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127 grupos de defensa de derechos instan a la liberación inmediata de Nabeel Rajab, tras ONU calificar su detención como arbitraria

París-Ginebra-Manama, 29 de agosto de 2018 – Por segunda vez desde 2013, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas ha emitido una opinión sobre la legalidad de la detención de Nabeel Rajab según el derecho internacional de derechos humanos. En esta segunda opinión, el Grupo de Trabajo sostuvo que la detención no solo es arbitraria sino también discriminatoria. Los 127 grupos de derechos humanos signatarios acogen con satisfacción esta histórica opinión, hecha pública el 13 de agosto de 2018, en la que se reconoce el papel que desempeñan los defensores de derechos humanos en la sociedad y la necesidad de protegerlos. Instamos al Gobierno bahreiní a que libere de forma inmediata a Nabeel Rajab, de acuerdo a esta última demanda.  

Estado ecuatoriano será evaluado por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU

Comunicación INREDH 07/03/2017 Estado ecuatoriano será evaluado por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU   Ecuador será examinado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) este 8 y 9 de marzo  de 2017 en Ginebra – Suiza.  Es la primera vez que el Ecuador será evaluado por este Comité, por ello la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador – ASFADEC, el Consultorio Gratuito de la Universidad San Francisco de Quitoy la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos- INREDH consideran de suma importancia compartir con ustedes la actualización  sobre la situación de personasdesaparecidas en el país.

9 años de la masacre en Angostura

Nelson Atupaña y Jessica Matute / INREDH 02/03/2017  9 AÑOS DE LA MASACRE EN ANGOSTURA     Tras 9 años del bombardeo que ejecutó el Ejército colombiano a un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el territorio ecuatoriano, las familias de los cuatro estudiantes mexicanos fallecidos en esta acción y la sociedad ecuatoriana siguen sin respuestas; temen que el caso quede en la impunidad debido a que no hay voluntad política para sancionar a los responsables, tanto en Colombia como en el Ecuador.

Ecuador: Expertos de ONU condenan la ‘muerte legal’ de la Unión Nacional de Educadores

Naciones Unidas-Derechos Humanos 27/09/2016 Ecuador: Expertos de ONU condenan la ‘muerte legal’ de la Unión Nacional de Educadores   GINEBRA – Un grupo* de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condenaron hoy el uso de legislación nacional en Ecuador para disolver la Unión Nacional de Educadores (UNE), la asociación de educadores más importante del país. La UNE, fundada en 1950, fue disuelta debido a la aplicación del Decreto Ejecutivo N. 739 que regula la operación de las organizaciones sociales.

Declaración Conjunta acerca del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas América Latina

FIDH 20/09/2016 Declaración Conjunta acerca del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas América Latina   Defensoras y defensores de derechos humanos que participaron en el encuentro. Foto: Fidh   La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Red-DESC organizaron una consulta regional en América Latina para organizaciones de la sociedad civil (OSC),

Mascarilla: una ejecución extrajudicial

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Martes, 28 Agosto 2018 17:44
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La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) manifiesta su profundo rechazo por los hechos acontecidos en Mascarilla, provincia de Imbabura, el 23 de agosto pasado. En medio de discusiones alrededor de un accidente de tránsito, el joven Andrés Padilla Delgado (24 años) murió por un disparo propinado por un agente policial. La información que se encuentra disponible, derivada de los videos que circularon en redes sociales y de los pocos pronunciamientos oficiales respecto al tema, parece develar el cometimiento de una grave violación a los derechos humanos: una ejecución extrajudicial.

El término “graves violaciones a los derechos humanos” se refiere a aquellos crímenes perpetrados o auspiciados por el aparato estatal contra la población y que por su naturaleza, seriedad y la calidad de inderogable del derecho humano concernido, desemboca en una responsabilidad agravada del Estado.

 Entre los crímenes que, con frecuencia, son clasificados como graves violaciones a los derechos humanos, se encuentran la desaparición forzada,  tortura y ejecución extrajudicial,  esta última consiste en la privación arbitraria y deliberada de la vida de una persona, por parte de un agente estatal que se apoya en la potestad del Estado para justificar el crimen.

En el presente caso, prima facie podemos determinar la existencia de una ejecución extrajudicial. Sin querer sugerir que todo homicidio por parte de un agente estatal constituya un crimen de este tipo, es necesario identificar varios elementos que hacen este caso especialmente grave. Según se desprende de los videos circulados, Padilla no se encontraba armado, no estaba amenazando la vida ni la integridad del policía y tampoco agredía a terceros; incluso, se encontraba de espaldas al agente, caminando en la dirección opuesta. Además, se puede observar que el policía no hace uso progresivo de la fuerza, pues emplea un arma de fuego no exigida en forma alguna por las circunstancias. Todo ello devela la arbitrariedad y la injusticia que marca a esta muerte.

Recordamos al Estado que el mandato constitucional de la institución policial es la “protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos” y, de forma más específica, “la protección interna y el mantenimiento del orden público”, a la luz de los principios de la democracia, los derechos humanos, el respeto la dignidad humana, la no discriminación y el apego irrestricto al ordenamiento jurídico (Art. 158 CE). En ese marco, si bien el uso de la fuerza por parte de agentes policiales es requisito para la consecución de sus fines, es imperativo que el Estado reconozca y exija que los límites a ese uso de la fuerza sean respetados, en especial los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Asimismo, existen lineamientos nacionales e internacionales que regulan el uso progresivo de la fuerza y que deben ser observados de forma obligatoria. Todas las limitaciones mencionadas, sin embargo, han sido incumplidas en el presente caso, configurando una grave violación a los derechos humanos.

La verdad, la justicia y la reparación son necesarios para que en una sociedad no se repitan las situaciones que vulneran los derechos de las personas, más aún en los casos de graves violaciones. Por ello, instamos al Estado ecuatoriano a investigar de forma diligente la muerte de Andrés Padilla y a identificar y sancionar a los responsables, con el fin de evitar que los hechos queden en la impunidad. Además, el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos de todos los seres humanos, exige que los recursos judiciales diseñados por el Estados ofrezcan reparación integral a las víctimas en este tipo de casos.

Siendo la justicia un componente esencial de una verdadera democracia, la atención apropiada y oportuna de los casos de graves violaciones a los derechos humanos debe convertirse en una prioridad en la agenda de los gobiernos.