Actividades Destacadas

Más artículos

Murales por la desaparición de Giovanna Pérez se pintarán en Ambato

El día de mañana, viernes 19 de abril de 2019, la familia de Giovanna Pérez Constante, joven desaparecida en la ciudad de Ambato el 04 de diciembre del 2010, conjuntamente con la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecido del Ecuador (Asfadec) y la Organización Comité de Lucha contra la Violencia Desapariciones y Femicidios (Covidefem) colocarán banderas con el rostro de Giovanna y pintarán dos murales en la ciudad para visibilizar la desaparición de la joven ambateña.

Inscripciones abiertas: Curso Virtual de Diseño de Proyectos

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), invita a inscribirse en el Curso Virtual de Diseño de Proyectos que se desarrollará del 29 de abril hasta el 24 de mayo de 2019.

El uso no progresivo de la fuerza hoy se lleva a Édison Cosíos

Desde septiembre del 2011, Édison Cosíos permaneció en estado vegetativo. Siete años y 7 meses han pasado, desde que el estudiante del Colegio Mejía fue impactado por una bomba lacrimógena mientras se encontraba ejerciendo su derecho a la resistencia en una protesta estudiantil, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, periodo en que al menos 47 estudiantes fueron detenidos, agredidos y torturados. Irónicamente hoy, Rafael Correa y su ministro de gobierno, José Serrano, expresan sus condolencias por la muerte de Édison, luego de no hacer nada durante su gobierno para reparar a la familia o permitir que la justicia actúe con independencia.

Instituciones del Estado se pronuncian sobre la desaparición involuntaria y la propuesta de tipificación

La Defensoría del Pueblo y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestros (Dinased) se pronunciaron ayer, 15 de abril del 2019, sobre la problemática de la desaparición involuntaria en el país y la propuesta de tipificación.  Esto en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se discute en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, encabezada por la asambleísta Marcela Aguiñaga.

Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia por el delito de tortura cometido en contra de Ángelo Ayol

La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha conformada por los jueces Eduardo Ochoa Chiriboga, Xavier Barriga Bedoya y Carlos Figueroa Aguirre ratificó la sentencia venida en grado que, en primera instancia, condenó por el delito de tortura con una pena de 10 años a David A.; y a Freddy F. por el delito de tortura por omisión con una pena de 5 años.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Categoría: Actualidad Creado: Lunes, 11 Febrero 2019 16:43
Visto: 247

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

La audiencia se instaló con la presencia de representantes del Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y el Servicio Nacional de Protección a Personas Privadas de Libertad y Menores Infractores.  El juez José Alejandro Peralta Parra otorgó la primera intervención a Defensoría Pública, representado por David Ayala quien solicitó información al Ministerio de Interior y al Servicio Nacional de Protección sobre el cumplimiento de las charlas sobre derechos humanos y trato a personas privadas de la libertad en todos los Centros de Rehabilitación Social a nivel nacional.

Los representantes del Ministerio del Interior y del ex ministerio de Justicia informaron que no pudieron dictar las charlas de derechos humanos en los Centros de Rehabilitación Social, que se tenía previsto impartir para para los internos y funcionarios. La razón: no la explicaron en la audiencia; mientras, que el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo presentaron un informe de cumplimiento de charlas y atención psicológica a los internos del Centro de Rehabilitación Social de Turi.

El delegado del Ministerio de Salud aseguró que el tratamiento psicológico era para las 300 víctimas de tortura y que solo 23 aceptaron, de ellas solo a 15 se les dio seguimiento y de los 8 restantes se desconoce la información.

Frente a ello, el juez solicitó que se proporcione información sobre los  8 internos que fueron trasladados a otros CRS y el estado de estas personas, si fueron parte del proceso de reparación integral y si recibieron tratamiento psicológico.

Tras escuchar a las partes, el juez José Alejandro Peralta Parra otorgó un plazo de 45 días para que la dos carteras de Estado presenten un informe del cumplimiento de las charlas de derechos humanos en los Centros de Rehabilitación Social. También por petición de Defensoría Pública, se pidió que se vincule a la Defensoría del Pueblo para que se ejecute y verifique el cumplimiento de estas medidas de reparación.

Para finalizar el Juez dictó que el informe a presentar por dichas carteras del Estado no requiere de una nueva audiencia de cumplimiento.

Para Pamela Chiriboga, parte del equipo de Inredh, el incumplimiento de estas medidas de reparación demuestran la falta de voluntad política y la no importancia que el sistema tiene frente a las personas privadas de la libertad.

"Recordamos, al Estado ecuatoriano que las personas privadas de la  libertad son un grupo de atención prioritaria y están bajo la protección del Estado -dijo Chiriboga-, ya que es el único responsable de su bienestar.  Además, cuando una persona comete un delito no pierde sus derechos humanos, sino solo el derecho a la movilidad".