Carta abierta a la ministra de gobierno, María Paula Romo

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 11 Junio 2019 17:25
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Quito, 11 de junio de 2019

 

Dra.

María Paula Romo

Ministra de Gobierno del Ecuador

Presente

De nuestras consideraciones:

Como Usted conoce, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) es una organización con más de 25 años de trabajo por la defensa de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza; periodo en el cual ha sido frontal en denunciar las violaciones a los derechos perpetradas por todos los gobiernos que han pasado durante estos 25 años de vida institucional.

Usted conoce también que el trabajo de defender derechos se enmarca en la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas (Resolución 53/144 aprobada por la Asamblea General). Esta Declaración ha sido acogida por el Ecuador y, de acuerdo a la Constitución del 2018, hace parte de la normativa interna.

Como académica vinculada a la defensa de los derechos humanos debe recordar que en el artículo 6 de esta Declaración se establece que “toda persona tiene derecho, individualmente y con otras a:

  1. A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos;
  2. Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;”

 

De igual forma, el Artículo 9, literal 3, se establece que “toda persona tiene derecho individual o colectivamente, entre otras cosas, a: (…)

 

  1. Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables;
  2. Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Con lo anteriormente expuesto, debemos informarle que en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por policías y en cuyos procesos jurídicos tiene participación nuestra organización o acompaña, hemos sido objetos de constantes agresiones que impiden nuestro trabajo acorde a la Declaración de Naciones Unidas que hemos expuesto.

Estas agresiones a las que hemos sido expuestos se han ocasionado principalmente en el ejercicio del derecho a la comunicación e información (contenido en el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador que garantiza que todas las personas, en forma individual o colectiva, tenemos derecho buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz) cuando nuestros comunicadores han querido realizar coberturas en audiencias públicas.

En las audiencias del denominado Caso Turi (tortura policial en un centro carcelario), las agresiones se han vuelto sistemáticas, al punto que nuestro personal ha debido evacuar las instalaciones judiciales en Cuenca por la puerta del personal judicial para evitar la agresión de policías y familiares de los agentes involucrados en este caso. Estas amenazas directas a INREDH han sido registradas por otros medios de comunicación (https://bit.ly/2Wyd1lI).

En este mismo caso, nuestro personal ha sido expulsado de la sala de audiencias por pedido de los policías y luego ha sido amenazado, incluso con confiscar sus equipos de trabajo (https://bit.ly/2kHUlPy), hechos que se han dado en la misma dirección establecida por el gobierno anterior, cuando se detuvo a nuestra coordinadora de comunicación por cubrir el mismo caso (https://bit.ly/29gBwwu).

Ahora, en el caso Andrés Padilla "Mascarilla", las agresiones han subido de tono y se ha llegado a golpear con toletes a uno de nuestros comunicadores, mientras registraba como se echaba gas lacrimógeno a dos mujeres, madre y hermana de Andrés Padilla, cuando intentaban ingresar a la sala de audiencias (https://bit.ly/2XxfmyB).

 

 

Nuestro compañero reclamó la acción de la Policía al lanzar gas lacrimógeno a las mujeres y se identificó como miembro de INREDH.  Fue golpeado y conducido fuera del cerco policial que cubría una manzana en torno al recinto judicial. Él fue fotografiado y amenazado para que no vuelva a intentar cumplir con sus labores de comunicador y defensor de derechos humanos. Nuestro comunicador en ningún momento agrede o insulta a la policía, solo reclama que no continué con la agresión a las dos mujeres.

Hemos constatado como las prácticas represivas de la Policía no han cambiado en el presente régimen y eso nos preocupa profundamente ya que, por una parte, el gobierno llama a un diálogo con las instancias de la sociedad civil, y por otra se sigue con las mismas prácticas de represión.

Es necesario que desde el Ministerio del Interior se den directrices claras que garanticen nuestro trabajo, acorde a la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores, y finalicen estos actos de hostigamiento en contra de INREDH; no esperemos que las amenazas que se nos ha hecho en forma directa o a través de nuestras redes sociales se vuelvan realidad.

Usted, señora ministra del Interior, sabe lo que significa el trabajo de defensa de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza; entonces, sea clara en sus directrices.

Mónica Vera Puebla

Presidenta INREDH

 

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