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35 de 70 centros penitenciarios han recibidos charlas de DD.HH tras actos de tortura en Turi

De los 66 centros de Privación de libertad que existen en el país, solo en 35 se han impartido charlas sobre derechos humanos como medida de reparación emitidas por la sentencia de Habeas Corpus a favor de las personas privadas de la libertad, que fueron víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos ocurridos el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad Social “JC”, del Centro de Rehabilitación Social Turi-Cuenca.  Así lo conoció ayer, 4 de diciembre de 2019, el juez José Peralta Parra que instaló la tercera audiencia de verificación de cumplimiento de las siete medidas de reparación emitidas el 30 de junio de 2016.

Audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación en caso Turi

El juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, José Peralta Parra, instalará este jueves, 4 de diciembre de 2019, a las 09:30, la audiencia de cumplimiento de las medidas de reperación emitidas en la sentencia del proceso de  hábeas corpus a favor de las personas privadas de la libertad del ex Pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Violencia de género en las protestas sociales de octubre

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh,  que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza desde hace 25 años, expresa su preocupación por la denuncia de acoso y agresiones sexuales a cuatro mujeres policías ocurrido durante el paro nacional que se desarrolló en el mes de octubre.

Corte Provincial de Imbabura suspendió audiencia sobre caso Mascarilla

Este jueves, 28 de noviembre de 2019, el tribunal de la Corte Provincial de Imbabura escuchó los argumentos de las partes implicadas en el caso Mascarilla, relacionado con el joven Andrés Padilla quien murió por un impacto de bala de dotación policial el pasado 23 de agosto de 2018.

Audiencia de apelación por caso Mascarilla se instala este jueves

La Corte Provincial de Imbabura convocó la audiencia de apelación por la muerte de Andrés Padilla ocurrida en el 23 agosto de 2018, en el sector de Mascarilla, provincia de Imbabura.

Violencia y despliegue militar en Carchi preocupa a Inredh

Categoría: Actualidad Creado: Sábado, 28 Septiembre 2019 10:58
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La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) expresa su preocupación por los actos violentos y el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la provincia del Carchi,  que se mantiene en protestas sociales desde hace cinco días.

En el marco de estas protestas resulta importante recordar al Estado ecuatoriano  que las personas manifestantes tienen derecho a expresarse libremente, lo que implica emitir sus opiniones de crítica frente a las políticas y autoridades, así como el derecho a reunirse pacíficamente con la finalidad de hacer oír sus demandas y malestares en el uso legítimo de su derecho constitucional a la resistencia.

Por estos motivos, el Estado debe garantizar estos derechos y no usar cualquier medio violento o ilegítimo que coarte la libertad de estas personas. En el caso de producirse enfrentamientos es deber de las autoridades policiales que consideren siempre los estándares del uso progresivo de la fuerza, con la finalidad de evitar lesiones a la integridad y vida de las y los manifestantes.

Vale señalar también al Gobierno del Ecuador, que el Estado es responsable por las actuaciones de sus agentes de seguridad por cualquier atentado a la vida e integridad, detenciones arbitrarias y/o ilegales, entre otras vulneraciones de derechos que pudieren cometer.

También nos preocupa que nuevamente se utilice el poder  punitivo para iniciar procesos de criminalización de la protesta social en contra de estudiantes, dirigentes y defensores de derechos. Según el prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, quince personas fueron detenidas entre el miércoles y el jueves por "desórdenes públicos", entre ellas una menor edad, y que al menos seis de ellas fueron liberadas.

Respecto, al despliegue de las Fuerzas Armadas, el Gobierno Central debe recordar que, de acuerdo con los estándares internacionales en temas de derechos humanos y seguridad, el uso de las fuerzas policiales es exclusivo para controlar problemas relacionados con la seguridad interior de un país, así como disturbios, enfrentamientos o protestas. Así el uso de agentes militares debe estar reservado únicamente para asuntos que puedan comprometer la soberanía nacional sobre amenazas de orden exterior.

Como organización de derechos humanos estamos alerta, que en los puntos de coexistencia de los manifestantes no se produzcan enfrentamientos por parte de las fuerzas públicas que den pie a la vulneración de derechos. Consideramos que las vías cerradas, en varios puntos como Mascarrilla, El Juncal, Piquiucho  no deben ser puntos en los que las fuerzas del orden y los ciudadanos entren en conflictos.

Llamamos al diálogo pacífico en el que se den soluciones efectivas para el pueblo carchense. Exhortamos al Gobierno a escuchar a los ciudadanos para que los  procesos de manifestaciones acaben lo más pronto posible y no se llegue a conflictos insolubles.