Actividades Destacadas

Más artículos

Murales por la desaparición de Giovanna Pérez se pintarán en Ambato

El día de mañana, viernes 19 de abril de 2019, la familia de Giovanna Pérez Constante, joven desaparecida en la ciudad de Ambato el 04 de diciembre del 2010, conjuntamente con la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecido del Ecuador (Asfadec) y la Organización Comité de Lucha contra la Violencia Desapariciones y Femicidios (Covidefem) colocarán banderas con el rostro de Giovanna y pintarán dos murales en la ciudad para visibilizar la desaparición de la joven ambateña.

Inscripciones abiertas: Curso Virtual de Diseño de Proyectos

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), invita a inscribirse en el Curso Virtual de Diseño de Proyectos que se desarrollará del 29 de abril hasta el 24 de mayo de 2019.

El uso no progresivo de la fuerza hoy se lleva a Édison Cosíos

Desde septiembre del 2011, Édison Cosíos permaneció en estado vegetativo. Siete años y 7 meses han pasado, desde que el estudiante del Colegio Mejía fue impactado por una bomba lacrimógena mientras se encontraba ejerciendo su derecho a la resistencia en una protesta estudiantil, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, periodo en que al menos 47 estudiantes fueron detenidos, agredidos y torturados. Irónicamente hoy, Rafael Correa y su ministro de gobierno, José Serrano, expresan sus condolencias por la muerte de Édison, luego de no hacer nada durante su gobierno para reparar a la familia o permitir que la justicia actúe con independencia.

Instituciones del Estado se pronuncian sobre la desaparición involuntaria y la propuesta de tipificación

La Defensoría del Pueblo y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestros (Dinased) se pronunciaron ayer, 15 de abril del 2019, sobre la problemática de la desaparición involuntaria en el país y la propuesta de tipificación.  Esto en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se discute en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, encabezada por la asambleísta Marcela Aguiñaga.

Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia por el delito de tortura cometido en contra de Ángelo Ayol

La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha conformada por los jueces Eduardo Ochoa Chiriboga, Xavier Barriga Bedoya y Carlos Figueroa Aguirre ratificó la sentencia venida en grado que, en primera instancia, condenó por el delito de tortura con una pena de 10 años a David A.; y a Freddy F. por el delito de tortura por omisión con una pena de 5 años.

37 policías fueron condenados a 106 días de prisión por los hechos ocurridos en la cárcel Turi

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 15 Noviembre 2018 11:22
Visto: 850

106 días y 26 hora de prisión en el Centro de Rehabilitación Social Turi fue la condena que recibieron 37 de los 42 policías procesados por el delito de tortura ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad JC de este Centro.

Con casi hora y media de retraso (16:45), el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca conformado por Luis Flores, Pedro Ordoñez y Patricia Inga instaló ayer, 14 de noviembre de 2018, la audiencia en la sala 209 del Complejo Judicial de Cuenca para dar conocer la resolución, sin embargo pese a que la audiencia era pública, se impidió el ingreso a los familiares de los policías, de los representantes de organizaciones de derechos humanos y de periodistas. Además, los miembros policiales que custodiaban la sala intentaron desalojar el edificio argumentado razones de seguridad y que el juzgado cierra sus puertas a las 17:00. Esto, mientras la audiencia se desarrollaba.

El juez ponente Luis Flores inició la lectura de la sentencia relatando como las personas privadas de la libertad fueron golpeadas, roseadas gas, obligadas a desnudarse y a realizar sapitos y ejercicios físicos mientras recibían descargas eléctricas por miembros de la Policía y personal de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).

También, dijo que los policías usaron pasamontañas y cascos durante el operativo de requisa que no contó con presencia fiscal como lo garantiza la ley, lo cual era responsabilidad del ex director de la cárcel, Paúl Tobar. A ello, se sumó que el Tribunal durante la audiencia de juzgamiento, que inició el 19 de septiembre del año en curso, pudo observar los videos de seguridad del Centro de Rehabilitación Turi donde se evidenció como los internos son víctimas de acciones violentas, discriminatorias, humillantes, entre otras cosas.

