los policías o familiares de los policías involucrados en los actos del 31 de mayo de 2016, mostraron en las redes sociales un parte policial y varias fotos de policías heridos, pues al parecer en un nuevo operativo de requisa similar al de mayo de 2016 se encontraron con que los reclusos estaban preparados para recibirlos y portaban toda clase de armas corto punzantes. Esta vez las víctimas fueron los policías, quienes se quejaron de la complicidad de los funcionarios penitenciarios que se hacen de la vista gorda frente a la violencia carcelaria, el tráfico de drogas y la extorsión. “Se debe tomar en consideración mi Tncl. que el personal de Agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP) no cumple con su función encomendada en vista de que algunas celdas no se habían encontrado con sus seguridades respectivas (candados), motivo por el cual los PACLS procedieron a salir poniendo en riesgo la integridad del personal policial que nos encontrábamos dando cumplimiento al operativo de control”, reporta el Teniente Edgar Portilla, Oficial Encargado del Segundo Grupo CRS-TURI, en el parte policial que da cuenta de estos eventos      

 

A lo largo del año en INREDH hemos recibido denuncias de tortura, tratos crueles, extorsión, ausencia de atención médica en emergencias, falta de alimentos o alimentos podridos que se dan a los detenidos. Se nos ha hecho llegar fotografías, mensajes de texto, correos electrónicos o mensajes escritos en papel con frases desesperadas, como el siguiente: “… de manera especial solicito se envié este informe hacia el INRETH para que ellos publiquen y llegue al oído de la ministra ya que a diario vivimos maltratos como estos pero lamentablemente no son informados, adjunto envió la versión que hace el compañero de un maltrato físico y psicológico que suscito el día de ayer lunes 27 de Noviembre-2017 aquí en el pabellón donde yo estoy, gracias”. El texto adjunto, escrito a mano, detalla el trato recibido por un preso que se quejó del mal estado de la comida y la urgencia médica que ello provocó: “… para poder salir a emergencia tenemos que insistir por muchas ocasiones a los ASP para que nos saquen al policlínico. Esta situación me indignó mucho por esa forma le reproché a la ASP que se encontraba en la garita. Siendo las 7. 30 Pm ingresaron las guardias de la ASP a la celda 15 a agredirme verbalmente y físicamente, incluso torturarme con corriente y gas”. La nota detalla a continuación, con nombre y apellido, lo que cada guardia penitenciario le hizo.

 

Los tratos crueles propiciados por bandas de internos, protegidos por las autoridades penitenciarias, a quienes no se dejaban extorsionar o a quienes deseaban denunciar la situación que se vive al interior de la cárcel de Turi pronto se convirtió en un secreto a voces, incluyendo la pregunta sobre la clase de protección especial que tenía el director de esta cárcel para mantenerse en el puesto a pesar de las múltiples denuncias que se daban en su contra.

 

En septiembre de este año, la Fiscalía dio a conocer sobre esta red de extorsión y acusó a 16 personas, pero esto no bastó para desarticular a esta red, pues prosigue con sus prácticas a través de nuevos integrantes.

 

Turi se ha convertido en el ejemplo del fracaso de la tan cacareada reforma penitencia de la que se fanfarronean los actuales y los anteriores funcionarios gubernamentales.

 

El voto de silencio

 

Cada vez que pasa algo en Turi y el escándalo se filtra a los medios de comunicación, las autoridades intentan salir al paso asegurando que se realizarán todas las investigaciones pertinentes y se sancionarán a los responsables. Pasado el escándalo vuelven a su voto de silencio y ahí pasan en letargo hasta que un nuevo escándalo los sobresalta.

 

¿Dónde está la Defensoría del Pueblo?  Al inicio de su gestión, Ramiro Rivadeneira asumió con bombos y platillos la conducción del “Mecanismo de Prevención de la Tortura” “Los mecanismos de prevención de la tortura son creados a partir del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, con la finalidad de implementar un sistema de visitas para prevenir las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La finalidad de las visitas se encuentra en identificar los factores de riesgo que pueden dar lugar al cometimiento de tortura, así como proponer recomendaciones para mejorar las condiciones de privación de libertad”, dice la página web de esta instancia. ¿Y?

 

El voto de silencio permanece en la DPE aún cuando el régimen correísta ha finalizado y está por pasar a la historia con una pésima calificación. ¿O es que acaso el voto de silencio tiene vigencia aún en el presente gobierno?

 

Lo que pasa en Turi debe ser denunciado por la DPE y su mecanismo de prevención de la tortura, y debe ser denunciado precisamente como una forma de prevención, para que no haya nuevas víctimas en uno y otro bando.

 

Es evidente que el voto de silencio de las demás autoridades que tienen responsabilidad sobre el sistema penitenciario es un acto de solidaridad con el anterior régimen, pues en él se afanaban de la nueva política penitenciaria, que lo único que hizo fue cambiar la estructura física; esperemos que no se lo haya hecho por las coimas que parece haber imperado en cada proyecto gubernamental de Rafael Correa. 

 

La responsabilidad de la muerte de José Nero es del Estado y sus funcionarios, pues cuando una persona es detenida, su protección pasa a ser responsabilidad del Estado; así como es responsabilidad del Estado el esclarecer el asesinato de Emilia, para lo cual debió tomar todas las medidas necesarias para garantizar la investigación, y una de esas medidas era precisamente la protección de la vida de Nero, aislando a los sospechosos del crimen de Emilia, más aún si se estaba investigando un delito de trata de personas y pornografía infantil.

 

 

Los asesinatos, la tortura, la extorsión y todos los delitos que puedan ser cometidos al interior de un centro penitenciario no solo es responsabilidad de los autores materiales, sean estos detenidos, guardias penitenciarios o policías, sino que es responsabilidad de las autoridades estatales que no asumen ni implementan una verdadera política de seguridad penitenciaria. Los asesinos de Nero y Emilia, y hay que decirlo con énfasis, los asesinos de Nero y Emilia ahora podrán manejar mejor su defensa, pues al testigo principal lo “dieron suicidando”, como sugirió el presidente Lenín Moreno al pedir que se investigue lo sucedido. Pero el escándalo ya pasará y volveremos al eterno letargo y, entre los funcionarios actuales, al voto de silencio que ha primado en los últimos diez años, y en los siete nuevos meses.