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Murales por la desaparición de Giovanna Pérez se pintarán en Ambato

El día de mañana, viernes 19 de abril de 2019, la familia de Giovanna Pérez Constante, joven desaparecida en la ciudad de Ambato el 04 de diciembre del 2010, conjuntamente con la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecido del Ecuador (Asfadec) y la Organización Comité de Lucha contra la Violencia Desapariciones y Femicidios (Covidefem) colocarán banderas con el rostro de Giovanna y pintarán dos murales en la ciudad para visibilizar la desaparición de la joven ambateña.

Inscripciones abiertas: Curso Virtual de Diseño de Proyectos

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), invita a inscribirse en el Curso Virtual de Diseño de Proyectos que se desarrollará del 29 de abril hasta el 24 de mayo de 2019.

El uso no progresivo de la fuerza hoy se lleva a Édison Cosíos

Desde septiembre del 2011, Édison Cosíos permaneció en estado vegetativo. Siete años y 7 meses han pasado, desde que el estudiante del Colegio Mejía fue impactado por una bomba lacrimógena mientras se encontraba ejerciendo su derecho a la resistencia en una protesta estudiantil, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, periodo en que al menos 47 estudiantes fueron detenidos, agredidos y torturados. Irónicamente hoy, Rafael Correa y su ministro de gobierno, José Serrano, expresan sus condolencias por la muerte de Édison, luego de no hacer nada durante su gobierno para reparar a la familia o permitir que la justicia actúe con independencia.

Instituciones del Estado se pronuncian sobre la desaparición involuntaria y la propuesta de tipificación

La Defensoría del Pueblo y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestros (Dinased) se pronunciaron ayer, 15 de abril del 2019, sobre la problemática de la desaparición involuntaria en el país y la propuesta de tipificación.  Esto en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se discute en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, encabezada por la asambleísta Marcela Aguiñaga.

Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia por el delito de tortura cometido en contra de Ángelo Ayol

La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha conformada por los jueces Eduardo Ochoa Chiriboga, Xavier Barriga Bedoya y Carlos Figueroa Aguirre ratificó la sentencia venida en grado que, en primera instancia, condenó por el delito de tortura con una pena de 10 años a David A.; y a Freddy F. por el delito de tortura por omisión con una pena de 5 años.

Consejo de la Judicatura deberá investigar a 493 operadores de justicia

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 18 Diciembre 2018 15:33
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La mañana de este martes 18 de diciembre, a las 9h30, la mesa de Verdad y Justicia del Consejo de la Judicatura, conformada por representantes de la Comisión de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Libertad de expresión, Pueblos Indígenas y la comisión 30S, presentó una denuncia ante los vocales del Consejo de la Judicatura para que se investigue a 493 operadores de justicia que habrían utilizado el sistema judicial para persecuciones políticas.

 

Paúl Jácome, quien preside la mesa, comentó que el pasado 10 de diciembre, presentaron un listado de 493 jueces y fiscales, los cuales piden que sean investigados.

 

Por su parte el Cnel. Rolando Tapia, representante de la comisión 30S, dijo que existen aproximadamente 17 mil policías y civiles encausados por los hechos del 30 de septiembre de 2010. Indicó que existieron violaciones al debido proceso y que además hubo detenciones sin orden de autoridad competente.

 

 

 

“En el caso mío yo considero que fue un atentado contra la vida, después de haber sido un funcionario de 35 años de servicio, haber sido trasladado al penal García Moreno”, expresó Tapia luego de la rueda de prensa.

 

En este proceso se conocieron 1435 casos, entre ellos el del líder shuar Tomás Jimpikit y también el caso de Mario Farid Mosquera, quien cumplió una sentencia de 6 meses de prisión por el delito de ataque y resistencia, ambos criminalizados en agosto de 2015 en el marco del levantamiento indígena.

 

Asimismo, existen 23 autoridades indígenas judicializadas en la provincia de Cañar por administrar justicia, 9 de ellas se encuentran ya cumpliendo condena.

 

Jácome espera que la Mesa de Verdad y Justicia participe como veeduría en el proceso de investigación a los jueces y fiscales imputados por presuntamente actuar al margen de la ley.