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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

Audiencia de juzgamiento por el delito de tortura en la cárcel Turi

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 13 Septiembre 2018 17:40
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Este martes, 18 de septiembre de 2018, a las 08h30, en el Complejo Judicial del Azuay, ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se desarrollará la audiencia oral y pública por el delito de tortura cometido el pasado 31 de mayo de 2016, por miembros de la policía en contra de más de 200 internos del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Por este delito están siendo procesados 43 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que participaron en el operativo dirigido por el mayor de la Policía, René Cañar.

En la audiencia se contará con los testimonios de las personas privadas de la libertad de la cárcel Turi y vía conferencia con la versión de los internos que se encuentran en otros centros de privación de libertad.  El tribunal también coordinará con la Defensoría Pública para la designación de  cuantos defensores públicos sean necesarios para la evacuación de esta audiencia.

Para David Ayala, abogado de Defensoría Pública y abogado del caso, en esta  audiencia de juicio se tiene como expectativa que se haga justicia apoyando a la tesis que mantiene Fiscalía respecto al delito de tortura.

“En la anterior audiencia preparatoria de juicio se evidenció mediante testimonios la existencia de una red de delincuencia organizada en los interiores de la cárcel dedicada a delitos como extorsión, pago de coimas a funcionarios y tortura”, dijo Ayala.

Varios de las personas privadas de la libertad afirman que a más de haber sufrido actos de tortura, sus familiares tampoco han podido llevar una vida normal debido a las constantes llamadas y amenazas que reciben en el exterior por parte de funcionarios o de otros que les exige el pago inmediato de  $ 300 y $ 4000.

El jurista recuerda al Estado ecuatoriano que cuando una persona es detenida, su protección pasa a ser responsabilidad del Estado, por lo tanto este tipo de actos no pueden quedar impunes debido a que los internos pertenecen a un grupo de  atención prioritaria y vulnerable en la sociedad.