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INREDH celebró sus 25 años de defensa de derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza

El 28 de septiembre de 1993 se inscribe INREDH (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos) como una organización jurídica. Desde entonces han pasado 25 años y seis generaciones de jóvenes profesionales han dejado una huella que no puede ser borrada. Cada generación ha llevado casos de suma importancia para la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza. Cada generación abrió un camino y permitió que INREDH siga vivo, joven e innovándose permanentemente.   Galería de fotos: aquí   

27 militares son llamados para la reconstrucción de los hechos por la ejecución extrajudicial de Freddy Taish

La Fiscalía de Gualaquiza realizará este viernes, 7 de diciembre de 2018, a las 09:30, la reconstrucción de los hechos por el delito de terrorismo con muerte ocurrido el 7 de noviembre de 2013 en el sector Tutus, orilla derecha del río Zamora, comunidad Shiram Entza, parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza.

El caso de Juliana Campoverde será procesado por secuestro extorsivo con resultado de muerte

La jueza de la Unidad Penal Yolanda Portilla aceptó hoy la reformulación de cargos en contra el pastor evangélico Jonathan C. procesado por la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 2012.

Relatora de la ONU pide que se respete los derechos de los pueblos indígenas y no se criminalice su justicia

La Relatora Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz,  ofreció hoy 29 de noviembre del 2018, una rueda de prensa con el fin de instar al gobierno ecuatoriano a tomar medidas reales para la construcción de una sociedad plurinacional y multicultural prevista en la Constitución. Esto en el marco de su visita al Ecuador que concluyó hoy tras 11 días de recorrer el país.

Audiencia de reformulación de cargos por la desaparición de Juliana Campoverde

La jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito,  Yolanda Portilla Ruiz, convocó a la audiencia de reformulación de cargos en contra de Jonathan C., pastor procesado por el delito de secuestro extorsivo cometido en contra de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida desde el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Se presentaron los alegatos en la audiencia de juzgamiento por el delito de tortura en Turi

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 18 Septiembre 2018 20:27
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Este martes 18 de septiembre de 2018,  inició a la audiencia de juzgamiento para conocer y resolver la situación jurídica de los 42 agentes de la Policía Nacional procesados por el delito de tortura ocurrido en el Centro de Rehabilitación Social Turi.

La audiencia que se tenía previsto iniciar a las 08:30, en la sala del Complejo Judicial de Azuay, se retrasó debido a que varios de los testigos y procesados no portaban sus documentos de identificación y porque no se encontraba listo el equipo de la video conferencia. Además, de la aglomeración de los familiares de los agentes del Estado que querían ingresar a la sala donde se desarrollaba la diligencia.  

Luego de tres  horas de espera,  el Tribunal de Garantías Penales de Azuay conformado por Luis Flores, juez ponente; Patricia Inga y Pedro Ordóñez instalaron la audiencia en contra de los 42 agentes policiales que participaron en el operativo del 31 de mayo de 2016, donde más de 200 personas privadas de la libertad del Pabellón de Mediana Seguridad JC, del CRS Turi fueron pateados, golpeados y obligados a desnudarse para realizar ejercicios físicos.

Para la Fiscalía lo sucedido aquel 31 de mayo claramente es un delito de tortura, así como lo señala el numeral 2, del artículo  151 de la Constitución del Ecuador. Sus argumentos se basan en las versiones de los internos que señalan que durante el operativo recibieron descargas eléctricas y fueron obligados a desnudarse mientras los golpeaban con el tolete.

La otra evidencia es el juego de video de seguridad del centro carcelario que registró como los miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) torturaron a las personas privadas de la libertad aquel 31 de mayo.

Con este alegato coincidió David Ayala, defensor público y abogado de las 25 víctimas, que  solicitó a los jueces  analizar las pruebas para que verifiquen que sí hubo tortura el 31 de mayo y así sentar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir en otros centros penitenciarios.

Por su parte, los 10 abogados de los 42 acusados dijeron que sus defendidos únicamente cumplían su trabajo realizando una requisa de rutina para incautar objetos prohibidos; sin embargo, se vieron obligados a utilizar la fuerza para neutralizar a varios de los internos debido al amotinamiento producido en los interiores del pabellón.

A  la audiencia también asistieron los representantes de la  Defensoría del Pueblo, Policía Nacional y el Ministerio de Justicia en calidad de observadores, aseguraron.

Se prevé que mañana, 19 de septiembre de 2018, a las 09:00, se reanude la audiencia de juzgamiento para la presentación de testigos y pruebas.