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Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos

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Fotoperiodista secuestrado es Paúl Rivas

Ante el secuestro de tres trabajadores de Diario El Comercio, en Mataje, frontera colombo ecuatoriana, el Gobierno nacional ha pedido que se reserve los nombres, por razones de seguridad. Esta actitud está lejos de brindar seguridad a estas personas y confunde un caso de secuestro común, en donde son válidas las recomendaciones de la UNASE, con un caso de secuestro como el presente, en el que al parecer el Gobierno carece de protocolos que guíen su actuar y solo está empeñado en proteger su imagen política no divulgando lo que pasa en el norte de Esmeraldas, donde grupos armados ilegales tienen el control territorial.  

Apuntes sobre la explotación petrolera en el Ecuador

Wilton Guaranda - equipo jurídico INREDH 2010 Apuntes sobre la explotación petrolera en el Ecuador     I. INTRODUCCIÓN: La fuente más importante de la economía del ecuador es la exportación de crudo y derivados que en los últimos 10 años ha oscilado entre un 43 y 66% del total de exportaciones del país y entre un 43 y 59% del presupuesto general del Estado.

Preguntas, anexos y fundamentos de la Consulta Popular

Comunicación Inredh  04/10/2017 Preguntas, anexos y fundamentos de la Consulta Popular   Compartimos a continuación, el documento completo sobre la consulta popular que contiene las preguntas, anexos y fundamentación.   Ver PDF

La Reparación Ambiental

Wilton Guaranda - equipo jurídico INREDH 2010 La reparación del daño ambiental I. INTRODUCCIÓN: Uno de los temas que ha cobrado interés en la última década dentro del sistema jurídico ambiental es el establecimiento de acciones para reparar los daños cometidos en contra de la naturaleza. Esta acepción tiene dos elementos a saber.

La justicia indígena en San Pedro de Cañar

  Equipo Inredh  29/08/2017 La justicia indígena en San Pedro de Cañar     El artículo 10 del Convenio169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en relación a los pueblos indígenas, establece: “1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”, y “2. Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.  

La ley de agua - Ecuador

Ricardo Buitrón C 10/04/2012 Comentarios a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua - versión oficial  Aspectos en la ley privatizadores o que impiden la desprivatizacion del agua: Artículo 3. “Prohibición de Privatización.- El agua por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente, no pueden ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa extranjera alguna. Se prohibe  toda forma de privatización del agua, No se reconocerá ninguna forma de apropiación o de posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera que sea su estado.” 

Reconstrucción de los hechos por el delito de tortura en la cárcel Turi - Cuenca

Comunicación INREDH 07/04/2017 Reconstrucción de los hechos por el delito de tortura en la cárcel Turi - Cuenca     Este lunes 10 y 11 de abril de 2017,  a las 09:00, se realizará la reconstrucción de los hechos sobre lo sucedido el pasado 31 de mayo de 2016,donde las personas privadas de libertad del Pabellón de Mediana Seguridad  JC del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Turi- Cuenca fueron víctimas de tortura en un operativo de ´requisa´ realizado por 80 policías, aproximadamente, de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO). Ver video: aquí Para esta diligencia, el juez de la Unidad Penal de Cuenca, José Alejandro Peralta Parra, autorizó el ingreso de los policíasinvolucrados a la penitenciaría. Esta autorización era necesaria debido a que en la sentencia escrita emitida a favor de los privados de libertad el pasado septiembre de 2016, dentro del proceso de hábeas corpus, el juez prohibió el ingreso de lospolicías que intervinieron en ese operativo a cualquier Centro de Rehabilitación Social a nivel nacional. Así, en la diligencia participarán los internos afectados, los policías procesados, sus abogados y la Defensoría Pública de Cuenca que impulsa esta denuncia penal.   Al momento, el caso se encuentra eninstrucción fiscal que concluyea finales de abril del presente año.  


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A raíz de esto, se han establecido diferentes obligaciones y deberes concretos a los Estados partes que deben guardar fiel cumplimiento, pues recae sobre ellos la responsabilidad de defensa del defensor de derechos humanos y la importancia de proteger al defensor de derechos humanos por su papel que desempeña en la sociedad al impulsar y procurar un diálogo entre el Estado y la sociedad civil promoviendo por lo tanto una sociedad democrática.

 

Sin embargo, hay que señalar que la labor y el activismo de los defensores en su mayoría se ven orientadas a irse en contra de políticas públicas o planes de los gobiernos de cada Estado, por lo que se ven expuesto a una situación de mayor vulnerabilidad y peligro, siendo por lo tanto víctimas de asesinatos, hostigamiento, ataques y/o amenazas. Por esto, organismos internacionales se han pronunciado respecto de la situación de los defensores, el riesgo al que están expuestos y cuáles son las obligaciones de los estados para brindar protección.

 

Estos pronunciamientos se ven reflejados en el Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores en las Américas, publicado el 7 de marzo de 2006 y en el Informe de la Comisión Intereamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos del 2015 en donde se observa una las acciones dirigidas a impedir, obstaculizar, o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en los Estados parte; y por lo tanto reconoce que las y los defensores contribuyen a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas y en virtud de esto elabora recomendaciones importantes a los Estados con el fin de que se procure la protección de los defensores y se erradique las actuaciones utilizadas para criminalizar la labor de defensa de los derechos humanos o para colocarlos en peligro.

 

La situación actual de defensores de derechos humanos en el Ecuador se ha caracterizado por la falta de un entorno propicio para su trabajo que por consecuencia les ha ubicado en una posición de vulnerabilidad; a ello se agrega la inexistencia de un sistema de protección adecuado y el permanente hostigamiento a raíz de la instrumentalización del sistema judicial. Asimismo, esta se ha visto caracterizada por la creación y adaptación de normas que legitiman la criminalización de la defensa de derechos. Es así que desde el año 2012 se han impulsado procesos penales amparados en el Código Orgánico Integral Penal en contra de aproximadamente 282 personas por actividades de defensa de derechos, es decir, un aumento de más del 300% de víctimas de la criminalización. También, se han podido documentar al menos 3 asesinatos de defensores de derechos humanos y de la naturaleza en el ejercicio de su labor.

 

En Ecuador, no existe un sistema de protección para defensores dentro del marco normativo por lo que la vía a tomar frente a estos hechos es denunciar a través de algún tipo penal adaptable al tipo de amenaza u hostigamiento sufrido por el defensor, sin tomar en cuenta la labor que ejercen y el contexto político, económico y social en que desarrollan sus actividades.

 

Se debe reconocer su labor dentro de cada sociedad y por lo tanto desarrollar esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las normas de derechos humanos universalmente reconocidas, incluso mediante la promoción tanto de la ratificación y aplicación universal de los principales tratados de derechos humanos, como del respeto por el estado de derecho.