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INREDH celebró sus 25 años de defensa de derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza

El 28 de septiembre de 1993 se inscribe INREDH (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos) como una organización jurídica. Desde entonces han pasado 25 años y seis generaciones de jóvenes profesionales han dejado una huella que no puede ser borrada. Cada generación ha llevado casos de suma importancia para la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza. Cada generación abrió un camino y permitió que INREDH siga vivo, joven e innovándose permanentemente.   Galería de fotos: aquí   

27 militares son llamados para la reconstrucción de los hechos por la ejecución extrajudicial de Freddy Taish

La Fiscalía de Gualaquiza realizará este viernes, 7 de diciembre de 2018, a las 09:30, la reconstrucción de los hechos por el delito de terrorismo con muerte ocurrido el 7 de noviembre de 2013 en el sector Tutus, orilla derecha del río Zamora, comunidad Shiram Entza, parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza.

El caso de Juliana Campoverde será procesado por secuestro extorsivo con resultado de muerte

La jueza de la Unidad Penal Yolanda Portilla aceptó hoy la reformulación de cargos en contra el pastor evangélico Jonathan C. procesado por la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 2012.

Relatora de la ONU pide que se respete los derechos de los pueblos indígenas y no se criminalice su justicia

La Relatora Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz,  ofreció hoy 29 de noviembre del 2018, una rueda de prensa con el fin de instar al gobierno ecuatoriano a tomar medidas reales para la construcción de una sociedad plurinacional y multicultural prevista en la Constitución. Esto en el marco de su visita al Ecuador que concluyó hoy tras 11 días de recorrer el país.

Audiencia de reformulación de cargos por la desaparición de Juliana Campoverde

La jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito,  Yolanda Portilla Ruiz, convocó a la audiencia de reformulación de cargos en contra de Jonathan C., pastor procesado por el delito de secuestro extorsivo cometido en contra de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida desde el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Audiencia de juzgamiento por el delito de tortura en la cárcel Turi

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 13 Septiembre 2018 17:40
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Este martes, 18 de septiembre de 2018, a las 08h30, en el Complejo Judicial del Azuay, ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se desarrollará la audiencia oral y pública por el delito de tortura cometido el pasado 31 de mayo de 2016, por miembros de la policía en contra de más de 200 internos del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Por este delito están siendo procesados 43 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que participaron en el operativo dirigido por el mayor de la Policía, René Cañar.

En la audiencia se contará con los testimonios de las personas privadas de la libertad de la cárcel Turi y vía conferencia con la versión de los internos que se encuentran en otros centros de privación de libertad.  El tribunal también coordinará con la Defensoría Pública para la designación de  cuantos defensores públicos sean necesarios para la evacuación de esta audiencia.

Para David Ayala, abogado de Defensoría Pública y abogado del caso, en esta  audiencia de juicio se tiene como expectativa que se haga justicia apoyando a la tesis que mantiene Fiscalía respecto al delito de tortura.

“En la anterior audiencia preparatoria de juicio se evidenció mediante testimonios la existencia de una red de delincuencia organizada en los interiores de la cárcel dedicada a delitos como extorsión, pago de coimas a funcionarios y tortura”, dijo Ayala.

Varios de las personas privadas de la libertad afirman que a más de haber sufrido actos de tortura, sus familiares tampoco han podido llevar una vida normal debido a las constantes llamadas y amenazas que reciben en el exterior por parte de funcionarios o de otros que les exige el pago inmediato de  $ 300 y $ 4000.

El jurista recuerda al Estado ecuatoriano que cuando una persona es detenida, su protección pasa a ser responsabilidad del Estado, por lo tanto este tipo de actos no pueden quedar impunes debido a que los internos pertenecen a un grupo de  atención prioritaria y vulnerable en la sociedad.