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Organizaciones americanas de derechos humanos exigen investigaciones independientes sobre manifestaciones de octubre en el Ecuador

Las organizaciones de derechos humanos de América abajo firmantes y que participamos en las audiencias del 174 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realiza en Quito, manifestamos lo siguiente:

Desaparición temporal: siete horas de agresión policial

Quito - Pichincha.  Cerca de 47 mujeres y hombres fueron detenidos en el centro histórico durante las protestas sociales, el pasado 9 de octubre de 2019. Juan Recalde[1], joven de 28 años y dirigente indígena, fue detenido también pero lo separaron del grupo. Con su wipala[2] le intentaron ahorcar, lo golpearon con el tolete y en la noche lo subieron a un patrullero, colocaron una funda sobre su cabeza para que no vea la ruta. Siete horas pasó desaparecido. Aquí el testimonio de Juan.

Edison Mosquera murió por un impacto de proyectil de arma de fuego en las protestas de octubre

Cumandá - Quito.  El 7 de octubre de 2019, Edison Eduardo Mosquera Amagua salió desde el sur de Quito hacia el Valle de Los Chillos a trabajar. Su madre Ema Consuelo Amagua, de 51 años, lo esperaba en su casa, pero no regresó. Edison recibió un disparo en la cabeza durante el paro nacional. Aquí el testimonio de su madre, Ema Amagua; su padre; Luis Mosquera;  y su hermana Patricia Mosquera.

Se cumple seis años de la muerte de Freddy Taish ocurrida durante un operativo militar

Ni verdad ni justicia han recibido los familiares de Freddy Taish, joven Shuar que fue impactado por una bala de dotación militar en el sector de Tutus, comunidad Shiram Entza, del cantón Gualaquiza, al sur de la Amazonía ecuatoriana.

José Daniel Chaluisa, muerto en las protestas sociales, registró una luxación en su mano izquierda

San Roque - Quito.  José Daniel Chaluisa Cusco, oriundo de Cotopaxi, trabajaba hace 25 años en el mercado de San Roque, en el centro histórico de Quito. El 7 de octubre de 2019, a las 17:30, José junto a otras personas se sumaron al paro nacional cuando fueron acorralados por miembros de la Policía Nacional. Minutos después circularon por las redes sociales un video donde observa que las personas caen del puente de San Roque, a una altura de 8 metros. La caída le causó un trauma craneoencefálico severo, contusión hemorrágica parietal y una fractura del arco costal izquierdo.

Audiencia de acción de protección contra INREDH se reinstalará este jueves

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 14 Noviembre 2018 12:21
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Mañana, jueves 15 de noviembre del 2018, a las 14:00, en el Complejo Judicial Sur ubicado en Quitumbe, se reinstalará la audiencia de Acción de Protección que interpuso el pastor evangélico Patricio C., padre de Jonathan C., en contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)  y Covidefem por las publicaciones en redes sociales sobre Juliana Campoverde, joven desaparecida desde el 7 de julio de 2012.

 

Esto luego que la jueza Miriam Guamán suspendiera la audiencia para que Covidefem le proporcione información sobre la naturaleza jurídica de la organización. El plazo fue de cuatro días.

La acción de protección busca una compensación económica y que se elimine los comentarios y publicaciones que INREDH ha generado sobre Jonathan C. y su relación con el caso de la desaparición de Juliana Campoverde. Para Pamela Chiriboga, que sustento la causa, esta es una estrategia de amedrentar y hostigar a defensores de derechos humanos que ejercen su derecho a informar, como lo hace INREDH. Su objetivo es develar la problemática de la desaparición como fenómeno social y los casos que patrocina la Fundación.

 

De darse una sentencia favorable a la familia del pastor se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión. Para Luis Saavedra, coordinador ejecutivo de INREDH, el control en las redes sociales es un hecho gravísimo que atenta más allá del caso de Juliana Campoverde, atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de las organizaciones y la sociedad civil.

Para esta audiencia presentaron amicus curiae la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y José Valenzuela, defensor de derechos humanos y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Todos solicitaron a la jueza que se respete el derecho a la libertad de expresión, se garantice el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y que no se hostigue y criminalice su labor.