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Murales por la desaparición de Giovanna Pérez se pintarán en Ambato

El día de mañana, viernes 19 de abril de 2019, la familia de Giovanna Pérez Constante, joven desaparecida en la ciudad de Ambato el 04 de diciembre del 2010, conjuntamente con la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecido del Ecuador (Asfadec) y la Organización Comité de Lucha contra la Violencia Desapariciones y Femicidios (Covidefem) colocarán banderas con el rostro de Giovanna y pintarán dos murales en la ciudad para visibilizar la desaparición de la joven ambateña.

El uso no progresivo de la fuerza hoy se lleva a Édison Cosíos

Desde septiembre del 2011, Édison Cosíos permaneció en estado vegetativo. Siete años y 7 meses han pasado, desde que el estudiante del Colegio Mejía fue impactado por una bomba lacrimógena mientras se encontraba ejerciendo su derecho a la resistencia en una protesta estudiantil, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, periodo en que al menos 47 estudiantes fueron detenidos, agredidos y torturados. Irónicamente hoy, Rafael Correa y su ministro de gobierno, José Serrano, expresan sus condolencias por la muerte de Édison, luego de no hacer nada durante su gobierno para reparar a la familia o permitir que la justicia actúe con independencia.

Instituciones del Estado se pronuncian sobre la desaparición involuntaria y la propuesta de tipificación

La Defensoría del Pueblo y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestros (Dinased) se pronunciaron ayer, 15 de abril del 2019, sobre la problemática de la desaparición involuntaria en el país y la propuesta de tipificación.  Esto en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se discute en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, encabezada por la asambleísta Marcela Aguiñaga.

Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia por el delito de tortura cometido en contra de Ángelo Ayol

La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha conformada por los jueces Eduardo Ochoa Chiriboga, Xavier Barriga Bedoya y Carlos Figueroa Aguirre ratificó la sentencia venida en grado que, en primera instancia, condenó por el delito de tortura con una pena de 10 años a David A.; y a Freddy F. por el delito de tortura por omisión con una pena de 5 años.

La entrega de Julian Assange a la policía británica constituye una violación a los derechos humanos

Comunicado público El 11 de abril de 2019, Julián Assange, ciudadano naturalizado ecuatoriano y con protección a través del asilo diplomático en la embajada ecuatoriana en Londres, fue expulsado de la misma y entregado a la policía británica.

Audiencia de acción de protección contra INREDH se reinstalará este jueves

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 14 Noviembre 2018 12:21
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Mañana, jueves 15 de noviembre del 2018, a las 14:00, en el Complejo Judicial Sur ubicado en Quitumbe, se reinstalará la audiencia de Acción de Protección que interpuso el pastor evangélico Patricio C., padre de Jonathan C., en contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)  y Covidefem por las publicaciones en redes sociales sobre Juliana Campoverde, joven desaparecida desde el 7 de julio de 2012.

 

Esto luego que la jueza Miriam Guamán suspendiera la audiencia para que Covidefem le proporcione información sobre la naturaleza jurídica de la organización. El plazo fue de cuatro días.

La acción de protección busca una compensación económica y que se elimine los comentarios y publicaciones que INREDH ha generado sobre Jonathan C. y su relación con el caso de la desaparición de Juliana Campoverde. Para Pamela Chiriboga, que sustento la causa, esta es una estrategia de amedrentar y hostigar a defensores de derechos humanos que ejercen su derecho a informar, como lo hace INREDH. Su objetivo es develar la problemática de la desaparición como fenómeno social y los casos que patrocina la Fundación.

 

De darse una sentencia favorable a la familia del pastor se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión. Para Luis Saavedra, coordinador ejecutivo de INREDH, el control en las redes sociales es un hecho gravísimo que atenta más allá del caso de Juliana Campoverde, atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de las organizaciones y la sociedad civil.

Para esta audiencia presentaron amicus curiae la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y José Valenzuela, defensor de derechos humanos y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Todos solicitaron a la jueza que se respete el derecho a la libertad de expresión, se garantice el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y que no se hostigue y criminalice su labor.