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 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Audiencia de juzgamiento por la muerte de Andrés Padilla en caso Mascarilla

Hoy, 12 de junio de 2019, se realizó el tercer día de audiencia de juzgamiento por el presunto delito de extralimitación de la fuerza de David V., procesado por la muerte de Andrés Padilla, ocurrida durante el operativo policial realizado el pasado 23 de agosto de 2018, en el sector Mascarilla, en la provincia de Imbabura.

Carta abierta a la ministra de gobierno, María Paula Romo

Quito, 11 de junio de 2019   Dra. María Paula Romo Ministra de Gobierno del Ecuador Presente De nuestras consideraciones: Como Usted conoce, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) es una organización con más de 25 años de trabajo por la defensa de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza; periodo en el cual ha sido frontal en denunciar las violaciones a los derechos perpetradas por todos los gobiernos que han pasado durante estos 25 años de vida institucional.

Principio de reserva en la desaparición de Giovanna Pérez fue violentado

El expediente número 47 de la investigación sobre la desaparición de Giovanna Pérez Constante que reposa en la Fiscalía de Soluciones Rápidas N1, de la ciudad de Ambato, fue entregado a Salomón L. para su revisión, pese a que él no es parte del proceso. Así lo informó Yanera Constante, madre de Giovanna, joven desaparecida desde 4 de diciembre de 2010, en la ciudad de Ambato.

Julio César Trujillo: un luchador, un demócrata… un amigo

Ha muerto un luchador, un demócrata… un amigo Nació en la ciudad de Ibarra, el 25 de marzo de 1935, en un hogar dedicado a la agricultura y el comercio. No fue en un hogar pudiente, pero si con cierta holgura, lo que le permitió migrar a Quito para estudiar.

Audiencia de juzgamiento por el delito de tortura en la cárcel Turi

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 13 Septiembre 2018 17:40
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Este martes, 18 de septiembre de 2018, a las 08h30, en el Complejo Judicial del Azuay, ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se desarrollará la audiencia oral y pública por el delito de tortura cometido el pasado 31 de mayo de 2016, por miembros de la policía en contra de más de 200 internos del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Por este delito están siendo procesados 43 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que participaron en el operativo dirigido por el mayor de la Policía, René Cañar.

En la audiencia se contará con los testimonios de las personas privadas de la libertad de la cárcel Turi y vía conferencia con la versión de los internos que se encuentran en otros centros de privación de libertad.  El tribunal también coordinará con la Defensoría Pública para la designación de  cuantos defensores públicos sean necesarios para la evacuación de esta audiencia.

Para David Ayala, abogado de Defensoría Pública y abogado del caso, en esta  audiencia de juicio se tiene como expectativa que se haga justicia apoyando a la tesis que mantiene Fiscalía respecto al delito de tortura.

“En la anterior audiencia preparatoria de juicio se evidenció mediante testimonios la existencia de una red de delincuencia organizada en los interiores de la cárcel dedicada a delitos como extorsión, pago de coimas a funcionarios y tortura”, dijo Ayala.

Varios de las personas privadas de la libertad afirman que a más de haber sufrido actos de tortura, sus familiares tampoco han podido llevar una vida normal debido a las constantes llamadas y amenazas que reciben en el exterior por parte de funcionarios o de otros que les exige el pago inmediato de  $ 300 y $ 4000.

El jurista recuerda al Estado ecuatoriano que cuando una persona es detenida, su protección pasa a ser responsabilidad del Estado, por lo tanto este tipo de actos no pueden quedar impunes debido a que los internos pertenecen a un grupo de  atención prioritaria y vulnerable en la sociedad.