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35 de 70 centros penitenciarios han recibidos charlas de DD.HH tras actos de tortura en Turi

De los 66 centros de Privación de libertad que existen en el país, solo en 35 se han impartido charlas sobre derechos humanos como medida de reparación emitidas por la sentencia de Habeas Corpus a favor de las personas privadas de la libertad, que fueron víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos ocurridos el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad Social “JC”, del Centro de Rehabilitación Social Turi-Cuenca.  Así lo conoció ayer, 4 de diciembre de 2019, el juez José Peralta Parra que instaló la tercera audiencia de verificación de cumplimiento de las siete medidas de reparación emitidas el 30 de junio de 2016.

Audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación en caso Turi

El juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, José Peralta Parra, instalará este jueves, 4 de diciembre de 2019, a las 09:30, la audiencia de cumplimiento de las medidas de reperación emitidas en la sentencia del proceso de  hábeas corpus a favor de las personas privadas de la libertad del ex Pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Violencia de género en las protestas sociales de octubre

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh,  que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza desde hace 25 años, expresa su preocupación por la denuncia de acoso y agresiones sexuales a cuatro mujeres policías ocurrido durante el paro nacional que se desarrolló en el mes de octubre.

Corte Provincial de Imbabura suspendió audiencia sobre caso Mascarilla

Este jueves, 28 de noviembre de 2019, el tribunal de la Corte Provincial de Imbabura escuchó los argumentos de las partes implicadas en el caso Mascarilla, relacionado con el joven Andrés Padilla quien murió por un impacto de bala de dotación policial el pasado 23 de agosto de 2018.

Audiencia de apelación por caso Mascarilla se instala este jueves

La Corte Provincial de Imbabura convocó la audiencia de apelación por la muerte de Andrés Padilla ocurrida en el 23 agosto de 2018, en el sector de Mascarilla, provincia de Imbabura.

La protesta social es legítima

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 03 Octubre 2019 12:48
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Frente a la protesta social que están protagonizando diversos grupos sociales, como reacción a las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, manifiesta lo siguiente

  1. El Derecho a la resistencia está consagrado en la Constitución del Ecuador, por tanto, las protestas que están en marcha contra las medidas económicas anunciadas por el gobierno están en el marco de la constitucionalidad que rige para el Estado ecuatoriano.

 

  1. La protesta social debe enmarcarse en los preceptos de la “no violencia activa”, es decir, producirse sin afectaciones a las personas, sean estas civiles o de los cuerpos armados o de control social, incluyendo a las representaciones de los medios de comunicación, quienes deben cumplir con su labor en un escenario que garantice su integridad.

 

  1. Conocemos que varias de las acciones de protesta social no violentas han sido criminalizadas en el Ecuador, como es el caso de la paralización de los servicios públicos o el cierre de vías de comunicación, entre otras acciones. Si bien el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones para esos actos, tornándolos ilegales, ello no quita legitimidad a los mismos. Las personas que hacen parte de estas acciones de protesta social deben comprender que corren el riesgo de ser procesadas penalmente, pero ello no reduce la legitimidad de sus actos. INREDH, históricamente se ha alineado con la protesta social y, consecuentes con ello y en la medida de nuestras capacidades, brindaremos asesoría legal a quienes sean   procesados por acciones de protesta social en el marco de la no violencia activa.

 

  1. La política gubernamental no puede ser impuesta a la fuerza; más aún si son políticas que golpean a los sectores más vulnerables de la población y están en contradicción con la obligación del Estado de velar por el cumplimiento de los derechos sociales y económicos de estos sectores. La acción represiva del Estado debe ser reemplazada por una política de diálogo y consensos, que no solo sea una socialización de medidas ya asumidas en beneficio de los mismos sectores económicos pudientes y en aras de una política económica que beneficia a prestamistas y banqueros internacionales.

 

  1. Instamos a los responsables de la línea editorial de los medios de comunicación masivos a recoger todas las voces y expresiones de los sectores sociales, y no solo dar paso en la planificación de sus entrevistas a representantes de sectores que se van a beneficiar con las medidas económicas anunciadas. La parcialidad en la línea editorial de los medios de comunicación masivos puede provocar el rechazo de los sectores sociales de base que, llevados por la frustración, pueden atentar contra la integridad de los periodistas de estos medios que están cubriendo en la calle los hechos y recogiendo el mayor número de testimonios posible. Su labor debe ser garantizada también por las fuerzas del orden. En este sentido, rechazamos las agresiones a comunicadores sociales, tantos de los manifestantes, como de la fuerza pública.

 

  1. Habíamos advertido con anterioridad que la liberalización de la violencia policial en contra de supuestos delincuentes solo era una práctica permitida por el gobierno que luego sería aplicada a la protesta social. Las primeras imágenes de la jornada de protesta de hoy que muestras a personas golpeadas por la Policía, incluyendo periodistas, parecen darnos la razón. Recordamos que, en situaciones como la presente, el principio del “uso proporcional de la fuerza” se torna indispensable.

 

  1. Finalmente, recalcamos que las fuerzas militares tienen como función la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y no deben ser utilizadas en el control de la protesta social.

Consejo Directivo de INREDH