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Relatora de pueblos indígenas de la ONU se reunirá con organizaciones de la sociedad civil

Victoria Tauli Corpuz, relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, se reunirá hoy, 20 de noviembre de 2018, a las 17:00, con organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza, en el paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, Toledo N22-80 (Plaza Brasilia).

Entre la ausencia y el abuso del poder: muerte de Francisco Cajigas

Por Alejandro Baño* Joven colombiano, de 33 años, residía en un departamento junto a su esposa y su hija menor. El 17 de noviembre de 2015 fue aprehendido por el organismo estatal que en sus dependencias lleva por lema “Servir y proteger”. Él fue desaparecido y encontrado muerto 13 días después, en un alto proceso de descomposición, en la laguna de Yaguarcocha, en la provincia de Imbabura. Así terminó la vida de Francisco Javier Cajigas Botina hace ya tres años, en un lamentable contexto de incertidumbre e injusticia que aún se percibe.

37 policías fueron condenados a 106 días de prisión por los hechos ocurridos en la cárcel Turi

106 días y 26 hora de prisión en el Centro de Rehabilitación Social Turi fue la condena que recibieron 37 de los 42 policías procesados por el delito de tortura ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad JC de este Centro.

Audiencia de acción de protección contra INREDH se reinstalará este jueves

Mañana, jueves 15 de noviembre del 2018, a las 14:00, en el Complejo Judicial Sur ubicado en Quitumbe, se reinstalará la audiencia de Acción de Protección que interpuso el pastor evangélico Patricio C., padre de Jonathan C., en contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)  y Covidefem por las publicaciones en redes sociales sobre Juliana Campoverde, joven desaparecida desde el 7 de julio de 2012.

Tribunal de Garantías Penales emitirá su resolución sobre el delito de tortura en Turi

Este 14 de noviembre de 2018, a las 15:30, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca emitirá su resolución sobre el delito de tortura cometido en contra de más de 200 personas privadas de la libertad del pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016.

Contradicciones en la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia en caso Francisco Cajigas

Categoría: Actualidad Creado: Viernes, 12 Octubre 2018 18:20
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El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar suspendió hoy, 12 de octubre de 2018, por segunda ocasión la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurrida en noviembre de 2015, en la ciudad de Ibarra. El caso se encuentra bajo escrutinio penal desde que se verificó que el cráneo de Francisco, muerto por un trauma cráneo encefálico, fue hallado en la ciudad de Esmeraldas bajo circunstancias poco claras.

Los tres magistrados suspendieron la audiencia debido a la ausencia de dos testigos de los procesados Ángel N., médico legal del Centro Forense de Esmeraldas, y Leónidas F., auxiliar de medicina legal.

La audiencia se instaló hoy a las 8:40 en la Sala 1 de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Esmeraldas. El fiscal Jefferson Ibarra presentó 4 pruebas testimoniales y 5 documentales. En la anterior audiencia llamó a 8 testigos.

Por su parte, la defensa de los procesados presentó el testimonio de los tres implicados. El primero en hablar fue Leónidas F., de 28 años e ingeniero en Sistema Informático, que dijo no haber participado en el proceso de autopsia del cuerpo de Francisco, solo aseguró que el 1 de diciembre de 2015 recibió el mismo y al terminar su turno lo entregó a su compañero Sergio R., otro de los procesados.  Según Leónidas, el cuerpo del joven colombiano lo volvió a ver el 15 de diciembre de 2015, cuando estaba embalado y en fundas de color negro. Indicó no haber verificado si estaba completo el cuerpo previa a la entrega a sus familiares.

El segundo interrogado fue el médico legal Ángel N., de 49 años.  Él señaló que realizó la autopsia del cuerpo con personal de medicina legal de Quito en el Centro Forense de Esmeraldas. Aseguró que el cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición por lo cual ordenó lavarlo.  Tras de ello, Ángel junto a la otra médica legal Sandra A., resolvieron desprender la cabeza para realizar los análisis que permitieran verificar la identidad del occiso.

Según el médico legal, tras realizar la autopsia, el cuerpo de Francisco quedó bajo custodia del disector de turno, Sergio R., de 67 años, encargado de lavar y formolizar el cuerpo que estaba completo.

Sergio fue el tercero en rendir su testimonio en la audiencia. Él asegura que en sus 30 años de experiencia ha lavado los cuerpos con agua de llaves, fría, caliente o a presión.  Él enfatizó ante los magistrados que por órdenes del doctor Ángel N. guardó la cabeza y clavícula de Francisco en una gaveta del refrigerador, la mismo que no registraba una rotulación, pues quien tenía la cadena custodia y había ordenado los nuevos exámenes debía conocer de este particular.

También, dijo que Leónidas sí participó en el  proceso de autopsia y que el embalaje del cuerpo lo realizó junto a él, ya que es imposible que una persona  lo haga solo.  Además, precisó que, si la familia quería ver el cuerpo de Francisco, Leonidas F. no debía impedirlo.

Tras escuchar los testimonios de los tres procesados, y ante la solicitud de la abogada de la defensa, el Tribunal de Garantías Penales suspendió la audiencia para asegurar la comparecencia de los testigos faltantes. 

Para el fiscal del caso, la suspensión atenta contra el principio de inmediación y celeridad procesal. Además, que constituye una forma de revictimización a la familia porque han esperado un resultado de la audiencia de juzgamiento desde noviembre del año anterior.

Daniel Véjar, coordinador jurídico de Inredh, coincide con el criterio que Fiscalía tiene sobre el sufrimiento y revictimización a las víctimas.  “Este proceso de por sí ha representado una lesividad importante para la familia colombiana – dice Véjar-, que no solo incurre en gastos económicos, sino que la falta de respuesta del Estado ha provocado que el proceso por ejecución extrajudicial este estancado y que la familia sufra afectaciones psicológicas graves”. También, le llama la atención la conducta de los juzgadores en el direccionamiento de la audiencia porque incurren en prácticas inquisitivas en el sistema oral acusatorio vigente con el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Se espera que la audiencia se reanude en las primeras semanas de noviembre, aunque al momento se desconoce el día y hora exactos.