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Murales por la desaparición de Giovanna Pérez se pintarán en Ambato

El día de mañana, viernes 19 de abril de 2019, la familia de Giovanna Pérez Constante, joven desaparecida en la ciudad de Ambato el 04 de diciembre del 2010, conjuntamente con la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecido del Ecuador (Asfadec) y la Organización Comité de Lucha contra la Violencia Desapariciones y Femicidios (Covidefem) colocarán banderas con el rostro de Giovanna y pintarán dos murales en la ciudad para visibilizar la desaparición de la joven ambateña.

El uso no progresivo de la fuerza hoy se lleva a Édison Cosíos

Desde septiembre del 2011, Édison Cosíos permaneció en estado vegetativo. Siete años y 7 meses han pasado, desde que el estudiante del Colegio Mejía fue impactado por una bomba lacrimógena mientras se encontraba ejerciendo su derecho a la resistencia en una protesta estudiantil, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, periodo en que al menos 47 estudiantes fueron detenidos, agredidos y torturados. Irónicamente hoy, Rafael Correa y su ministro de gobierno, José Serrano, expresan sus condolencias por la muerte de Édison, luego de no hacer nada durante su gobierno para reparar a la familia o permitir que la justicia actúe con independencia.

Instituciones del Estado se pronuncian sobre la desaparición involuntaria y la propuesta de tipificación

La Defensoría del Pueblo y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestros (Dinased) se pronunciaron ayer, 15 de abril del 2019, sobre la problemática de la desaparición involuntaria en el país y la propuesta de tipificación.  Esto en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se discute en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, encabezada por la asambleísta Marcela Aguiñaga.

Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia por el delito de tortura cometido en contra de Ángelo Ayol

La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha conformada por los jueces Eduardo Ochoa Chiriboga, Xavier Barriga Bedoya y Carlos Figueroa Aguirre ratificó la sentencia venida en grado que, en primera instancia, condenó por el delito de tortura con una pena de 10 años a David A.; y a Freddy F. por el delito de tortura por omisión con una pena de 5 años.

La entrega de Julian Assange a la policía británica constituye una violación a los derechos humanos

Comunicado público El 11 de abril de 2019, Julián Assange, ciudadano naturalizado ecuatoriano y con protección a través del asilo diplomático en la embajada ecuatoriana en Londres, fue expulsado de la misma y entregado a la policía británica.

Acción de protección contra hidroeléctrica Hidrotambo S.A por  vulnerar los derechos humanos

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 31 Enero 2019 12:57
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La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó un amicus curiae (tercera parte interesada) en respuesta acción de protección planteada por la Defensoría del Pueblo de Bolívar y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). Esta garantía constitucional pretende la reparación integral de las familias  afectadas por el desvío del río Dulcepamba en la comunidad San Pablo de Amalí, en la provincia de Bolívar. Así lo informó hoy, 31 de enero de 2019, Pamela Chiriboga, asesora jurídico de Inredh.

 

La Defensoría del Pueblo de Bolívar y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) presentaron la mañana del viernes 25 de enero de 2019,  una Acción de Protección solicitando la reparación integral de las familias de la comunidad San Pablo de Amalí que fueron  afectadas por el desvío del Río Dulcepamba ejecutado por la compañía Hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

 

Esta garantía constitucional fue planteada en contra de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Nacional de Riesgos (SNGR), el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes, así como en contra de la Compañía Hidroeléctrica Hidrotambo S.A

 

Tanto la Defensoría del Pueblo de Bolívar como Cedhu piden, bajo esta figura legal, que las entidades públicas competentes adopten de forma inmediata, todas las medidas administrativas y de políticas públicas para que se restablezca o corrija el desvío del río Dulcepamba; que se nombre una comisión para que se investigue los daños individuales, familiares y comunitarios, a nivel material e inmaterial, para las correspondientes indemnizaciones y otras medidas compensatorias; que se disponga las correspondientes sanciones administrativas a los funcionarios públicos que omitieron cumplir con el deber de control, prevención y protección a la Comunidad de San Pablo de Amalí.

 

"Además de pretender una reparación integral para la comunidad de San Pablo de Amalí, se busca que tanto la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A. por acción, como las instituciones públicas por omisión, se responsabilicen por las afectaciones y adopten medidas efectivas para prevenir futuras", dijo Pamela Chiriboga

 

Comuneros de San Pablo de Amalí, que han residido en la zona por más de 50 años, indicaron que nunca antes había ocurrido algo parecido a la inundación de  19 y 20 de marzo de 2015, donde se produjo el desbordamiento del Río Dulcepamba, a causa de su desviación por parte de Hidrotambo, ocasionando la muerte de tres personas, la destrucción de 12 casas, la pérdida de ganado, plantaciones, herramientas de trabajo, medios de transporte, entre otros. Además, el destrozo de la carretera que comunica a San Pablo de Amalí y la parroquia San José del Tambo, de la cual hasta el día de hoy los miembros de la comunidad no han podido sobreponerse.

 

Se prevé que la audiencia se desarrolle la próxima semana, aún no se recibe la notificación del juzgado donde se fija el día y la hora cuando se llevará a cabo.