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Corte Provincial de Manabí niega ampliación de sentencia a EMMAP-EP en caso Canoa

La Sala especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí notificó su negativa al pedido de aclaración y ampliación solicitada por Carlos M., gerente General de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable de los cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua “EMMAP-EP”. Así lo informó hoy, 30 de octubre de 2020, Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y una de las abogadas del caso.

Bombardeo de Angostura: Organizaciones solicitan a la CIDH que deseche argumentos del Estado colombiano y se dé paso a la admisibilidad del caso

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desechen las excepciones preliminares propuestas por el Estado colombiano y se dé paso a la admisibilidad del caso Sorén Avilés Ángeles, Verónica Velásquez Ramírez, Fernando Franco Delgado y Juan Gonzales del Castillo, estudiantes mexicanos que fueron víctimas de ejecución extrajudicial en el bombardeo de Angostura ocurrido el 1 de marzo de 2008,  cuando miembros del Ejército Nacional de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia atacaron el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Corte Provincial de Justicia de Manabí ratifica el derecho al agua en Canoa

Corte Provincial de Justicia niega apelación interpuesta por el Estado en caso Canoa y ratifica derecho al agua

18 organizaciones de derechos humanos presentan Informe actualizado sobre las protestas sociales de octubre

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos conformada por 18 organizaciones con una amplia experiencia de trabajo de protección e incidencia en derechos humanos y derechos de la naturaleza presentó la mañana de este jueves, 15 de octubre de 2020, el Informe “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre”  en el marco del aniversario del paro nacional de octubre de 2019.

Convocatoria a medios de comunicación a la presentación del informe “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre”

Quito, 14 de octubre de 2020 CONVOCATORIA A MEDIOS La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador invita a los medios de comunicación a la rueda de prensa virtual de la presentación del  informe “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre” que se desarrollará este jueves, 15 de octubre de 2020, a las 10:00.

Cuerpos policiales procesados por actos de tortura en Turi fueron juzgados por extralimitación.

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 07 Enero 2020 11:15
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El pasado 26 de diciembre el 2019, se notificó por escrito la sentencia penal por el delito cometido el pasado 31 de mayo del 2016, en el Centro de Rehabilitación Social Turi, ubicado en la ciudad de Cuenca.Fueron 42 policías de varias unidades especializadas, quienes afrontaron diversos procesos poresta vulneración a privados de libertad, ocurridos a partir del operativo “requisa” en el Pabellón JC, de mediana seguridad.

 

El Tribunal de Garantías Penales de Cuenca determinó la culpabilidad de los policías por el delito de Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, además estableció la autoría en distintos niveles, como los autores directos y mediatos.

 

Cinco policías fueron ratificados inocentes, al no haberse comprobado la participación o incluso la dotación del equipo para el operativo. Sin embargo, la sentencia también agrega la responsabilidad del Mayor René Cañar Romero, como autor mediato del delito, es decir aquel que dio las órdenes y además participó física y activamente del operativo de requisa.

 

El mencionada Mayor fue declarado culpable por el delito de Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, por consiguiente, sentenciado a 106 días de privación de su libertad, al igual que los 36 uniformados que recibieron la misma pena.

 

El Tribunal de Garantías Penales de Cuenca reconoce que la agresión fue por parte de los de los miembros de unidades de policía, es decir, implica una responsabilidad estatal, por lo cual también estableció sanciones económicas de dos salarios básicos y, en cuanto a la reparación material, el Tribunal estableció que se cancele 500 dólares a cada víctima por los daños sufridos.

 

Tras cuatro años de audiencias y extensivas jornadas en la sala de juicio, el caso Turi cierra con una sentencia incongruente con el marco constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos.Para Pamela Chiriboga, abogada de Inredh,cabe destacar que la Fiscalía, la dueña de la acción penal, formuló cargos por el delito de Tortura, y fue el Tribunal quien decide cambiar de tipo penal al delito de extralimitación.

 

Tanto la Fiscalía como las víctimas, patrocinadas por la Defensoría Pública, presentaron diversas pruebas: videos, certificados médicos de incapacidad, peritajes psicológicos además de argumentar en base a estándares de derechos humanos nacionales e internacionales, sobre cómo esta requisa derivó en tratos inhumanos, crueles y degradantes, que causaron sufrimiento psicológico y físico, a víctimas de un grupo reconocido como vulnerable por la misma Constitución. Sin embargo, el Tribunal resuelve cambiar el tipo penal, disminuir la responsabilidad estatal y disminuir, por consiguiente, la protección y la garantía de cumplimiento de derechos constitucionales.

 

Es paradójico que la misma sentencia reconozca que los agentes estatales durante el juicio no pudieron justificar que no hicieron actos de violencia material. De hecho, mencionan: “entonces, no es posible para el Organismo [el Tribunal], descartar la participación y responsabilidad de todos los antes enunciados pues, su característica principal, estuvo diseñada a ejecutar acciones violentas, discriminatorias y humillantes, en contra de las personas privadas de la libertad”. Por estas razones, creemos que la decisión judicial es incongruente con la Constitución, con el bloque de constitucionalidad ecuatoriano y con el mismo tipo penal de Tortura.

 

Además del proceso penal, en el marco de la justicia constitucional,  aún se espera el cumplimiento de algunas de las medidas de reparación integral establecida en la sentencia de Habeas Corpus por los mismos hechos. 

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