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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Categoría: Actualidad Creado: Lunes, 11 Febrero 2019 16:43
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Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

La audiencia se instaló con la presencia de representantes del Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y el Servicio Nacional de Protección a Personas Privadas de Libertad y Menores Infractores.  El juez José Alejandro Peralta Parra otorgó la primera intervención a Defensoría Pública, representado por David Ayala quien solicitó información al Ministerio de Interior y al Servicio Nacional de Protección sobre el cumplimiento de las charlas sobre derechos humanos y trato a personas privadas de la libertad en todos los Centros de Rehabilitación Social a nivel nacional.

Los representantes del Ministerio del Interior y del ex ministerio de Justicia informaron que no pudieron dictar las charlas de derechos humanos en los Centros de Rehabilitación Social, que se tenía previsto impartir para para los internos y funcionarios. La razón: no la explicaron en la audiencia; mientras, que el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo presentaron un informe de cumplimiento de charlas y atención psicológica a los internos del Centro de Rehabilitación Social de Turi.

El delegado del Ministerio de Salud aseguró que el tratamiento psicológico era para las 300 víctimas de tortura y que solo 23 aceptaron, de ellas solo a 15 se les dio seguimiento y de los 8 restantes se desconoce la información.

Frente a ello, el juez solicitó que se proporcione información sobre los  8 internos que fueron trasladados a otros CRS y el estado de estas personas, si fueron parte del proceso de reparación integral y si recibieron tratamiento psicológico.

Tras escuchar a las partes, el juez José Alejandro Peralta Parra otorgó un plazo de 45 días para que la dos carteras de Estado presenten un informe del cumplimiento de las charlas de derechos humanos en los Centros de Rehabilitación Social. También por petición de Defensoría Pública, se pidió que se vincule a la Defensoría del Pueblo para que se ejecute y verifique el cumplimiento de estas medidas de reparación.

Para finalizar el Juez dictó que el informe a presentar por dichas carteras del Estado no requiere de una nueva audiencia de cumplimiento.

Para Pamela Chiriboga, parte del equipo de Inredh, el incumplimiento de estas medidas de reparación demuestran la falta de voluntad política y la no importancia que el sistema tiene frente a las personas privadas de la libertad.

"Recordamos, al Estado ecuatoriano que las personas privadas de la  libertad son un grupo de atención prioritaria y están bajo la protección del Estado -dijo Chiriboga-, ya que es el único responsable de su bienestar.  Además, cuando una persona comete un delito no pierde sus derechos humanos, sino solo el derecho a la movilidad".