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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Carta abierta a la ministra de gobierno, María Paula Romo

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 11 Junio 2019 17:25
Visto: 584

Quito, 11 de junio de 2019

 

Dra.

María Paula Romo

Ministra de Gobierno del Ecuador

Presente

De nuestras consideraciones:

Como Usted conoce, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) es una organización con más de 25 años de trabajo por la defensa de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza; periodo en el cual ha sido frontal en denunciar las violaciones a los derechos perpetradas por todos los gobiernos que han pasado durante estos 25 años de vida institucional.

Usted conoce también que el trabajo de defender derechos se enmarca en la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas (Resolución 53/144 aprobada por la Asamblea General). Esta Declaración ha sido acogida por el Ecuador y, de acuerdo a la Constitución del 2018, hace parte de la normativa interna.

Como académica vinculada a la defensa de los derechos humanos debe recordar que en el artículo 6 de esta Declaración se establece que “toda persona tiene derecho, individualmente y con otras a:

  1. A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos;
  2. Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;”

 

De igual forma, el Artículo 9, literal 3, se establece que “toda persona tiene derecho individual o colectivamente, entre otras cosas, a: (…)

 

  1. Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables;
  2. Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Con lo anteriormente expuesto, debemos informarle que en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por policías y en cuyos procesos jurídicos tiene participación nuestra organización o acompaña, hemos sido objetos de constantes agresiones que impiden nuestro trabajo acorde a la Declaración de Naciones Unidas que hemos expuesto.

Estas agresiones a las que hemos sido expuestos se han ocasionado principalmente en el ejercicio del derecho a la comunicación e información (contenido en el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador que garantiza que todas las personas, en forma individual o colectiva, tenemos derecho buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz) cuando nuestros comunicadores han querido realizar coberturas en audiencias públicas.

En las audiencias del denominado Caso Turi (tortura policial en un centro carcelario), las agresiones se han vuelto sistemáticas, al punto que nuestro personal ha debido evacuar las instalaciones judiciales en Cuenca por la puerta del personal judicial para evitar la agresión de policías y familiares de los agentes involucrados en este caso. Estas amenazas directas a INREDH han sido registradas por otros medios de comunicación (https://bit.ly/2Wyd1lI).

En este mismo caso, nuestro personal ha sido expulsado de la sala de audiencias por pedido de los policías y luego ha sido amenazado, incluso con confiscar sus equipos de trabajo (https://bit.ly/2kHUlPy), hechos que se han dado en la misma dirección establecida por el gobierno anterior, cuando se detuvo a nuestra coordinadora de comunicación por cubrir el mismo caso (https://bit.ly/29gBwwu).

Ahora, en el caso Andrés Padilla "Mascarilla", las agresiones han subido de tono y se ha llegado a golpear con toletes a uno de nuestros comunicadores, mientras registraba como se echaba gas lacrimógeno a dos mujeres, madre y hermana de Andrés Padilla, cuando intentaban ingresar a la sala de audiencias (https://bit.ly/2XxfmyB).

 

 

Nuestro compañero reclamó la acción de la Policía al lanzar gas lacrimógeno a las mujeres y se identificó como miembro de INREDH.  Fue golpeado y conducido fuera del cerco policial que cubría una manzana en torno al recinto judicial. Él fue fotografiado y amenazado para que no vuelva a intentar cumplir con sus labores de comunicador y defensor de derechos humanos. Nuestro comunicador en ningún momento agrede o insulta a la policía, solo reclama que no continué con la agresión a las dos mujeres.

Hemos constatado como las prácticas represivas de la Policía no han cambiado en el presente régimen y eso nos preocupa profundamente ya que, por una parte, el gobierno llama a un diálogo con las instancias de la sociedad civil, y por otra se sigue con las mismas prácticas de represión.

Es necesario que desde el Ministerio del Interior se den directrices claras que garanticen nuestro trabajo, acorde a la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores, y finalicen estos actos de hostigamiento en contra de INREDH; no esperemos que las amenazas que se nos ha hecho en forma directa o a través de nuestras redes sociales se vuelvan realidad.

Usted, señora ministra del Interior, sabe lo que significa el trabajo de defensa de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza; entonces, sea clara en sus directrices.

Mónica Vera Puebla

Presidenta INREDH