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Audiencia de acción de protección por la vulneración a los derechos al Pueblo Shuar

El pueblo Shuar Arutam convoca a todo los medios de comunicación a la cobertura de la audiencia de acción de protección en favor del PSHA que se llevará a cabo el viernes, 22 de marzo de 2019, a las 14:00, en la Unidad Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicada en las calles Juan León Mera y Veintimilla, de la ciudad de Quito.

Denuncian falta de judialización de casos de la Comisión de la Verdad e intento de cerrar fiscalías

Alrededor de 60 personas víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos ocurridos desde el gobierno de León Febres Cordero hasta el expresidente Rafael Correa realizaron hoy, 14 de marzo de 2019, un plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Estado para exigir la judialización de los 118 casos recogidos en el Informe de la Comisión Verdad publicado en el 2010.

Familiares y víctimas de graves violaciones de derechos humanos a nivel nacional llegan a Quito

El Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de los Derechos Humanos convoca a la sociedad y a los medios de comunicación al plantón “No más impunidad” que se realizará este jueves 14 de marzo del 2019, a las 9 de la mañana, en los exteriores de Fiscalía General del Estado, ubicada en la avenida Patria y 12 de Octubre.  

Pueblo Shuar Arutam presenta acción de protección contra empresa minera EXSA San Carlos – Panantza

El pueblo Shuar Arutam con el apoyo de la Fundación Tiam, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (Inredh) presentaron el 8 de marzo del 2019, la acción de protección en contra de la implementación del proyecto minero San Carlos- Panantza; sin la realización de una consulta previa libre e informada irrespetando sus derechos colectivos.

Jueza dispone 15 días para incorporar peritaje en caso Juliana Campoverde

Hoy, 7 de marzo de 2019, la jueza de la Unidad Penal Yadira Proaño dio un plazo de 15 días a la Fiscalía para incluir el informe de peritaje de Criminalística solicitada por la defensa de Jonathan C. procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, desaparecida el 7 de julio de 2012, en el sur de Quito.

Mascarilla: una ejecución extrajudicial

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Martes, 28 Agosto 2018 17:44
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La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) manifiesta su profundo rechazo por los hechos acontecidos en Mascarilla, provincia de Imbabura, el 23 de agosto pasado. En medio de discusiones alrededor de un accidente de tránsito, el joven Andrés Padilla Delgado (24 años) murió por un disparo propinado por un agente policial. La información que se encuentra disponible, derivada de los videos que circularon en redes sociales y de los pocos pronunciamientos oficiales respecto al tema, parece develar el cometimiento de una grave violación a los derechos humanos: una ejecución extrajudicial.

El término “graves violaciones a los derechos humanos” se refiere a aquellos crímenes perpetrados o auspiciados por el aparato estatal contra la población y que por su naturaleza, seriedad y la calidad de inderogable del derecho humano concernido, desemboca en una responsabilidad agravada del Estado.

 Entre los crímenes que, con frecuencia, son clasificados como graves violaciones a los derechos humanos, se encuentran la desaparición forzada,  tortura y ejecución extrajudicial,  esta última consiste en la privación arbitraria y deliberada de la vida de una persona, por parte de un agente estatal que se apoya en la potestad del Estado para justificar el crimen.

En el presente caso, prima facie podemos determinar la existencia de una ejecución extrajudicial. Sin querer sugerir que todo homicidio por parte de un agente estatal constituya un crimen de este tipo, es necesario identificar varios elementos que hacen este caso especialmente grave. Según se desprende de los videos circulados, Padilla no se encontraba armado, no estaba amenazando la vida ni la integridad del policía y tampoco agredía a terceros; incluso, se encontraba de espaldas al agente, caminando en la dirección opuesta. Además, se puede observar que el policía no hace uso progresivo de la fuerza, pues emplea un arma de fuego no exigida en forma alguna por las circunstancias. Todo ello devela la arbitrariedad y la injusticia que marca a esta muerte.

Recordamos al Estado que el mandato constitucional de la institución policial es la “protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos” y, de forma más específica, “la protección interna y el mantenimiento del orden público”, a la luz de los principios de la democracia, los derechos humanos, el respeto la dignidad humana, la no discriminación y el apego irrestricto al ordenamiento jurídico (Art. 158 CE). En ese marco, si bien el uso de la fuerza por parte de agentes policiales es requisito para la consecución de sus fines, es imperativo que el Estado reconozca y exija que los límites a ese uso de la fuerza sean respetados, en especial los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Asimismo, existen lineamientos nacionales e internacionales que regulan el uso progresivo de la fuerza y que deben ser observados de forma obligatoria. Todas las limitaciones mencionadas, sin embargo, han sido incumplidas en el presente caso, configurando una grave violación a los derechos humanos.

La verdad, la justicia y la reparación son necesarios para que en una sociedad no se repitan las situaciones que vulneran los derechos de las personas, más aún en los casos de graves violaciones. Por ello, instamos al Estado ecuatoriano a investigar de forma diligente la muerte de Andrés Padilla y a identificar y sancionar a los responsables, con el fin de evitar que los hechos queden en la impunidad. Además, el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos de todos los seres humanos, exige que los recursos judiciales diseñados por el Estados ofrezcan reparación integral a las víctimas en este tipo de casos.

Siendo la justicia un componente esencial de una verdadera democracia, la atención apropiada y oportuna de los casos de graves violaciones a los derechos humanos debe convertirse en una prioridad en la agenda de los gobiernos.