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35 de 70 centros penitenciarios han recibidos charlas de DD.HH tras actos de tortura en Turi

De los 66 centros de Privación de libertad que existen en el país, solo en 35 se han impartido charlas sobre derechos humanos como medida de reparación emitidas por la sentencia de Habeas Corpus a favor de las personas privadas de la libertad, que fueron víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos ocurridos el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad Social “JC”, del Centro de Rehabilitación Social Turi-Cuenca.  Así lo conoció ayer, 4 de diciembre de 2019, el juez José Peralta Parra que instaló la tercera audiencia de verificación de cumplimiento de las siete medidas de reparación emitidas el 30 de junio de 2016.

Audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación en caso Turi

El juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, José Peralta Parra, instalará este jueves, 4 de diciembre de 2019, a las 09:30, la audiencia de cumplimiento de las medidas de reperación emitidas en la sentencia del proceso de  hábeas corpus a favor de las personas privadas de la libertad del ex Pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Violencia de género en las protestas sociales de octubre

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh,  que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza desde hace 25 años, expresa su preocupación por la denuncia de acoso y agresiones sexuales a cuatro mujeres policías ocurrido durante el paro nacional que se desarrolló en el mes de octubre.

Corte Provincial de Imbabura suspendió audiencia sobre caso Mascarilla

Este jueves, 28 de noviembre de 2019, el tribunal de la Corte Provincial de Imbabura escuchó los argumentos de las partes implicadas en el caso Mascarilla, relacionado con el joven Andrés Padilla quien murió por un impacto de bala de dotación policial el pasado 23 de agosto de 2018.

Audiencia de apelación por caso Mascarilla se instala este jueves

La Corte Provincial de Imbabura convocó la audiencia de apelación por la muerte de Andrés Padilla ocurrida en el 23 agosto de 2018, en el sector de Mascarilla, provincia de Imbabura.

Alerta de derechos humanos: detención irregular de 83 personas

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 09 Octubre 2019 07:44
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9 de octubre de 2019

Denunciamos públicamente que el día de ayer, 8 de octubre de 2019, durante las acciones de movilización y protesta de miles de personas en la ciudad de Quito, especialmente del Movimiento Indígena, 83 personas, hombres y mujeres, incluido adolescentes, se encuentran irregularmente detenidas en el cuartel policial del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional en Pomasqui.

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta alerta, hemos recabado información de diversas fuentes y se ha verificado que las 83 personas fueron detenidas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, aproximadamente a las 13 horas, durante un momento álgido y desmedido de uso de la fuerza pública y represión, habrían permanecido detenidos en el subsuelo de la Asamblea Nacional alrededor de siete horas y, con el inicio del toque de queda impuesto por el Decreto Ejecutivo No. 888 habrían sido trasladados en buses hasta el GIR en Pomasqui, donde aún permanecen detenidos.

La detención se ha tornado irregular, por producirse en un cuartel policial en las afueras de la ciudad y no haber sido conducidos a la Unidad Judicial de Flagrancia de Pichincha, ubicada en la avenida Patria y 9 de Octubre, a escasas cuadras de la Asamblea Nacional del Ecuador. También denunciamos que en la Unidad Judicial de Flagrancia de Pichincha, los jueces de turno de la noche y madrugada, se negaron a recibir una acción constitucional de hábeas corpus que intentaron presentar abogadas defensores de derechos humanos presentes durante toda la noche en dicha Unidad.

Denunciamos esta irregular detención que vulnera gravemente los derechos de acceso a la justicia y del debido proceso, especialmente los derechos a que sean informados del motivo de su detención, a comunicarse con sus abogados de preferencia (públicos o privados) así como con sus familiares, la prohibición de incomunicación y a estar detenidos en lugares no autorizados para el efecto, tal como reconocen los artículos 75 y 77 de la Constitución.

Finalmente alertamos sobre el riesgo de que se puedan producir malos tratos, crueles inhumanos y degradantes durante su detención, como ya se verificó en las detenciones realizadas entre el 3 y el 6 de octubre de 2019, y exigimos que se eviten realizar de audiencias de calificación de flagrancia en lugares distintos a los autorizados y sin garantías al derecho a la defensa de estas personas.