Dos días de audiencia del caso Guachalá Chimbo Vs Ecuador ante la Corte IDH

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), presidida por la jueza Elizabeth Odio Benito, escuchó durante dos días los testimonios, interrogatorios y alegatos de las partes en el caso Luis Eduardo Guachalá Chimbo Vs. Ecuador que trata sobre la desaparición de Luis Eduardo, de 23 años, cuando estaba internado en el Hospital Julio Endara, sector de Conocoto, provincia Pichincha.

La relatora Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó el caso ante la Corte IDH. En su intervención,  señaló que el informe de fondo emitido por la CIDH concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, igualdad y no discriminación, salud; y garantías judiciales y protección judicial de Luis Eduardo.

En su testimonio, doña Zoila relató el internamiento de su hijo, desaparición ocurrida en el hospital público y el proceso de búsqueda. “En el Hospital Julio Endara me dijeron que estaba haciendo una tormenta de agua un vaso –dice doña Zoila- que otros familiares estaban felices cuando se pierde un familiar en esas condiciones. Él era mi sangre, mi hijo.  Yo voy a seguir buscándolo hasta que se me cierren los ojos. Voy a seguir”.  Además, informó que el Estado ecuatoriano se activa bajo presión, por ejemplo, el primer barrido y reconstrucción de los hechos, en la búsqueda de Luis Eduardo fue en el 2013  luego de realizarse la audiencia  de fondo en la CIDH y hace un mes el agente del caso le llevó a un centro para el reconocimiento de una persona, que posiblemente podría ser Luis Eduardo, que se sabía previamente que no lo era; pese a esto la Fiscalía ha solicitado por dos ocasiones el ADN con doña Zoila para verificar la identidad.

Por su parte el Estado ecuatoriano, presentó una médica psiquiátrica, Claudia Estefanía Chávez Ledesma, quien habló sobre el tratamiento psiquiátrico y la evaluación científica aplicada a Luis Eduardo en sus dos internamientos.  Ella enfatizó su intervención en el carácter ambulatorio del paciente, el alta por voluntad propia y la medicación adecuada para Luis Eduardo.

El Estado, en sus alegatos señaló que la familia tenía información constante sobre el estado de salud de Luis Eduardo, que el Hospital Julio Endara no era un centro de internamiento obligatorio; y que el caso no es una desaparición forzada, porque nunca hubo privación de libertad, así lo señaló María Fernanda Álvarez, una de las integrantes de la delegación de Estado ecuatoriano.

Zoila Chimbo junto a su nieta recuerdan a Luis Eduardo Guachalá

Por su parte, Mario Melo, abogado del caso Guachalá, rechazó que el Estado coloque la responsabilidad de la desaparición en la familia y aclaró que ninguna autoridad del Hospital se comunicó con doña Zoila para comunicarle de la desaparición de su hijo. Ella se enteró el 18 de enero de 2004 cuando fue a visitar a su hijo y no lo encontró.

También David Cordero Heredia, abogado del caso Guachalá, dijo que en este caso se cumplen los tres elementos de la desaparición forzada como son la privación de la libertad; la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos; y la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Además, informó que las desapariciones en entidad de salud no son una práctica aislada y que según datos de la Fiscalía General del Estado, hasta el momento se han registrado de 334 casos de personas desaparecidas, varias ocurrieron en hospitales (144); centros y sub centros de salud (104); clínicas (60); farmacias (11); dispensarios médicos (7); laboratorios clínico (4) y puestos de salud (4).

Pamela Chiriboga, abogada del caso, explicó que informe psicológico de doña Zoila sobre la desaparición de Luis Eduardo concluyó que el padecimiento psíquico más relevante en la vida de doña Zoila Chimbo fue la desaparición de su hijo, puesto que doña Zoila vive y actualiza su sufrimiento cada día de su vida que no encuentra a Luis Eduardo.  Y esta situación se empeora con trato diferenciado y discriminatorio, por parte de las autoridades, que vive por sus condiciones socio-económicas cuando exige verdad y justicia en el proceso judicial.

En sentido, la defensa de Luis Eduardo, solicitó las siguientes medidas de reparación, haciendo hincapié en la búsqueda de Luis Eduardo y la investigación de los responsables, las medidas de rehabilitación para los familiares, como víctimas indirectas, y las garantías de no repetición de los hechos, sobre todo en la creación de normativa que responda a estándares internacionales en al materia.

Las medidas que se pidieron por escrito son:

1. Medidas de restitución: que el Estado emprenda una búsqueda, a través de todos los medios disponibles, del destino o paradero de Luis Eduardo Guachalá Chimbo o de sus restos mortales. Asimismo, investigación y sanción de responsables por las violaciones de derechos humanos
2. Medidas de rehabilitación: atención médica y psicológica a los familiares que de Luis Eduardo Guachalá y específicamente para la doña Zoila.
3. Medidas de satisfacción:

• Acto público  de  reconocimiento  de responsabilidad internacional por parte del Estado.
• Disculpas públicas dirigidas a  los familiares, difundidas a través de medios de comunicación que pedimos se realicen en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara.
• Solicita se renombre el Hospital con el nombre de “Luis Eduardo Guachalá”

4. Garantías de no repetición

• Se solicita que el Ecuador elabore un instrumento jurídico específico para investigación, búsqueda y localización de casos de desapariciones ocurridas en instituciones públicas.
• Capacite en materia de Derechos Humanos a personal de la Policía Nacional (DINASED), Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Derechos Humanos y otras instituciones públicas

La jueza de la Corte IDH, tras escuchar los alegatos de las partes concluyó la audiencia y solicitó que  envíen sus alegatos escritos hasta el 5 de enero de 2021, como fecha impostergable. Se prevé que la sentencia pueda ser emitida a mediados del año 2021, de darse una sentencia favorable esta es de cáracter obligatoria para el Estado ecuatoriano, aseguró Melo.

Doña Zoila junto a su familia y el grupo de abogados que acompañan el caso. Sede de la Universidad Católica.

Contactos de prensa:

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