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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez emitirá sentencia sobre la consulta previa y el derecho a la vida digna en proyecto Mirador

La Comunidad Indígena Cascomi con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Red Eclesial Pan Amazónica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) invitan a los medios de comunicación a la audiencia de resolución de la “Acción de protección por la vulneración del derecho a la consulta previa y a los desalojos ocurridos en Tundayme” que se desarrollará este martes, 15 de enero de 2019, a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte (Villalengua y Amazonas).

Familiares de personas desaparecidas comparecerán ante la Asamblea Nacional

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Alexandra Córdova, madre de David Romo desaparecido el 16 de mayo de 2013; y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) invitan a los medios de comunicación a la comparecencia pública sobre la  “Ley Orgánica de Actuación Integral en casos de Personas Desaparecidas” ante la Comisión Ocasional que trata los casos de personas desaparecidas de la Asamblea Nacional.

Ocho dirigentes de la comunidad La Toglla van a audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación

Este viernes, 05 de octubre de 2018, a las 9:00, en la Unidad Judicial Penal del Cantón Rumiñahui se desarrollará la audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación en contra de Darío Javier Iza Palaquinga y siete habitantes de la Comunidad Ancestral La Toglla debido a la demanda presentada por Clinio Edmundo Perugachi, asegurando que dichos implicados han ingresado y lo han despojado de su legítimo terrero, en 2016.

Caso Fumigaciones: delegados del cordón fronterizo visitarán la Embajada de Colombia

 Este martes 14 de agosto de 2018, a las 09:00, diez representantes de la organización Pluri étnica Pacahamama se reunirán en la embajada de Colombia, ubicada en Catalina Aldaz N 34-131 y Portugal, al norte de Quito.

Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia por el delito de tortura cometido en contra de Ángelo Ayol

Categoría: Actualidad Creado: Lunes, 15 Abril 2019 15:26
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La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha conformada por los jueces Eduardo Ochoa Chiriboga, Xavier Barriga Bedoya y Carlos Figueroa Aguirre ratificó la sentencia venida en grado que, en primera instancia, condenó por el delito de tortura con una pena de 10 años a David A.; y a Freddy F. por el delito de tortura por omisión con una pena de 5 años.

La audiencia de apelación por el delito de tortura cometido en contra de Ángelo Ayol, ex estudiante del Colegio Mejía, menor de edad en ese entonces, que fue detenido ilegalmente y torturado mientras se desarrollaban protestas sociales en Quito, en 2014 se instaló hoy, 10 de abril del 2019, a las 08h30, en la Sala de Audiencias No. 8, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.


Durante las casi cinco horas que duró la audiencia, la acusación particular, la Fiscalía, la parte demandada sostuvieron sus teorías del caso, explicando los argumentos de su respectiva apelación. En cuanto a la apelación de la defensa de la familia Ayol, consistía en que se otorgue disculpas públicas por parte de los dos procesados portando su uniforme en una audiencia pública y, la baja de los policías, como una sanción administrativa, dentro de las garantías de no repetición. Mientras, la defensa de la contraparte apeló a la nulidad del proceso como también a la falta de materialidad, la falta de credibilidad de la víctima y a la contradicción en sus versiones.

 

El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia, después de verificar todas las pruebas presentadas por ambas partes, decidió ratificar la sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha emitida el 25 de septiembre de 2018. Sin embargo, no dio lugar a la apelación, tanto de la familia Ayol como la de la contraparte.

 

Esto se da, después de que la familia de Ángelo Ayol, así como el subteniente de la Policía Nacional, David A., y el cabo segundo de la Policía Freddy F. apelaran la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, que condenó al subteniente, como autor directo del delito de tortura con una pena de 10 años de prisión y a cancelar 40 salarios básicos unificados como multa.; y a Freddy F. por el delito de omisión con una pena de 5 años, así como una multa de doce salarios básicos unificados del trabajador en general. Además, se ordenó que la familia Ayol Barros reciba acompañamiento psicológico permanente de parte del entonces Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Al finalizar la audiencia y tras conocer la resolución del Tribunal, la madre del joven, Alicia Barros, aseguró estar satisfecha con este resultado, ya que se logró hacer justicia después de cinco años de lucha. “Estamos agradecidos con la justicia por habernos dado la verdad y reparación que nosotros pedíamos, y por haber marcado un precedente en la lucha contra los maltratos de agentes policiales”, concluyó.

Para Pamela Chiriboga, asesora legal de la Fundación de Derechos Humanos, Inredh, se hizo justicia al lograr que el Tribunal de la Sala Penal confirme y ratifique la culpabilidad de los procesados. “Logramos probar que hubo un contexto de violencia cuando detienen a Ángelo, lo trasladan y cuando está en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC); y logramos también probar que ellos eran responsables de todos estos hechos”, afirmó la abogada.