Cronología: Caso San Pablo de Amalí

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 18 Marzo 2020 15:37
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San pablo Amalí es una comunidad del cantón Chillanes de la provincia de Bolívar, que se ha convertido en un escenario de lucha por el restablecimiento de los derechos vulnerados: derecho a la vida y a vida digna, a la vivienda, al agua, a la consulta previa, libre e informada.

2002:

Inicia el proyecto hidroeléctrico San José de Tambo impulsado por la Corporación para la Investigación Energética (CIE), en el río Dulcepamba en la comunidad San Pablo de Amalí, que pertenece a la parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes, provincia de Bolívar.

2003:

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos de Guaranda concede el aprovechamiento de aguas del río Dulcepamba, a favor de la Corporación CIE, concesión que fue otorgada  sin estudios técnicos adecuados

La Corporación para la Investigación Energética (CIE) se asoció con otras tres empresas privadas para conformar Hidrotambo S.A.

2005:

El Ministerio del Ambiente aprueba la licencia ambiental para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico San José del Tambo, con el requisito (entre otros) de “promover reuniones con la comunidad, en las cuales se les informe sobre el monitoreo ambiental del proyecto…”.

2006:

La empresa subcontrata al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción de la central hidroeléctrica. Debido a la oposición de la comunidad San Pablo de Amalí y otras comunidades, se  generó un nuevo conflicto que terminó en, aproximadamente, 42 procesos penales y procesos de criminalización por resistirse a abandonar sus hogares.

2007:

El 15 de febrero, la Defensoría del Pueblo se pronuncia, disponiendo que, “el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se abstenga de iniciar cualquier acto que constituya violación a las personas”.

El 1 de marzo, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) solicita medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objeto de garantizar la integridad física y psicológica de los habitantes de San Pablo de Amalí.

El 21 de marzo de 2007, la CIDH acoge la solicitud de medidas cautelares y solicita al Estado ecuatoriano un informe sobre la situación de la comunidad, pero la Procuraduría no da respuesta.

2008:

La Asamblea Constituyente reconoce la lucha de los comuneros de San Pablo de Amalí y otras comunidades y  otorga amnistía a las personas procesadas, entre ellos a Manuel Trujillo, líder histórico de la comunidad.

2008 – 2012:

Proyecto Hidroeléctrico San José del Tambo permanece suspendido entre 2008 y marzo de 2012.

2012:

En agosto se reinicia la construcción de la obra, lo cual produjo enfrentamientos entre las comunidades afectadas y la Policía, provocando detenciones arbitrarias de comuneros. A raíz de esto, la comunidad denunció los hechos. La Inspectoría de la Policía investigó estas agresiones, sin embargo, la comitiva que estaba encargada de esta tarea también agredió a los comuneros.

2013:

Durante el año, se inicia la construcción de la obra con un uso exorbitante de dinamita y se desvía el cauce del río cerca de 100 metros hacia la comunidad quedando partes de ésta a menos de 20 metros del afluente y, por ende, expuesta a cualquier crecida natural.

En febrero, la empresa, sin que existan órdenes judiciales ingresó a propiedades privadas de los comuneros. En algunos casos, con apoyo de la Policía como lo ocurrido con la familia Guanulema.

En junio-julio, organizaciones de derechos humanos como Inredh y Acción Ecológica visitaron a la comunidad y constatan la desviación del río, la vulnerabilidad de los moradores por la cercanía del nuevo cauce a sus hogares y las detonaciones que Hidrotambo S.A. realizaba para continuar con sus excavaciones.

En septiembre, Manuel Trujillo presenta una acción de protección en contra del señor Eduardo Speck Andrade, entonces gerente de la compañía Hidrotambo S.A., por “desviar el rio Dulcepamba por su casa de habitación la cual está a punto de ser destruida, violentando el derecho a la propiedad privada”, ante la Corte Provincial de Justicia de Bolívar. Esta acción fue negada.

En octubre, Manuel Trujillo y Manuela Pacheco fueron hostigados en su calidad de defensores, por lo que enfrentaron un proceso judicial por el delito de terrorismo organizado.

2015:

El 20 de marzo de 2015, la comunidad de San Pablo de Amalí sufrió una terrible tragedia, durante una crecida ordinaria invernal del río, con un período de retorno de tan solo 6 años según la Universidad de California, Davis. En horas de la madrugada de ese día, se desbordó el río en el tramo desviado por Hidrotambo S.A. y socavó porciones de la comunidad, lo que causó la destrucción de 12 casas y cobró la vida de 3 personas que quedaron atrapadas por la corriente.

 

El 12 octubre de 2015, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presenta el informe la Situación de la criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos, destacando la criminalización de Manuel Trujillo, presidente de la comunidad San Pablo de Amalí.

2016:

En enero, la comunidad San Pablo de Amalí presenta una petición para medidas cautelares ante la CIDH por el riesgo inminente de daños humanos y materiales durante las crecidas ordinarias del río Dulcepamba, debido a la desviación del caudal y demás afectaciones a sus funciones naturales provocadas por Hidrotambo S.A.

El 13 de enero, Amnistía Internacional se pronuncia por caso de criminalización de Manuel Trujillo y Manuela Pacheco y califica a estos hechos como “un intento de silenciar su campaña de exigir el derecho a la consulta previa de su comunidad sobre la construcción de una central hidroeléctrica, lo cual ellos afirman que afectara el derecho al agua de sus comunidades.”

El 19 de enero, inicia la audiencia de juicio en contra de Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, dirigentes de San Pablo de Amalí, enjuiciados por terrorismo organizado, en el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar.

