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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez emitirá sentencia sobre la consulta previa y el derecho a la vida digna en proyecto Mirador

La Comunidad Indígena Cascomi con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Red Eclesial Pan Amazónica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) invitan a los medios de comunicación a la audiencia de resolución de la “Acción de protección por la vulneración del derecho a la consulta previa y a los desalojos ocurridos en Tundayme” que se desarrollará este martes, 15 de enero de 2019, a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte (Villalengua y Amazonas).

Familiares de personas desaparecidas comparecerán ante la Asamblea Nacional

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Alexandra Córdova, madre de David Romo desaparecido el 16 de mayo de 2013; y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) invitan a los medios de comunicación a la comparecencia pública sobre la  “Ley Orgánica de Actuación Integral en casos de Personas Desaparecidas” ante la Comisión Ocasional que trata los casos de personas desaparecidas de la Asamblea Nacional.

Ocho dirigentes de la comunidad La Toglla van a audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación

Este viernes, 05 de octubre de 2018, a las 9:00, en la Unidad Judicial Penal del Cantón Rumiñahui se desarrollará la audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación en contra de Darío Javier Iza Palaquinga y siete habitantes de la Comunidad Ancestral La Toglla debido a la demanda presentada por Clinio Edmundo Perugachi, asegurando que dichos implicados han ingresado y lo han despojado de su legítimo terrero, en 2016.

Caso Fumigaciones: delegados del cordón fronterizo visitarán la Embajada de Colombia

 Este martes 14 de agosto de 2018, a las 09:00, diez representantes de la organización Pluri étnica Pacahamama se reunirán en la embajada de Colombia, ubicada en Catalina Aldaz N 34-131 y Portugal, al norte de Quito.

Juez Eduardo Pazmiño dispone visita in situ y pericia psicosocial en caso San Pablo de Amalí

Categoría: Actualidad Creado: Viernes, 08 Febrero 2019 15:38
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Hoy, viernes 8 de febrero se desarrolló en el complejo judicial del cantón Chillanes, provincia de Bolívar,  la audiencia de acción de protección para constatar la omisión del Estado en los procesos de regulación y control, a la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A. Esto debido a la tragedia que provocó la empresa al desviar el río Dulcepamba, lo cual destruyó 12 casas, cultivos y cobró la vida de 3 personas el 20 de marzo del 2015.

 

La acción de protección se presenta también contra  la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Nacional de Riesgos (SNGR), el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes. Por su nulo control a la empresa Hidrotambo S.A. 

 

El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, instaló la audiencia a las 8:30 de la mañana, se presentaron los alegatos  de las organizaciones accionantes, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), centraron sus intervenciones en la responsabilidad empresarial que tiene Hidrotambo S.A. con los habitantes de San Pablo de Amalí, por el daño ambiental que han generado.

INREDH presentó un Amicus, donde se expone la responsabilidad del Estado por omisión, Amicus que fue recibido por el juez, sin embargo no se otorgó tiempo en la audiencia para su argumentación. Posteriormente Beatriz Villarreal se presentó en la fase de pruebas y testimonios, para exponer los daños psicosociales que produjo la empresa y el desbordamiento del río en los habitantes de San Pablo de Amalí.

Pazmiño determinó que se realicen  dos prueba adicionales, a las presentadas por los accionantes, una prueba psicológica aleatoria de 10 habitantes de la cuenca del río Dulcempamba, se otorgó 8 días para enviar el informe, Pazmiño también solicitó una visita in situ para constatar los daños generados por la empresa, acción que se llevará acabo este miércoles 13 de febrero en San Pablo de Amalí

Es por ello que la audiencia de protección, para constatar la omisión del Estado, queda suspendida hasta la presentación de las pericias solicitadas. El juez notificará la fecha de esta nueva audiencia.