La falta de consulta previa, la criminalización de la protesta social y justicia indígena fueron expuestas a la relatora de la ONU

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 21 Noviembre 2018 12:51
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La relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz se reunió ayer, 20 de noviembre de 2018, con más de 10 representantes de organizaciones de derechos humanos, ambientales y académicas.

En la reunión, la relatora preguntó cómo se ha implementado la Constitución de 2008 para garantizar los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas en el país. La primera organización en participar fue Acción  Ecológica. Gloria Chicaiza, miembro de esta organización, relató los desalojos ocurridos en Nankints, provincia Morona Santiago, por causa del proyecto minero San Carlos Panantza que opera en la zona sin autorización de la nacionalidad shuar, ya que no se realizó la consulta previa, libre e informada como lo establece la Constitución.

También hablaron sobre la presencia minera ilegal en la frontera norte del país, donde las nacionalidades Épera, Awá y Chachis se encuentran vulneradas por la contaminación de las empresas mineras, las pamiculturas y los conflictos propios de la frontera.

 

En el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, Pamela Chiriboga, de Inredh, informa a la relatora sobre la criminalización de la protesta social.

 

Otro de los problemas que también enfrentan los pueblos y nacionalidades indígenas por resistir a los proyectos extractivos son la criminalización de la protesta social. Para Pamela Chiriboga, parte del equipo jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), en agosto de 2015 líderes y lideresas sociales fueron criminalizadas por protestar enfrentando juicios penales y sanciones. También, precisó que alrededor de 700 personas defensoras de derechos humanos han sido criminalizados en el país.

De igual manera, Nathaly Yépez, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), dijo que al momento hay 25 procesos penales abiertos en indagación previa en Nankint, producto del ingreso de la empresa minera con la fuerza pública. Por ello, solicitó  a la relatora dar seguimiento a los casos de criminalización.

También, en la reunión se habló de los desalojos ocurridos en Tundayme por el proyecto minero Mirador, en Zamora Chinchipe, y el conflicto que ha generado la presencia del proyecto Río Blanco, en la provincia de Azuay.

 

Criminalización de la justicia indígena

 

Actualmente, 23 autoridades indígenas del alto Cañar, ubicado en la región Sierra del país, se encuentran procesadas por el delito de secuestro, secuestro extorsivo, cómplice de secuestro y daño al bien ajeno. Esto luego de haber administrado justicia indígena para resolver casos de cuatrerismo, coyoterismo, pandillas juveniles, problemas de tierras y otros, así lo comentó Nelson Atupaña parte del equipo jurídico del  Inredh, en la reunión con la relatora de pueblos indígenas.

“Es preocupante la situación sobre la criminalización en contra de las autoridades de las comunidades y pueblos indígenas –dijo Atupaña- quienes han sido sometidos a procedimientos penales por hechos relacionados directamente con el ejercicio de administrar justicia indígena; dentro de las cuales algunas de las autoridades indígenas han recibido sentencias condenatorias, todo esto como consecuencia por ejercer como autoridades indígenas el derecho constitucional de administrar justicia en sus territorios”. Esta criminalización vulnera los principios de protección a pueblos indígenas, la autodeterminación, la integridad y no agresión cultural, los derechos humanos, colectivos y al ejercicio de la justicia indígena.

Según Atupaña, de las 23 autoridades  indígenas,  7 se encuentran sentenciados y privados de su libertad, mientras que 3 están con medidas cautelares de prisión preventiva, 1 con arresto domiciliario y 12 con orden de detención.

Hace un mes, Inredh presentó un informe de 40 hojas a la relatora de pueblos indígenas de la ONU y le recomendó que realice una visita in situ a la cárcel Turi donde se encuentran las autoridades indígenas y a la parroquia Tundayme para que verifique la situación de las comunidades que viven donde se ejecuta el proyecto minero Mirador.

También se le pidió que recomiende y asesore al Estado ecuatoriano, en el marco de su visita, sobre la construcción de un Estado plurinacional y de pluralismo jurídico, al considerarlos como los pilares básicos y esenciales para erradicar prácticas coloniales y racistas en el sistema de justicia “ordinario”. Y que recomiende y asesore al Estado para el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada. Ver resumen ejecutivo: aquí

 

Mediantes mapas, la relatora observó como el territorio indígena es concesionado a hidroélectricas, petroleras y mineras.

Con los insumos recolectados en estas reuniones, se espera que Relatora Especial presentará un informe completo sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en septiembre de 2019.

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