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Relatora de pueblos indígenas de la ONU se reunirá con organizaciones de la sociedad civil

Victoria Tauli Corpuz, relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, se reunirá hoy, 20 de noviembre de 2018, a las 17:00, con organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza, en el paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, Toledo N22-80 (Plaza Brasilia).

Entre la ausencia y el abuso del poder: muerte de Francisco Cajigas

Por Alejandro Baño* Joven colombiano, de 33 años, residía en un departamento junto a su esposa y su hija menor. El 17 de noviembre de 2015 fue aprehendido por el organismo estatal que en sus dependencias lleva por lema “Servir y proteger”. Él fue desaparecido y encontrado muerto 13 días después, en un alto proceso de descomposición, en la laguna de Yaguarcocha, en la provincia de Imbabura. Así terminó la vida de Francisco Javier Cajigas Botina hace ya tres años, en un lamentable contexto de incertidumbre e injusticia que aún se percibe.

37 policías fueron condenados a 106 días de prisión por los hechos ocurridos en la cárcel Turi

106 días y 26 hora de prisión en el Centro de Rehabilitación Social Turi fue la condena que recibieron 37 de los 42 policías procesados por el delito de tortura ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad JC de este Centro.

Audiencia de acción de protección contra INREDH se reinstalará este jueves

Mañana, jueves 15 de noviembre del 2018, a las 14:00, en el Complejo Judicial Sur ubicado en Quitumbe, se reinstalará la audiencia de Acción de Protección que interpuso el pastor evangélico Patricio C., padre de Jonathan C., en contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)  y Covidefem por las publicaciones en redes sociales sobre Juliana Campoverde, joven desaparecida desde el 7 de julio de 2012.

Tribunal de Garantías Penales emitirá su resolución sobre el delito de tortura en Turi

Este 14 de noviembre de 2018, a las 15:30, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca emitirá su resolución sobre el delito de tortura cometido en contra de más de 200 personas privadas de la libertad del pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016.

La justicia ordinaria reconoce la autoridad del Consejo de Gobierno Comunitario La Toglla para resolver sus conflictos

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 07 Noviembre 2018 13:08
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En la segunda semana de noviembre de 2018 se prevé que inicie el período de reuniones entre el Consejo de Gobierno Comunitario de La Toglla y Edmundo Perugachi, quien interpuso una demanda por el delito de usurpación en contra de 8 dirigentes de la comunidad, ubicada en el en la parroquia Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha. Así lo resolvió la jueza de la Unidad Judicial Penal del cantón Rumiñahui, Laura López en la audiencia de juzgamiento.

La audiencia se instaló el pasado viernes 19 de octubre del año en curso con la presencia de los demandados: Darío Iza, vicepresidente de la comunidad La Toglla, y siete dirigentes más.

Según Perugachi, los 8 procesados ingresaron a su territorio el 8 de junio de 2016 para despojarlo de sus tierras. La defensa de los dirigentes comunitarios discrepa con este argumento, y a su vez, dijo en la audiencia:

  • Primero, que las personas implicadas en la demanda no estuvieron ese día jueves 8 de junio de 2016, en la comunidad y no hubo ningún enfrentamiento, como lo aseguró Perugachi.
  • Segundo, Edmundo Perugachi anteriormente presentó una demanda en contra de Darío Iza, en ese entonces presidente de la comunidad, por el mismo hecho y delito. Ese proceso mediante sentencia fue declarado en abandono porque el demandante no impulsó la causa. Por lo tanto, ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.
  • Tercero, el 7 de junio de 2016, Perugachi ingresó a la comunidad con 30 policías, pese a que el ingreso de agentes estatales está prohibido sino cuenta con la autorización de la comunidad. Esto generó malestar en los habitantes de la comunidad. En el parte policial, presentado como prueba en el proceso, se menciona que el presidente de ese entonces invita al encargado del operativo policial a la casa parroquial para presentar documentación de la comunidad, específicamente su escritura madre. Luego, los policías se retiran de la comunidad asegurando que allí no hay delito, ya que ellos no pueden determinar qué escritura es válida.

 

Frente a estos argumentos, la jueza propuso a las dos partes la posibilidad de resolver el conflicto mediante una conciliación o realizar todo el proceso para al final emitir una resolución donde se reconozca la inocencia o culpabilidad de los demandados.

"Junto a nuestro abogado, Estuardo Salvador, se puso sobre la mesa esta posibilidad y, teniendo en consideración que el juicio se estaba inclinando a nuestro favor debido a la incongruencia de los argumentos de la otra parte –dice Iza-. Decidimos que la conciliación sería un triunfo para la comunidad, ya que se reconoce la inocencia de las personas porque se declara la extinción del proceso penal y se reconoce la autoridad de la comunidad para que se resuelva el caso dentro de la misma. Eso es muy beneficioso para La Toglla y es un punto en contra para los intereses de grupos anti comuneros o para intereses económicos sobre La Toglla"

También, la defensa de Perugachi optó por la medida de conciliación. Por lo cual, la magistrada reconoció la autoridad indígena para resolver este conflicto mediante reuniones entre las partes. Además, determinó que se pidan disculpas públicas por la parte procesal y la parte procesada y que Perugachi debe respetar todas las formas de convivencia y procederes de la comunidad para poder hacer un ejercicio del vivir en comunidad.

 

Contexto:

El presunto delito por el cual fueron llamados a la justicia ordinaria ocho personas de La Toglla fue por el delito de usurpación de un terreno, ubicado en el sector de Comun-Pamba, en el barrio La Toglla, parroquia Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha.

Entre los implicados están: María Susana C., José Oswaldo I., Flavia Verónica L., Rosa Manuela C., Manuel Abraham P., Sebastián Eloy C., Darío Javier Iza y Virginia Dolores L.

Perugachi presentó su querella en contra de los procesados porque afirmaba tener una escritura que data del 2001 y un documento de enajenación del 2001-2002, los cuales se realizaron dentro de las instancias legales. En 2016, Perugachi ingresó a su presunto terreno, ubicado en el sector de Comun-Pamba, y taló algunos árboles. Es en ese momento iniciaron los conflictos entre Perugachi y los comuneros de La Toglla.

Para el vicepresidente de la comunidad, las aseveraciones y documentos que posee Perugachi no tienen validez porque se realizó cuando ya había una Constitución (1998) que decía que la propiedad comunitaria es imprescriptible e inalienable; eso quiere decir, que así la comunidad quiera enajenar un bien no puede porque es contrario al interés constitucional, "incluso si ese documento se hubiera realizado antes del 98 tuvo que aprobarse por 3 asambleas generales y eso no pasó en la comunidad".

Iza afirma que La Toglla posee una escritura madre desde 1923 a nombre de 276 personas. "Según la jurisprudencia de ese entonces ese contrato de dos o más personas se vuelve proindiviso. Con esa misma escritura, en 1938, en el marco del surgimiento de la Ley de Comunas de 1937, la comunidad se inscribe como un territorio colectivo".