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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

15 víctimas comparecerán en la audiencia de juzgamiento por tortura en Turi

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 20 Septiembre 2018 12:28
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11 pruebas documentales,  12 peritajes y 15 testimonios de las personas privadas de la libertad de los centros de  detención de Cuenca, Guayaquil, Latacunga, Riobamba, Portoviejo e Ibarra son varias de las pruebas anunciadas en la audiencia pública de juzgamiento por el delito de tortura en contra de 42 policías procesados por los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi.

La audiencia se instaló ayer,  19 de septiembre del 2018,  a las 09:30, en el Complejo Judicial de Cuenca. En su segundo día, la sala de audiencia permaneció custodiada por cuatro agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y un miembro de la Policía Nacional que impidieron el ingreso de familiares y amigos a la sala por falta de espacio.

Para David Ayala, abogado de Defensoría Pública que patrocina a las 25 víctimas, hasta el momento tanto Fiscalía como los accionados han presentado las pruebas documentales en su defensa.

Los accionantes presentaron 11 pruebas documentales, entre ellas un listado del personal policial que participó del operativo del 30 de mayo de 2016, el juego de videos que registra como los internos fueron golpeados por los agentes del Estado, un reglamento de la Policía Nacional en cuanto a la utilización del uso progresivo de la fuerza, entre otras.  Ante esto la contraparte objetó estas pruebas alegando que estas son únicamente simples copias, sin embargo, Fiscalía aclaró que esta documentación se encuentra debidamente certificada por lo tanto cuenta con total validez probatoria.

Fiscalía y Defensoría también impugnaron varias de las pruebas presentadas por los abogados de los acusados, tales como pericias médicas u informes testimoniales.

Según el Código Integral Penal (COIP), este tipo de documentación no tiene valor de prueba, lo que realmente serviría como probatorio sería los testimonios orales de quienes participaron de dichas pericias.

Ayala también indicó que una de las pruebas más objetadas fue las grabaciones registradas por medio de CD’s en los cuales se evidencian las agresiones físicas de los agentes hacia los internos.  Los accionados dijeron que estos CD’s no mantuvieron cadena de custodia y por lo tanto está prueba cuenta con poca credibilidad, respecto a esto el jurista afirma que esto no significa que se deba excluir dicha prueba del proceso.

Para Daniel Véjar, coordinador jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), este proceso judicial es importante para que no quede en la impunidad los actos de tortura ocurridos en el CRS de Turi. Además, evidencia la situación carcelaria que se vive en Ecuador.

“Existe una prohibición absoluta de tortura y los Estados tienen la obligación de investigar por todos los medios posibles y sancionar a los responsables del hecho – dice Véjar -, más aún cuando el Estado ecuatoriano a ratificado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, todos los tratados internacionales de respeto y garantía de derechos humanos”.

Investigar y sancionar a los responsables sentaría un precedente para que esto no vuelva a ocurrir en otro centro penitenciario y se mejoraría las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, enfatiza Véjar.

Hoy,  desde las 08:30, el Tribunal de Garantías Penales de Azuay conformado por Luis Flores, juez ponente; Patricia Inga y Pedro Ordóñez escuchan los testimonios de las víctimas. Se prevé que la audiencia dure un mes aproximadamente.