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Hoy, martes 15 de enero de 2019, el juez Carlos Dávila, negó la petición de acción de protección, a la Comunidad Indígena de Cascomi. El argumento: que no existe vulneraciones de derecho constitucional alguno y que este tema debe ser ventilado en la vía ordinaria.

INREDH presenta impugnación al candidato Herrería ante el Consejo de Participación

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), presentará formalmente la impugnación a la candidatura de Enrique Herrería a la Corte Constitucional este miércoles 16 de enero a las 9h00 ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Lizardo García 215 y José Tamayo).

Juez emitirá sentencia sobre la consulta previa y el derecho a la vida digna en proyecto Mirador

La Comunidad Indígena Cascomi con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Red Eclesial Pan Amazónica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) invitan a los medios de comunicación a la audiencia de resolución de la “Acción de protección por la vulneración del derecho a la consulta previa y a los desalojos ocurridos en Tundayme” que se desarrollará este martes, 15 de enero de 2019, a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte (Villalengua y Amazonas).

Caso Angelo Ayol: `no se debe instrumentalizar el derecho a la defensa´

La Corte Provincial del Pichincha suspendió hoy, 10 de enero de 2019, la audiencia de apelación por el delito de tortura cometido por dos miembros de la Policía Nacional en contra de Ángelo Ayol, joven de 16 años y 11 meses, estudiante de cuarto curso del Colegio Mejía, ocurrido durante las protestas sociales del 17 de septiembre de 2014.

Perito del Consejo de la Judicatura corrobora que sí existe población indígena en Tundayme

Este miércoles, 09 de enero de 2019, el Juez Carlos Dávila reinstaló la audiencia de la acción de protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la empresa minera Ecuacorriente S.A. por violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada en la ejecución del proyecto minero Mirador, a las 15:30, en la sala 806 del Complejo Judicial Norte.

La justicia ordinaria reconoce la autoridad del Consejo de Gobierno Comunitario La Toglla para resolver sus conflictos

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 07 Noviembre 2018 13:08
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En la segunda semana de noviembre de 2018 se prevé que inicie el período de reuniones entre el Consejo de Gobierno Comunitario de La Toglla y Edmundo Perugachi, quien interpuso una demanda por el delito de usurpación en contra de 8 dirigentes de la comunidad, ubicada en el en la parroquia Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha. Así lo resolvió la jueza de la Unidad Judicial Penal del cantón Rumiñahui, Laura López en la audiencia de juzgamiento.

La audiencia se instaló el pasado viernes 19 de octubre del año en curso con la presencia de los demandados: Darío Iza, vicepresidente de la comunidad La Toglla, y siete dirigentes más.

Según Perugachi, los 8 procesados ingresaron a su territorio el 8 de junio de 2016 para despojarlo de sus tierras. La defensa de los dirigentes comunitarios discrepa con este argumento, y a su vez, dijo en la audiencia:

  • Primero, que las personas implicadas en la demanda no estuvieron ese día jueves 8 de junio de 2016, en la comunidad y no hubo ningún enfrentamiento, como lo aseguró Perugachi.
  • Segundo, Edmundo Perugachi anteriormente presentó una demanda en contra de Darío Iza, en ese entonces presidente de la comunidad, por el mismo hecho y delito. Ese proceso mediante sentencia fue declarado en abandono porque el demandante no impulsó la causa. Por lo tanto, ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.
  • Tercero, el 7 de junio de 2016, Perugachi ingresó a la comunidad con 30 policías, pese a que el ingreso de agentes estatales está prohibido sino cuenta con la autorización de la comunidad. Esto generó malestar en los habitantes de la comunidad. En el parte policial, presentado como prueba en el proceso, se menciona que el presidente de ese entonces invita al encargado del operativo policial a la casa parroquial para presentar documentación de la comunidad, específicamente su escritura madre. Luego, los policías se retiran de la comunidad asegurando que allí no hay delito, ya que ellos no pueden determinar qué escritura es válida.

 

Frente a estos argumentos, la jueza propuso a las dos partes la posibilidad de resolver el conflicto mediante una conciliación o realizar todo el proceso para al final emitir una resolución donde se reconozca la inocencia o culpabilidad de los demandados.

"Junto a nuestro abogado, Estuardo Salvador, se puso sobre la mesa esta posibilidad y, teniendo en consideración que el juicio se estaba inclinando a nuestro favor debido a la incongruencia de los argumentos de la otra parte –dice Iza-. Decidimos que la conciliación sería un triunfo para la comunidad, ya que se reconoce la inocencia de las personas porque se declara la extinción del proceso penal y se reconoce la autoridad de la comunidad para que se resuelva el caso dentro de la misma. Eso es muy beneficioso para La Toglla y es un punto en contra para los intereses de grupos anti comuneros o para intereses económicos sobre La Toglla"

También, la defensa de Perugachi optó por la medida de conciliación. Por lo cual, la magistrada reconoció la autoridad indígena para resolver este conflicto mediante reuniones entre las partes. Además, determinó que se pidan disculpas públicas por la parte procesal y la parte procesada y que Perugachi debe respetar todas las formas de convivencia y procederes de la comunidad para poder hacer un ejercicio del vivir en comunidad.

 

Contexto:

El presunto delito por el cual fueron llamados a la justicia ordinaria ocho personas de La Toglla fue por el delito de usurpación de un terreno, ubicado en el sector de Comun-Pamba, en el barrio La Toglla, parroquia Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha.

Entre los implicados están: María Susana C., José Oswaldo I., Flavia Verónica L., Rosa Manuela C., Manuel Abraham P., Sebastián Eloy C., Darío Javier Iza y Virginia Dolores L.

Perugachi presentó su querella en contra de los procesados porque afirmaba tener una escritura que data del 2001 y un documento de enajenación del 2001-2002, los cuales se realizaron dentro de las instancias legales. En 2016, Perugachi ingresó a su presunto terreno, ubicado en el sector de Comun-Pamba, y taló algunos árboles. Es en ese momento iniciaron los conflictos entre Perugachi y los comuneros de La Toglla.

Para el vicepresidente de la comunidad, las aseveraciones y documentos que posee Perugachi no tienen validez porque se realizó cuando ya había una Constitución (1998) que decía que la propiedad comunitaria es imprescriptible e inalienable; eso quiere decir, que así la comunidad quiera enajenar un bien no puede porque es contrario al interés constitucional, "incluso si ese documento se hubiera realizado antes del 98 tuvo que aprobarse por 3 asambleas generales y eso no pasó en la comunidad".

Iza afirma que La Toglla posee una escritura madre desde 1923 a nombre de 276 personas. "Según la jurisprudencia de ese entonces ese contrato de dos o más personas se vuelve proindiviso. Con esa misma escritura, en 1938, en el marco del surgimiento de la Ley de Comunas de 1937, la comunidad se inscribe como un territorio colectivo".