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35 de 70 centros penitenciarios han recibidos charlas de DD.HH tras actos de tortura en Turi

De los 66 centros de Privación de libertad que existen en el país, solo en 35 se han impartido charlas sobre derechos humanos como medida de reparación emitidas por la sentencia de Habeas Corpus a favor de las personas privadas de la libertad, que fueron víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos ocurridos el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad Social “JC”, del Centro de Rehabilitación Social Turi-Cuenca.  Así lo conoció ayer, 4 de diciembre de 2019, el juez José Peralta Parra que instaló la tercera audiencia de verificación de cumplimiento de las siete medidas de reparación emitidas el 30 de junio de 2016.

Audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación en caso Turi

El juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, José Peralta Parra, instalará este jueves, 4 de diciembre de 2019, a las 09:30, la audiencia de cumplimiento de las medidas de reperación emitidas en la sentencia del proceso de  hábeas corpus a favor de las personas privadas de la libertad del ex Pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Violencia de género en las protestas sociales de octubre

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh,  que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza desde hace 25 años, expresa su preocupación por la denuncia de acoso y agresiones sexuales a cuatro mujeres policías ocurrido durante el paro nacional que se desarrolló en el mes de octubre.

Corte Provincial de Imbabura suspendió audiencia sobre caso Mascarilla

Este jueves, 28 de noviembre de 2019, el tribunal de la Corte Provincial de Imbabura escuchó los argumentos de las partes implicadas en el caso Mascarilla, relacionado con el joven Andrés Padilla quien murió por un impacto de bala de dotación policial el pasado 23 de agosto de 2018.

Audiencia de apelación por caso Mascarilla se instala este jueves

La Corte Provincial de Imbabura convocó la audiencia de apelación por la muerte de Andrés Padilla ocurrida en el 23 agosto de 2018, en el sector de Mascarilla, provincia de Imbabura.

Tundayme: cuatro años después de los desalojos por la empresa minera

Categoría: Actualidad Creado: Lunes, 30 Septiembre 2019 15:40
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Por Luis Ángel Saavedra Mendoza

Un día como hoy, hace cuatro años, 20 familias de la parroquia de Tundayme, en la provincia de Zamora Chinchipe, fueron desalojadas a la madrugada por miembros de la Policía Nacional y personal de la empresa minera china Ecuacorriente S.A, que ejecuta el proyecto minero Mirador.

Ese día, 30 de septiembre de 2015, los habitantes de Tundayme recuerdan que varios representantes del Estado ecuatoriano se acercaron a sus hogares para ofrecerles cheques con sumas irrisorias. El objetivo: que los comuneros abandonen su casa debido a que en ese terreno se ejecutaría el proyecto minero “Cóndor - Mirador”.

Hoy se cumple cuatro años del primer desalojo y hasta ahora las familias no han sido reubicadas ni tiene una reparación integral tras ser víctima de un desalojo forzoso. Más bien se han realizado más desalojos en la comunidad,

William Uyuguari, presidente de la Comunidad de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), dice que frente está vulneración de derechos han emprendido varias acciones jurídicas. Una de ellas, esa la acción de protección para denunciar que se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada y que se vulnero el derecho a la vida digna y a la vivienda con los desalojos.  Este proceso exigió que los habitantes de Tundayme viajen constantemente a Quito para presentarse a las distintas audiencias.

Fue entonces que una pequeña esperanza se encendió en junio del 2018, cuando el juez Carlos Dávila suspendió la audiencia de acción de protección contra el Ministerio de Minería, de Ambiente,  del Interior y la Agencia de Regulación y Control Minero; y ordenó que se realice un peritaje antropológico en Tundayme.

El 10 de enero del 2019, en la audiencia de acción de protección, el perito antropológico Roberto Narváez afirmó que dentro de la Comunidad de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) existe población indígena shuar, considerada un grupo étnico que está sujeta a los derechos colectivos presentes en la Constitución del Ecuador, y una población mestiza con una identificación colectiva, reconocidos como campesinos, que han adquirido prácticas culturales del lugar.

Sin embargo, el juez falló en contra de la comunidad y negó la acción de protección. El argumento: que no existe vulneraciones de derecho constitucional alguno y que este tema debe ser ventilado en la vía ordinaria. Para el presidente de la comunidad el sistema judicial también le ha fallado a la comunidad, pero precisa "seguiremos denunciando que nuestros derechos han sido vulnerados, seguiremos organizándonos y con nuevos emprendimientos continuemos en la lucha".

 

* Activismo por los Derechos Humanos