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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

El caso de Juliana Campoverde será procesado por secuestro extorsivo con resultado de muerte

Categoría: Actualidad Creado: Viernes, 30 Noviembre 2018 12:28
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La jueza de la Unidad Penal Yolanda Portilla aceptó hoy la reformulación de cargos en contra el pastor evangélico Jonathan C. procesado por la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 2012.

En la audiencia, la fiscal de Violencia de Género Mayra Soria pidió la reformulación de cargos de delito de secuestro extorsivo a secuestro extorsivo con resultado de muerte con una pena de 22 a 26 años de prisión.

La fiscal dijo que Juliana Campoverde el 7 de julio de 2012 fue abordada por Jonathan C. en su vehículo. Luego él la lleva supuestamente a tomar un café y la traslada al auto motel Monte Verde, ubicado en el sur de Quito. El 10 de julio del mismo año en una discusión Juliana muere en manos de Jonathan C. y él decide llevar el cuerpo  al sector de Bellavista, pasaje Vaquero, nororiente de Quito. Esto según la versión rendida por Jonathan C., pastor procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte.

 

La fiscal Mayra Soria habla sobre las medidas sutitutivas dictadas a Jonathan C.

 

Los argumentos para cambiar el tipo penal fueron cuatro: un informe de personalidad de Jonathan C. donde se evidencia que es una persona con inteligencia media, apegado a rasgos narcisistas con tendencia a la exhibición y egocentrismo. Además, de rasgo esquizoide con temperamento agresivo, obsesivo y con inmadurez sexual por represiones en su etapa de adolescencia lo que hace que tenga la madurez sexual de una persona de 20 años, cuando él tiene 37.

El segundo elemento fue un informe pericial de la reconstrucción de los hechos donde se recoge lo ocurrido el 7 de julio de 2012 y los lugares visitados ese día por Jonathan C. y Juliana. Esto en base al relato libre, voluntario y no juramentado del pastor Jonathan C. También el perito determinó que los lugares relatados por el procesado existen y que se está removiendo la tierra en la quebrada Bellavista donde supuestamente arrojó a Juliana. Ahí hay hallazgos de restos óseos.

 

Tercero, el informe genético forense que muestra los resultados de la pieza dental, un fragmento de la cabeza fémur y dos restos óseos. La conclusión fue que los resultados de las dos piezas son negativas y de las otras dos no se pudo obtener un perfil genético.

Cuarto, la ampliación libre y voluntaria de la versión de Jonathan C., del día 29 de noviembre de 2018, donde asegura que el 7 de julio de 2012, Juliana presuntamente se subió a su auto y fueron a tomar un café. Luego entraron a un motel y el 10 de julio tras una discusión, Juliana murió y él al verificar que ella no respiraba decidió deshacerse del cuerpo en un lugar al que nunca había ido antes.

Por estos hechos, la fiscal Soria pidió que se reformule los cargos por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte tipificado en el artículo 161 y 162, numeral 1 y 7, con el último inciso del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

También, la fiscal solicitó que se ratifique la medida sustitutiva de prisión preventiva contra el procesado porque Juliana lleva 2338 días sin regresar a casa y no lo va hacer, que Juliana ha dejado de existir. Además, de que las pericias psicológicas demuestran que existe un riesgo de fuga de Jonathan C. y porque es un caso de conmoción social y no se garantiza la comparecencia del imputado al proceso judicial.

Pidió otras medidas como la retención e inmovilización de las cuentas de ahorro y corriente del banco de Jonathan C.; la prohibición de venta de su auto y sus inmuebles; y el tratamiento psicológico a la familia de Juliana.

Por su parte, Paúl Ocaña dijo que la defensa de Jonathan C. ha dado la información para que la familia conozca la verdad, pero cuestionó la forma de remover la tierra en la quebrada y la no utilización de otras técnicas para verificar y comprobar la información dada por el procesado. Aseguró que Jonathan C. ha sido víctima en dos ocasiones de agresiones y de intento de asesinato. Por lo cual solicitó que se revea el cambio de centro de detención, de la cárcel de Latacunga  a la cárcel  Nº4 para garantizar la seguridad y vida de Jonathan en pro de obtener la verdad.

La jueza Yolanda Portilla aceptó el cambio  de tipo penal y se amplió el plazo de instrucción fiscal a 30 días más. Además, aceptó la inmovilización de las cuentas bancarias, prohibición de venta de sus bienes y el tratamiento psicológico a la familia. Ratificó la prisión preventiva de Jonathan C. en la cárcel de Latacunga, pero espera los análisis de la seguridad del Ministerio de Justicia para dar su resolución sobre el cambio de cárcel.

 

“Son seis años sin el cuerpo de mi hija, sin saber qué le pasó – dice Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana- es una incertidumbre total. Yo sigo exigiendo que me devuelva a mi hija, lo que más anhelo es encontrarla (...) qué me digan exactamente donde la pusieron. Nosotros no vamos a parar, mientras esto no suceda, queremos a Juliana de regreso”.

Daniel Véjar antes de la audiencia de reformulación de audiencia en el Complejo Judicial Quitumbe.

 

 Para Daniel Véjar, coordinador jurídico de Inredh y abogado de la familia, la reformulación va a permitir judicializar y procesar lo que lastimosamente todos temíamos, y es que July ya no está con nosotros. Esto permitirá reparar integralmente a la familia y así se alcanzará la justicia que desde hace 6 años y medio han buscado de manera permanente". Sin perjuicio de ello, precisa que al momento no sabemos dónde está Juliana y resalta que la información proporcionada por Jonathan C sigue sujeta a verificación. “En estos 30 días, plantearemos una teoría de caso que esté acorde a la imputación fiscal y a la verdad de los hechos”. El 28 de diciembre concluye el plazo de instrucción fiscal.

 

Absalón Campoverde y Elizabeth Rodríguez junto a familiares y amigos tras la audiencia.