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Misión de verificación de la situación actual de las víctimas de la empresa Furukawa

Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

Reanudan búsqueda de Carolina Garzón sin presencia del Fiscal

La mañana de este lunes 22 de julio se realizó una búsqueda en las riveras del río Machángara por la desaparición de Carolina Garzón en abril 2012. La diligencia estuvo señalada a las 9h00, sin embargo comenzó una hora más tarde sin la presencia de Jorge Flores, fiscal del caso.

Comunicado Público: Es imperativo cierre de Iglesia Oasis de Esperanza, Confraternidad Evangélica nunca fue solidaria

Las organizaciones y personas que apoyamos la lucha para saber la verdad sobre la desaparición de Juliana Campoverde y lograr sanción a los responsables, nos pronunciamos ante la posición asumida por la Confraternidad Evangélica que cuestiona el cierre de la Iglesia Oasis de Esperanza, escenario en el cual se cristalizaron el acoso y agresión sistemática sobre Juliana Campoverde con lo siguiente:

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

Corte Provincial de Pichincha niega apelación presentada por pastor  evangélico contra INREDH

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 02 Julio 2019 10:51
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El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha conformado por los jueces Rita Bravo, Cenia Vera y Raúl Mariño resolvieron desechar el recurso de apelación presentado por el pastor evangélico Patricio C. en contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y el Comité de Lucha contra la Violencia Desapariciones y Feminicidios.

 

Esto luego de que el pasado 7 de noviembre del 2018, el pastor evangélico Patricio C. interpusiera una acción de protección contra Inredh y Covidefem por una supuesta violación a su derecho a la integridad física, psíquica y moral, vida libre de violencia, no discriminación, derecho a la manifestaciones religiosas y presunción de inocencia de su hijo Jonathan C. quien es procesado por la desaparición de la Joven Juliana Campoverde.

 

En primera instancia, la jueza Myriam Guamán, señaló que no se evidenció vulneración alguna como afirmaba el accionante, puesto que no se demostró que los comentarios emitidos en redes sociales, carteles pegados en las calles de Quito y frases pintadas en las paredes de la Iglesia, fueran de autoría de Inredh.

 

Patricio C. decidió apelar la decisión de la jueza Guamán, aduciendo que las pruebas contradicen a la sentencia, además señaló que la sentencia no se encuentra debidamente motivada.

 

El Tribunal resolvió desechar el recurso de apelación y confirmó la sentencia dictada por la jueza de primera instancia, Patricio C. argumentó en su apelación que la motivación del tribunal de primera instancia carece de fundamento.

 

Para Mónica Vera Puebla, asesora jurídica de Inredh, este dictamen, si bien es favorable en el presente caso, sin embargo demuestra que el estado ecuatoriano tiene una deuda pendiente de garantizar mediante mecanismos idóneos y efectivos el trabajo de defensores y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza con la finalidad de evitar este tipo de hostigamientos.