El 25 de enero, el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda ratifica la inocencia de Manuel y Manuela por el delito imputado.

 

El 29 de noviembre, 70 personas campesinas e indígenas, agricultores de 17 comunidades de la cuenca hidrográfica del río Dulcepamba, denuncian ante la Secretaria del Agua (Senagua) las irregularidades y violaciones de derechos humanos cometidos en relación al derecho al agua para el consumo humano y la soberanía alimentaria de las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba por: 1) la falta de cumplimiento de los usos prioritarios del agua; 2) el incumplimiento del caudal ecológico mínimo requerido; 3) la falta de aparatos de medición de flujo de Hidrotambo; y 4) la falta de consulta o publicidad adecuada con las comunidades afectadas sobre la autorización de aprovechamiento del agua para Hidrotambo.

2017:

En agosto, la Universidad de California Davis, mediante Centro de Ciencias de Cuencas Hidrográficas, publica su Análisis Hidrológico e Hidráulico del río Dulcepamba, donde demuestra que la crecida del río Dulcepamba en marzo de 2015 no fue un evento de lluvias extraordinario sino una crecida común con un periodo de retorno de 6 años. Demuestra que la inundación o socavación del pueblo no fue un desastre natural, dado que las obras físicas y el taponamiento del río aumentaron el riesgo de daños por inundación y fueron factores principales contribuyentes al desastre. Finalmente, su análisis encuentra que no existía agua suficiente en el río Dulcepamba para abastecer la autorización de aprovechamiento de agua otorgado a Hidrotambo durante 69% de los días durante los últimos 7 años. 

El 20 de septiembre de 2017, la Secretaría del Agua autoriza, sin la justificación técnica debida, el aprovechamiento del agua en un caudal de 6,5 m3/seg de agua todo el año a Hidrotambo S.A. del río Dulcepamba.

El 27 de septiembre, la Secretaría del Agua (Senagua) rechaza la denuncia presentada por la comunidad el 29 de noviembre de 2016, debido a “que no ha sido probada la comisión de infracción alguna por parte de la compañía Hidrotambo S.A.”

A partir del desbordamiento, instituciones públicas como la Secretaría del Agua (Senagua), la Secretaria de Gestión de Riesgos y el Ministerio del Ambiente realizaron varios informes cuyos resultados demostraban las irregularidades  provocadas por Hidrotambo S.A.

2018:

A principios del año, se presenta un recurso extraordinario de revisión del aprovechamiento del agua de Hidrotambo S.A., con el objetivo de modificar o anular la autorización exorbitante de agua dada a la empresa en 2017, lo cual permitiría a miles de agricultores campesinos poder regularizar su uso del agua sin conflicto con la autorización de agua de la compañía Hidrotambo.

El 19 de octubre, Senagua realiza un informe técnico, donde explica que:

 

El 15 de noviembre, más de 200 campesinos y personas indígenas de la cuenca del río Dulcepamba participaron en la marcha nacional por el agua y la vida, que se concentró en la Secretaría del Agua, en Quito, donde fueron recibidos por sus representantes, quienes se comprometieron a dictar autos para resolver los recursos administrativos pendientes sobre la distribución del uso del agua y la reconstrucción de la obra de captación de la hidroeléctrica.

2019:

El 25 de enero, la Defensoría del Pueblo junto con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU presentó una acción de protección en contra de siete instituciones estatales e Hidrotambo, alegando una omisión por parte del Estado que resultaría en la violación de los derechos de la naturaleza y de las personas que viven en la comunidad de San Pablo de Amalí. La acción fue rechazada en las dos primeras instancias.

El 26 de febrero, lluvias invernales producen crecida del río Dulcepamba o Changuil que socava y afecta de nuevo a la comunidad San Pablo de Amalí. Moradores de la comunidad se quedan aislados entre tramo desviado por Hidrotambo y derrumbes, durante casi seis semanas.  

El 25 de abril de 2019, Harold Burbano, director tutelar de la Defensoría del Pueblo, y Elsie Monge, representante legal de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), presentan ante la Corte Constitucional la acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de la Corte Provincial de Justica de Bolívar.

El 6 de mayo, la Corte Constitucional selecciona el caso debido a que “el asunto es grave, es un caso con novedad e inexistencia de precedente judicial, existen negaciones en el proceso de precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional, y el asunto tiene relevancia o transcendencia nacional” para el desarrollo de jurisprudencia vinculante.

El 28 de agosto, la Defensoría del Pueblo se pronuncia ante el acaparamiento del agua en la cuenca del río Dulcepamba y pide a Senagua que revierta cualquier concesión o proceso de concesión del agua a terceros que obstaculicen el acceso al consumo de agua y riego, con la finalidad de garantizar los derechos de las personas que habitan en la comunidad de San Pablo de Amalí.

El 7 de octubre, tomando en cuenta los desbordamientos del río del 2015, 2017 y 2019, Senagua, como autoridad máxima en regulación y aprovechamiento de agua, emite una resolución determinando tres obligaciones para Hidrotambo:

 

2020:

Desde que se efectuó el recurso extraordinario de revisión 2018-008, aproximadamente a fines de octubre, Hidrotambo sigue operando pese a que el caudal autorizado para utilizar en los meses secos.

 

Desde inicios de enero del 2020, Hidrotambo S.A., ha construido una nueva acumulación de piedras sueltas que protege su casa de máquinas y a la vez dirige caudales de agua hacia la única vía de acceso a San Pablo de Amalí y la parroquia San José del Tambo.