Luego de dar a conocer el fallo, el juez ponente precisó que se probó que los policías fueron capacitados en derechos humanos y sabían lo que estaban haciendo, que los efectivos tienen la capacidad de objetar una orden superior si considera que se  violenta los derechos, que los agentes no se encontraban en riesgo dentro de la cárcel; que no hubo amotinamientos ni actos violentos para que la Policía haga uso progresivo de la fuerza y que los sapitos no es una técnica de investigación. Además, el Tribunal cuestionó las labores que los procesados dijeron haber realizado el 31 de mayo, ya que ninguna se refería a su participación en el operativo, sino a tareas secundarias.

Por lo tanto, dijo que hubo tratos crueles, degradantes e inhumanos en contra de las personas privadas de la libertad, pero que no fueron suficientemente graves para ser considerados como tortura, por lo cual sentenció a 36 policías como autores directos del delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público y a una multa de 500 dólares.

Mientras que, al mayor de la Policía, René C., responsable del operativo, se le sentenció a 106 días y 26 horas de prisión como autor mediato del delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público. Los argumentos fueron que él fue el jefe del operativo, lo lideró y sabía lo que estaba haciendo.

A los cinco policías restantes, el Tribunal les ratificó su inocencia porque cuatro estaban realizando actividades administrativas y el otro se encontraba en un taller. No participaron en el operativo, aseguró.

Cabe mencionar que este proceso penal inició 2016 y que durante el operativo de requisa del 31 de mayo de ese año participaron 80 policías.

Como organización de derechos humanos rechazamos este desmerecimiento de la gravedad de los hechos del 31 de mayo de 2016 al calificarlos como extralimitación de funciones y no como tortura. Para el profesor David Cordero, miembro de Inredh, “no se necesita que les desnuden, les obliguen a hacer sapitos, les pateen en el piso, les golpeen con toletes en la espalda y les electrocuten para darse cuenta que dichos hechos producen un grave sufrimiento. Es algo evidente. Además de no existir en el derecho interamericano el parámetro del “umbral de sufrimiento” para declarar que existió tortura.

Observamos con preocupación la desproporcionalidad de la pena impuesta en la sentencia con respecto a los hechos, especialmente considerando que la tortura es uno de los delitos más graves que conoce la humanidad. Asimismo, Cordero dice que lo más importante, incluso más que la pena, es que estas personas no pueden seguir siendo policías y sorprende que esto no hay ocurrido hasta ahora, ya que con los videos era suficientes para que les den la baja como medida de no repetición, por lo cual como organización de derechos humanos esperamos una respuesta inmediata del Estado para que eso suceda. Ver video: aquí

Recordamos, al Estado ecuatoriano y a la sociedad, que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas observó severamente los hechos que fueron materia de este caso el año anterior en el cual le recordó al Estado su obligación de combatir la impunidad en contra de la tortura.

También como Inredh expresamos nuestra preocupación al constatar de primera mano una serie de actos de amedrentamientos, amenazas y hostigamiento a lo largo del juzgamiento del proceso judicial en contra de varios funcionarios públicos, periodistas y el personal de la Fundación.  Estas acciones son obstáculos que dificultan la labor de personas defensoras de derechos humanos que no solo ensombrecen el acceso a justicia sino atentan severamente contra la integridad física y psicológica de las mismas. Como Fundación Inredh tomamos nota de estos amedrentamientos y exhortamos al Estado garantizar un ambiente propicio para que las y los defensores de derechos humanos puedan ejercer su labor con libertad, esto en el marco de la especial obligación de los Estados para con las personas defensoras.

Finalmente, precisamos que Inredh promueve una cultura de paz y de respeto de derechos humanos en toda la sociedad, en ese sentido aclara que su trabajo no está en contra de la labor necesaria y legítima de la Policía Nacional y de las instituciones de seguridad, pero ello de ninguna manera implica aceptar y mucho menos no denunciar graves violaciones de derechos humanos como en el presente caso.

 #TorturaNuncaMás

#NoNosCallarán