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Corte Nacional de Justicia dispone la ejecución de la sentencia en caso Juliana Campoverde

La Corte Nacional de Justicia conformada por Dilza Virginia Muñoz Moreno (e), Ivan Javier León Rodríguez (e) e Ivan Patricio Saquicela Rodas ratificó la inadmisibilidad del recurso de casación presentado por la defensa del pastor Jonathan Carrillo, sentenciado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, y ordenó bajo el principio de celeridad procesal que la sentencia sea devuelta a la primera instancia para la  ejecución del fallo. Así lo informó hoy, 4 de diciembre de 2020, Pamela Chiriboga, coordinadora del área jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Humanos) y abogada del caso.

Mariano Mashendo, líder shuar de Tundayme, denuncia hostigamiento por parte de la minera Ecuacorriente S.A.

COMUNICADO Comunidad Amazónica de Accion Social Cordillera del Cóndor Mirador - CASCOMI, a 3 de diciembre del año Andino 5528, colonial 2020   A las orillas del río Tundayme que atraviesa la Cordillera del Cóndor Mirador, en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe, se encuentra la vivienda del originario shuar Mariano Mashendo, quien denuncia haber sido víctima de hostigamiento por parte de la empresa minera Ecuacorriente S.A.

Juez dicta sobreseimiento a dos procesados por el delito de ataque y resistencia en caso Mascarilla

El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra, Francisco Heriberto Chacón Pinto, dictó ayer, 1 de diciembre de 2020, auto de sobreseimiento para Roberto Carlos  E. y Luis Felipe E., familiares de Andrés Padilla quien murió tras un impacto de bala de dotación policial ocurrida el 23 de agosto de 2018, en el sector de Mascarilla, en la provincia de Imbabura.

Corte Nacional Justicia rechaza recursos de casación, pero declara de oficio la inocencia de un policía

Tras dos horas y media de audiencia, la Corte Nacional de Justicia presidida por el juez David Jacho rechazó los recursos de casación presentados por los policías David Altamirano y Freddy Fonseca, por estar infundados e intentar revisar los hechos. Sin embargo, declaró de oficio  la inocencia de Altamirano y sentenció a Fonseca a 107 días de prisión por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

Observaremos la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Ola Bini

Ola Bini es un experto informático y defensor de derechos humanos mundialmente reconocido que enfrenta un proceso político-judicial en Ecuador desde abril de 2019. Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana e internacional firmantes hemos decidido conformar una misión para observar la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio del próximo 3 de diciembre de 2020.

Perito del Consejo de la Judicatura corrobora que sí existe población indígena en Tundayme

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 10, Enero 2019 13:47
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Este miércoles, 09 de enero de 2019, el Juez Carlos Dávila reinstaló la audiencia de la acción de protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la empresa minera Ecuacorriente S.A. por violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada en la ejecución del proyecto minero Mirador, a las 15:30, en la sala 806 del Complejo Judicial Norte.

El juez Dávila inició reconociendo a los miembros de las dos partes y, además, presentando ante la audiencia dos amicus curaie, el primero emitido por Ecuarunari y el segundo por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) conjuntamente con el Observatorio de Justicia Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Los amicus  curiae se  presentaron en respuesta a la acción de protección por proyecto minero Mirador en Tundayme, que pretende extraer cobre y oro de la zona. El magistrado, dio un receso de quince minutos para que los abogados de las instituciones estatales implicadas y la empresa minera, conozcan el contenido de dichos textos.

Al reiniciarse la audiencia, el juez tomó el juramento al perito antropológico Roberto Narváez quien inició la sustentación del peritaje técnico. Dentro de su comparecencia, el experto afirmó que en el territorio de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) existe población indígena shuar - considerada un grupo étnico que está sujeta a los derechos colectivos presentes en la Constitución del Ecuador- y una población mestiza con una identificación colectiva, reconocidos como campesinos, que han adquirido prácticas culturales del lugar.

Después de la sustentación del perito antropológico, el juez permitió que los abogados de las partes presentes le realizaran preguntas al perito. Nelson Atupaña, abogado de la comunidad Cascomi y asesor legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), inició con una serie de preguntas con las cuales puso énfasis en la constitución de esta comunidad como un territorio ancestral y el reconocimiento de sus derechos colectivos.

El juez, además, permitió que una tercera parte – Cedhu y la Defensoría del Pueblo – expusiera sus inquietudes ante el perito. Y finalmente, los abogados de la parte demandada: Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la empresa minera Ecuacorriente S.A., realizaron sus preguntas con la intención de obtener información que certifique que dicha comunidad no es un pueblo ancestral.

En la fase de los alegatos finales, los abogados de la parte demandante hicieron algunas recomendaciones y peticiones al magistrado, entre ellas, que se considere la diversidad de culturas que existe en el país y además, el derecho a una vivienda digna independientemente si son o no un pueblo ancestral. Tambien se instó a que se reconocieran los derechos internacionales y la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas y la consulta ambiental para el caso de comunidades campesinas, antes de tomar una decisión y que se tomara en cuenta la visita de la relatora de pueblos indígenas de la ONU al territorio de Tundayme.

Con los amicus curiae, las organizaciones pretenden contribuir, mediante este escrito, a la mejor resolución del caso a través de la exposición de los estándares y parámetros constitucionales e internacionales desarrollados por la Corte Constitucional ecuatoriana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la doctrina más relevante con respecto a los fundamentos de la exigibilidad de los derechos de la naturaleza y del derecho a las consultas. A más de determinar la responsabilidad del Estado por la falta de protección de los derechos humanos.

Por su parte, los defensores de las instituciones Estado y de la empresa minera, alegaron que la presencia de colonos en las tierras de indígenas shuar, genera detrimento en los derechos colectivos que tienen las comunidades indígenas.

Otro de los abogados también argumentó que esta causa ya tiene cosa juzgada en razón que existió un proceso por las servidumbres mineras en los tribunales de Gualaquiza, en la provincia de Morona Santiago.

Argumentaron, además que militares y algunos comuneros vendieron sus territorios a los campesinos y con eso perdieron los derechos colectivos sobre su tierra. Precisaron, que miembros de la comunidad Cascomi que no son shuar no pueden identificarse como indígenas porque estaría vulnerando los derechos colectivos de quienes sí deberían ejercerlos, ya que esto podría generar malas interpretaciones o abuso del derecho.

Cuestionaron que el perito Narváez no haya establecido con certeza un número de indígenas shuar que habitan en ese territorio, por cuanto no se podría determinar la existencia de derechos colectivos o sobre quiénes podrían ejercerse tales derechos.

Expusieron también que parte de los indígenas shuar que fueron entrevistados, no fueron afectados directamente por el proyecto Mirador, sino que están cercanos a la rivera del río, sin tomar en cuenta sus actividades cotidianas como indígenas se ven afectadas por el proyecto minero.

El juez de la Corte Provincial de Justicia, Carlos Dávila, explicó que existen elementos que necesitan ser analizados con profundidad y para garantizar los derechos de las partes, suspendió la audiencia. La diligencia se realizará el próximo 15 de enero del presente año.

 

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