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Misión de verificación de la situación actual de las víctimas de la empresa Furukawa

Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

Reanudan búsqueda de Carolina Garzón sin presencia del Fiscal

La mañana de este lunes 22 de julio se realizó una búsqueda en las riveras del río Machángara por la desaparición de Carolina Garzón en abril 2012. La diligencia estuvo señalada a las 9h00, sin embargo comenzó una hora más tarde sin la presencia de Jorge Flores, fiscal del caso.

Comunicado Público: Es imperativo cierre de Iglesia Oasis de Esperanza, Confraternidad Evangélica nunca fue solidaria

Las organizaciones y personas que apoyamos la lucha para saber la verdad sobre la desaparición de Juliana Campoverde y lograr sanción a los responsables, nos pronunciamos ante la posición asumida por la Confraternidad Evangélica que cuestiona el cierre de la Iglesia Oasis de Esperanza, escenario en el cual se cristalizaron el acoso y agresión sistemática sobre Juliana Campoverde con lo siguiente:

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

El uso no progresivo de la fuerza hoy se lleva a Édison Cosíos

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 16 Abril 2019 11:27
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Desde septiembre del 2011, Édison Cosíos permaneció en estado vegetativo. Siete años y 7 meses han pasado, desde que el estudiante del Colegio Mejía fue impactado por una bomba lacrimógena mientras se encontraba ejerciendo su derecho a la resistencia en una protesta estudiantil, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, periodo en que al menos 47 estudiantes fueron detenidos, agredidos y torturados. Irónicamente hoy, Rafael Correa y su ministro de gobierno, José Serrano, expresan sus condolencias por la muerte de Édison, luego de no hacer nada durante su gobierno para reparar a la familia o permitir que la justicia actúe con independencia.

Nos condolemos por esta pérdida, nos unimos al luto, pero también sabemos que su muerte nos alienta a seguir luchando contra la violencia, arbitraria y desproporcionada, por parte de la fuerza pública, que fuera de “controlar y manejar” a la ciudadanía y su falta de capacitación, hacen que existan casos como el de Edison Cosíos o Angelo Ayol, víctimas del completo abuso policial.

A pesar de que el día 10 de abril de 2019, la Sala Penal de la Corte Provincial ratificó la sentencia que declaraba la culpabilidad de dos policías que fueron responsables por acción y  omisión de tortura contra Ángelo Ayol, menor de edad, estudiante también del Colegio Mejía; sabemos que esto no es suficiente. El mismo Ángelo aseguró que lo que les hicieron a sus compañeros los días siguientes fue incluso peor a que él sufrió.

El caso de Édison y de Ángelo son solo la punta del Iceberg. No son ni serán los únicos casos: el abuso policial es una práctica común y sobretodo normalizada a nivel institucional pero también a nivel social ya que nunca faltan los comentarios de “se lo merecían”, “su culpa a que salen a gritar”.

 

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Además, también se encuentra el miedo y las amenazas a las víctimas y sus familias, que no permiten que todos los casos de menores de edad abusados, maltratados y torturados por la fuerza pública salgan a la luz. Que la muerte de Édison Cosíos, luego de un largo y tortuoso proceso en el que no consiguió justicia, ni reparación integral, que afectó a su familia y a su proyecto de vida, nos permita darnos cuenta del largo camino que falta recorrer en términos de derechos humanos y formación sobre el uso progresivo de la fuerza; pero sobretodo, que nos haga dar cuenta como sociedad, que ya no podemos tolerar ni justificar estos hechos violentos, menos cuando se está ejerciendo un legítimo derecho a resistirse, a quejarse, a criticar.

Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Édison, pero, sobre todo, expresamos nuestro compromiso de seguir luchando junto a las víctimas de abuso policial.

INREDH

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