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  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Audiencia de juzgamiento por la muerte de Andrés Padilla en caso Mascarilla

Hoy, 12 de junio de 2019, se realizó el tercer día de audiencia de juzgamiento por el presunto delito de extralimitación de la fuerza de David V., procesado por la muerte de Andrés Padilla, ocurrida durante el operativo policial realizado el pasado 23 de agosto de 2018, en el sector Mascarilla, en la provincia de Imbabura.

Carta abierta a la ministra de gobierno, María Paula Romo

Quito, 11 de junio de 2019   Dra. María Paula Romo Ministra de Gobierno del Ecuador Presente De nuestras consideraciones: Como Usted conoce, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) es una organización con más de 25 años de trabajo por la defensa de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza; periodo en el cual ha sido frontal en denunciar las violaciones a los derechos perpetradas por todos los gobiernos que han pasado durante estos 25 años de vida institucional.

Principio de reserva en la desaparición de Giovanna Pérez fue violentado

El expediente número 47 de la investigación sobre la desaparición de Giovanna Pérez Constante que reposa en la Fiscalía de Soluciones Rápidas N1, de la ciudad de Ambato, fue entregado a Salomón L. para su revisión, pese a que él no es parte del proceso. Así lo informó Yanera Constante, madre de Giovanna, joven desaparecida desde 4 de diciembre de 2010, en la ciudad de Ambato.

Julio César Trujillo: un luchador, un demócrata… un amigo

Ha muerto un luchador, un demócrata… un amigo Nació en la ciudad de Ibarra, el 25 de marzo de 1935, en un hogar dedicado a la agricultura y el comercio. No fue en un hogar pudiente, pero si con cierta holgura, lo que le permitió migrar a Quito para estudiar.

Perito del Consejo de la Judicatura corrobora que sí existe población indígena en Tundayme

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 10 Enero 2019 13:47
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Este miércoles, 09 de enero de 2019, el Juez Carlos Dávila reinstaló la audiencia de la acción de protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la empresa minera Ecuacorriente S.A. por violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada en la ejecución del proyecto minero Mirador, a las 15:30, en la sala 806 del Complejo Judicial Norte.

El juez Dávila inició reconociendo a los miembros de las dos partes y, además, presentando ante la audiencia dos amicus curaie, el primero emitido por Ecuarunari y el segundo por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) conjuntamente con el Observatorio de Justicia Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Los amicus  curiae se  presentaron en respuesta a la acción de protección por proyecto minero Mirador en Tundayme, que pretende extraer cobre y oro de la zona. El magistrado, dio un receso de quince minutos para que los abogados de las instituciones estatales implicadas y la empresa minera, conozcan el contenido de dichos textos.

Al reiniciarse la audiencia, el juez tomó el juramento al perito antropológico Roberto Narváez quien inició la sustentación del peritaje técnico. Dentro de su comparecencia, el experto afirmó que en el territorio de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) existe población indígena shuar - considerada un grupo étnico que está sujeta a los derechos colectivos presentes en la Constitución del Ecuador- y una población mestiza con una identificación colectiva, reconocidos como campesinos, que han adquirido prácticas culturales del lugar.

Después de la sustentación del perito antropológico, el juez permitió que los abogados de las partes presentes le realizaran preguntas al perito. Nelson Atupaña, abogado de la comunidad Cascomi y asesor legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), inició con una serie de preguntas con las cuales puso énfasis en la constitución de esta comunidad como un territorio ancestral y el reconocimiento de sus derechos colectivos.

El juez, además, permitió que una tercera parte – Cedhu y la Defensoría del Pueblo – expusiera sus inquietudes ante el perito. Y finalmente, los abogados de la parte demandada: Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la empresa minera Ecuacorriente S.A., realizaron sus preguntas con la intención de obtener información que certifique que dicha comunidad no es un pueblo ancestral.

En la fase de los alegatos finales, los abogados de la parte demandante hicieron algunas recomendaciones y peticiones al magistrado, entre ellas, que se considere la diversidad de culturas que existe en el país y además, el derecho a una vivienda digna independientemente si son o no un pueblo ancestral. Tambien se instó a que se reconocieran los derechos internacionales y la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas y la consulta ambiental para el caso de comunidades campesinas, antes de tomar una decisión y que se tomara en cuenta la visita de la relatora de pueblos indígenas de la ONU al territorio de Tundayme.

Con los amicus curiae, las organizaciones pretenden contribuir, mediante este escrito, a la mejor resolución del caso a través de la exposición de los estándares y parámetros constitucionales e internacionales desarrollados por la Corte Constitucional ecuatoriana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la doctrina más relevante con respecto a los fundamentos de la exigibilidad de los derechos de la naturaleza y del derecho a las consultas. A más de determinar la responsabilidad del Estado por la falta de protección de los derechos humanos.

Por su parte, los defensores de las instituciones Estado y de la empresa minera, alegaron que la presencia de colonos en las tierras de indígenas shuar, genera detrimento en los derechos colectivos que tienen las comunidades indígenas.

Otro de los abogados también argumentó que esta causa ya tiene cosa juzgada en razón que existió un proceso por las servidumbres mineras en los tribunales de Gualaquiza, en la provincia de Morona Santiago.

Argumentaron, además que militares y algunos comuneros vendieron sus territorios a los campesinos y con eso perdieron los derechos colectivos sobre su tierra. Precisaron, que miembros de la comunidad Cascomi que no son shuar no pueden identificarse como indígenas porque estaría vulnerando los derechos colectivos de quienes sí deberían ejercerlos, ya que esto podría generar malas interpretaciones o abuso del derecho.

Cuestionaron que el perito Narváez no haya establecido con certeza un número de indígenas shuar que habitan en ese territorio, por cuanto no se podría determinar la existencia de derechos colectivos o sobre quiénes podrían ejercerse tales derechos.

Expusieron también que parte de los indígenas shuar que fueron entrevistados, no fueron afectados directamente por el proyecto Mirador, sino que están cercanos a la rivera del río, sin tomar en cuenta sus actividades cotidianas como indígenas se ven afectadas por el proyecto minero.

El juez de la Corte Provincial de Justicia, Carlos Dávila, explicó que existen elementos que necesitan ser analizados con profundidad y para garantizar los derechos de las partes, suspendió la audiencia. La diligencia se realizará el próximo 15 de enero del presente año.