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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

Se presentaron los alegatos en la audiencia de juzgamiento por el delito de tortura en Turi

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 18 Septiembre 2018 20:27
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Este martes 18 de septiembre de 2018,  inició a la audiencia de juzgamiento para conocer y resolver la situación jurídica de los 42 agentes de la Policía Nacional procesados por el delito de tortura ocurrido en el Centro de Rehabilitación Social Turi.

La audiencia que se tenía previsto iniciar a las 08:30, en la sala del Complejo Judicial de Azuay, se retrasó debido a que varios de los testigos y procesados no portaban sus documentos de identificación y porque no se encontraba listo el equipo de la video conferencia. Además, de la aglomeración de los familiares de los agentes del Estado que querían ingresar a la sala donde se desarrollaba la diligencia.  

Luego de tres  horas de espera,  el Tribunal de Garantías Penales de Azuay conformado por Luis Flores, juez ponente; Patricia Inga y Pedro Ordóñez instalaron la audiencia en contra de los 42 agentes policiales que participaron en el operativo del 31 de mayo de 2016, donde más de 200 personas privadas de la libertad del Pabellón de Mediana Seguridad JC, del CRS Turi fueron pateados, golpeados y obligados a desnudarse para realizar ejercicios físicos.

Para la Fiscalía lo sucedido aquel 31 de mayo claramente es un delito de tortura, así como lo señala el numeral 2, del artículo  151 de la Constitución del Ecuador. Sus argumentos se basan en las versiones de los internos que señalan que durante el operativo recibieron descargas eléctricas y fueron obligados a desnudarse mientras los golpeaban con el tolete.

La otra evidencia es el juego de video de seguridad del centro carcelario que registró como los miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) torturaron a las personas privadas de la libertad aquel 31 de mayo.

Con este alegato coincidió David Ayala, defensor público y abogado de las 25 víctimas, que  solicitó a los jueces  analizar las pruebas para que verifiquen que sí hubo tortura el 31 de mayo y así sentar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir en otros centros penitenciarios.

Por su parte, los 10 abogados de los 42 acusados dijeron que sus defendidos únicamente cumplían su trabajo realizando una requisa de rutina para incautar objetos prohibidos; sin embargo, se vieron obligados a utilizar la fuerza para neutralizar a varios de los internos debido al amotinamiento producido en los interiores del pabellón.

A  la audiencia también asistieron los representantes de la  Defensoría del Pueblo, Policía Nacional y el Ministerio de Justicia en calidad de observadores, aseguraron.

Se prevé que mañana, 19 de septiembre de 2018, a las 09:00, se reanude la audiencia de juzgamiento para la presentación de testigos y pruebas.