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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Relatora de la ONU pide que se respete los derechos de los pueblos indígenas y no se criminalice su justicia

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 29 Noviembre 2018 15:24
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La Relatora Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz,  ofreció hoy 29 de noviembre del 2018, una rueda de prensa con el fin de instar al gobierno ecuatoriano a tomar medidas reales para la construcción de una sociedad plurinacional y multicultural prevista en la Constitución. Esto en el marco de su visita al Ecuador que concluyó hoy tras 11 días de recorrer el país.

“No solo hay que proteger la naturaleza,

sino también a quienes la protegen”.

Victoria Tauli- Corpuz

 

Tauli-Corpuz en su informe preliminar agradeció al gobierno de Ecuador por invitarle y permitir realizar esta visita a las nacionalidades indígenas del país que lo mostró de primera mano las realidades de los distintos pueblos indígenas como la lucha en contra de proyectos extractivos en la comunidad de Sinangoe y las afectaciones del ingreso de la fuerza pública en Tundayme, donde opera el proyecto minero Mirador.

La relatora filipina recomendó al Gobierno respetar las decisiones de los pueblos y nacionalidades indígenas; la consulta previa, libre e informada; sus posturas frente a la extracción de recursos extractivos mineros o petroleros, y sobre todo le pidió respetar todos los derechos de los pueblos indígenas.

También Tauli-Corpuz aplaudió las iniciativas del gobierno de Lenín Moreno en plantear un diálogo con el movimiento indígena, rescató los compromisos que se discutían en este proceso  como el pedido de amnistía a los criminalizados, la recuperación de la educación bilingüe y el cese de concesiones mineras, por lo que recomendó al Estado retomar y cumplir dichos acuerdos.

En el marco de la justicia indígena,  Tauli-Corpuz se refirió a la visita que realizó  a José Sarmiento Jiménez, Sergio Roberto Paucar Huerta y María Digna Sarmiento Chuqui, tres autoridades indígenas que se encuentran recluidas en el Centro de Rehabilitación Social Turi – Cuenca por administrar justicia indígena en su territorio.  La relatora los visitó con el fin de conocer personalmente los casos de la criminalización de la justicia indígena.

Frente a esta situación, dijo que es deber del sistema judicial otorgar medidas sustitutivas a las autoridades indígenas para que se pueda coordinar el ejercicio de la justicia indígena con la ordinaria.  Cuestionó que autoridades indígenas hayan sido criminalizadas por ejercer la justicia indígena bajo delitos  de  plagio y daño a la propiedad privada. Por eso, señaló que el pedido de amnistías para aquellos que han sido injustamente encarcelado y criminalizados debería ser manejado de la manera más inmediata.

“Recomendé que las autoridades debería tener poder legal y diálogo colectivo con las autoridades de la justicia indígena, entre justicias tiene que existir una conversación para armonizar y colaborar entre ellas”, precisó la relatora.

Los casos de dirigentes indígenas asesinados como Freddy Taish, Bosco Wisuma y José Tendetza también preocupó a la relatora que recomendó al Estado otorgar las facilidades y herramientas en la búsqueda de responsables y reparación las familias de las víctimas.  

Finalmente recordó al gobierno, que las nacionalidades y pueblos indígenas no solo se oponen a proyectos extractivos o políticas estatales, si no que también tienen proyectos de vida en comunidad, tal es el caso del proyecto Kawasak Sacha de Sarayaku, o Déjenos vivir de la nacionalidad Huarani en relación al territorio que comprende el Yasuní. 

Para Nelson Atupaña, asesor legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el Estado ecuatoriano debe cumplir con las recomendaciones emitidas por la relatora especial, debido a que el Ecuador ha suscripto todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de pueblos indígenas. "Es su obligación proteger, garantizar y respetar sus derechos".

En septiembre de 2019, la relatora presentará el informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.